El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que active el denominado Estatuto de Bloqueo para impedir que las sanciones de Estados Unidos contra la relatora de la ONU Francesca Albanese y contra jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional que investigan el genocidio en Gaza tengan consecuencias dentro de la Unión Europea.
Según ha explicado en un mensaje publicado en su cuenta de X y recogido por Europa Press, Sánchez responde así al paquete de sanciones adoptado por Washington contra miembros de Naciones Unidas y de la Corte Penal que trabajan en esos procedimientos sobre Gaza. La puesta en marcha del Estatuto de Bloqueo permitiría neutralizar en territorio comunitario la aplicación de normas de terceros países que perjudiquen los intereses de la UE.
El jefe del Ejecutivo ha subrayado que España "no mira hacia otro lado" y ha advertido de que "sancionar a quienes defienden la justicia internacional es poner en riesgo todo el sistema de derechos humanos".
A su juicio, la Unión Europea no puede permanecer impasible ante esta ofensiva y, por ello, ha solicitado formalmente a la Comisión que recurra al Estatuto de Bloqueo para salvaguardar la autonomía del Tribunal Penal Internacional y de Naciones Unidas, así como sus actuaciones encaminadas a poner fin al genocidio en Gaza.
La reacción de Sánchez se produce frente a las sanciones que Estados Unidos viene aplicando desde principios de 2025 a integrantes del Tribunal Penal Internacional, que ya afectan a once jueces y fiscales de la institución.
En febrero del año anterior, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autorizaba sanciones contra altos cargos y personal del Tribunal Penal Internacional (TPI) en respuesta a la orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y contra el exministro de Defensa Yoav Gallant.
Posteriormente, en julio, Washington castigó a la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, por su "campaña" contra Israel y, en agosto, extendió las medidas a cuatro miembros del TPI vinculados a causas contra Israel y EEUU. A estas decisiones se sumó otra sanción en diciembre de 2025 contra dos jueces adicionales del Tribunal Penal Internacional por sus "esfuerzos" para "investigar, arrestar o procesar" a ciudadanos israelíes.
Netanyahu celebró estas medidas, al asegurar que "el TPI no es un tribunal de justicia, sino una herramienta política del lawfare internacional".
Carta de Sánchez a Von der Leyen
El anuncio de Sánchez llega tras el envío de una carta a Ursula von der Leyen en la que advierte de que las sanciones estadounidenses "suponen un precedente muy preocupante que compromete el funcionamiento independiente de instituciones esenciales para la justicia internacional", según una nota difundida por Moncloa.
En esa misiva se detalla que las medidas de presión autorizadas por Trump incluyen la "cancelación de cuentas y servicios bancarios, restricciones para viajar, y todo tipo de obstáculos para impedir que hagan su trabajo: investigar y perseguir la violación de derechos humanos".
Moncloa recuerda que, tradicionalmente, el Reglamento (CE) n.º 2271/1996, conocido como Estatuto de Bloqueo, se ha utilizado para proteger a operadores económicos europeos frente a la aplicación extraterritorial de leyes de terceros países contrarias a los intereses de la UE, en particular determinadas normas estadounidenses.
No obstante, el Gobierno español plantea en su escrito que ha llegado el momento de que este instrumento "supere la lógica comercial con la que fue creado" y se convierta en un "escudo" frente a decisiones que amenacen el sistema internacional de protección de derechos.
Propuesta de ampliar el alcance del Estatuto de Bloqueo
Para ello, el Ejecutivo explica que la Unión Europea debería incorporar la normativa extranjera considerada lesiva al anexo del Reglamento. En este caso, España propone añadir varias órdenes ejecutivas de Estados Unidos dictadas al amparo de la International Emergency Economic Powers Act y la National Emergencies Act, que sirven de base jurídica a las sanciones contra el TPI y la ONU.
La carta remarca que la Corte Penal Internacional desempeña un papel central en la lucha contra la impunidad y en la exigencia de responsabilidades por los crímenes más graves —genocidio, crímenes de guerra, agresión y lesa humanidad—, y que los Relatores Especiales de Naciones Unidas resultan imprescindibles para investigar denuncias de violaciones de derechos humanos.
Por este motivo, Sánchez sostiene que las sanciones no solo impactan sobre las personas afectadas, sino que "erosionan toda la arquitectura normativa que sustenta las relaciones internacionales".
España busca apoyos en la UE
En paralelo, el Gobierno indica que España ya ha iniciado contactos para sumar el respaldo de otros Estados miembros comprometidos con la justicia internacional y la defensa de los derechos humanos, con el fin de articular una coalición que impulse la petición ante la Comisión.
Asimismo, el Ejecutivo español promoverá que este asunto figure en el orden del día del Consejo Europeo de los días 18 y 19 de junio, con la intención de que las Conclusiones incluyan un mandato político claro a la Comisión. "Nuestro compromiso compartido con el Derecho Internacional exige una respuesta decidida y coherente", recalca Sánchez en su carta a Von der Leyen.
El Gobierno subraya que, en un contexto de "incertidumbre global en el que algunos actores intentan demoler el orden internacional, la UE debe reforzar su compromiso con los pilares de un sistema de paz y progreso construido durante generaciones".
En esta línea, considera que recurrir al Estatuto de Bloqueo representa una "oportunidad" para seguir reforzando una soberanía europea efectiva, que vaya más allá de la mera defensa de los intereses económicos.