QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Las subidas de sueldo en las empresas, al margen del salario mínimo interprofesional, las deciden trabajadores y sindicatos. Y si en España estas subidas se han quedado muy por debajo de la evolución de los beneficios en las empresas durante los últimos años, Sumar no quiere que esto sea por falta de información.
La última propuesta del grupo parlamentario que lidera la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, es cruzar los datos de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y Trabajo para obtener una imagen precisa de la situación económica de las empresas, tamaño de estas, sectores y convenio de aplicación.
Si la información llega a la mesa de negociación, sindicatos y empresas podrían desagregar sector a sector, por ejemplo, la información publicada en el Observatorio de Márgenes Empresariales de la Agencia Tributaria y del Banco de España. O los dividendos obtenidos y el nivel de inversiones realizado en un período de tiempo.
Toda esta información económica ya está disponible en los registros de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y es utilizada para la elaboración del citado Observatorio.
Y para su segregación, Sumar plantea recurrir al código de convenio, una referencia proporcionada por la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos que pregunta a cada centro de cotización la TGSS para clasificar el convenio al que está adscrito cada afiliado.
Este código también permitiría conocer las empresas adscritas a cada convenio colectivo superior al de empresa y así reunir la información económica que figura en los registros impositivos y de la Seguridad Social procedentes de sus declaraciones tributarias, así como de sus trabajadores. Un auténtico ‘striptease’ en el mercado de trabajo al servicio de la negociación colectiva para el reparto de las ganancias en productividad.
La propuesta está recogida en una proposición no de ley registrada esta semana en el Congreso, a la que ha tenido acceso Demócrata, que Sumar quiere llevar al Pleno de la Cámara Baja.
La medida afecta a tres de los ministerios del Gobierno –Hacienda; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Trabajo y Economía Social– a los que esta formación insta a suscribir un convenio de colaboración que permita cruzar la información y publicarla trimestralmente.
Concretamente, Sumar pide que cada tres meses se publique la información económica incluida en el Observatorio de Márgenes Empresariales agrupada por convenio colectivo de trabajo de ámbito superior al de empresa y también esa misma información por tamaño de empresa.
El acuerdo de Gobierno ya prevé mayor información
Poner a disposición de las mesas de negociación una información más detallada es uno de los objetivos principales del Ministerio de Trabajo y de Sumar desde el inicio de la legislatura.
De hecho, el propio acuerdo de coalición contempla entre sus compromisos en materia laboral la mejora de la información económica disponible por las mesas negociadoras de los diferentes sectores.
La medida se contempla como vía para que los salarios ganen poder adquisitivo, tomando como referencia la productividad y los resultados de las empresas, y empleando para ello la información del Observatorio de los Márgenes Empresariales, tal y como plantea la iniciativa parlamentaria.
Una negociación adaptada
La puesta a disposición de todos estos datos permitiría, argumenta Sumar, una negociación adaptada a la situación real de las empresas y, por tanto, más eficiente, ya que permitiría incluso en sectores con mucha dispersión fijar incrementos salariales para distintas bandas.
Además de aumentar la transparencia y la coordinación en la negociación colectiva, apostillan en este grupo, la medida permitiría la realización de análisis económicos más precisos y útiles sobre la evolución de los salarios, los beneficios de las sociedades, la productividad y cómo esta se reparte en las empresas.
‘Descuelgues’ y ‘recuelgues’
Esta información también facilitaría la evaluación dentro de las empresas del descuelgue de convenio, cuando ante determinadas circunstancias una sociedad decide desmarcarse de las obligaciones y condiciones establecidas en el acuerdo, y su posterior ‘recuelgue’.
Este ámbito también será susceptible de reforma durante esta legislatura, ya que el acuerdo entre PSOE y Sumar prevé la reforma de su regulación con el fin de reforzar las garantías de los trabajadores ante estas modificaciones, una revisión de sus causas y la garantía de su reversibilidad.
Así, se prevé que las empresas únicamente puedan recurrir a estos procedimientos en situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa, tengan que ser negociados en cualquier caso y se garantice la reversibilidad de los cambios adoptados.
