QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Información actualizada a las 20:05. El lunes, 14 de octubre, a mediodía, el Senado celebrará un pleno extraordinario solo para debatir el proyecto de ley.
Ocho de octubre de 2024. Pleno del Senado. Después de que los tres senadores designados por el Parlamento Vasco renueven su mandato y acaten la Constitución, la Cámara Alta debería tomar conocimiento directo de un proyecto de Ley Orgánica (PLO) por la que se modifica la norma vigente sobre intercambio de información de anteceden penales y resoluciones judiciales penales en la UE.
El texto, en principio previsto para trasponer una directiva comunitaria e incluir algunos preceptos de un Reglamento europeo, ha desencadenado una crisis en la parte derecha del arco parlamentario, donde durante su tramitación, ni PP ni Vox han alzado la voz acerca de una de las consecuencias: la rebaja de penas a condenados por terrorismo, algunos de los cuáles podrían salir de prisión cuando entre en vigor, entre ellos miembros históricos de ETA. ¿Cómo ha sido posible? ¿Por qué manos ha pasado? ¿Qué significa que el Senado vaya a tomar conocimiento directo? Demócrata responde a estos interrogantes con una reconstrucción de la tramitación legislativa del proyecto.
En los orígenes, la advertencia de Olona
Todo comienza en 2022, cuando el Gobierno de coalición, entonces formado por PSOE y Unidas Podemos, se disponía a aprobar una PLO por la que reformaría el Código Penal y la Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes para trasponer dos directivas comunitarias. Esa era al menos la intención expresada por el Ejecutivo en su Plan Anual Normativo, la hoja de ruta legislativa de aquel año.
Febrero de 2022. Aquella declaración de intenciones motivó una pregunta escrita del Grupo de Vox, en febrero, firmada entre otros por su entonces portavoz parlamentaria, Macarena Olona, por la que pedían conocer el calendario de tramitación de una norma, sobre la que advertían «podrían beneficiarse medio centenar de condenados por terrorismo, a los que habría añadir otra media docena que cumplen condena en Francia». A finales de marzo de 2022, el Ejecutivo, por escrito, respondía que dicha reforma «no guarda relación con la pregunta» formulada y eludía de esta forma pronunciarse al respecto.
Falsificación de medios de pago, el primer intento de trasposición
Mayo de 2022. El Gobierno manda a las Cortes la PLO prevista en el Plan Anual Normativo de aquel año, para la trasposición de tres directivas de la UE: contra el fraude y falsificación de medios distintos al efectivo, sobre las sanciones penales contra el abuso de mercado y sobre intercambio de información de antecedentes penales. Entonces, el texto iba acompañado de los informes encargados previamente a los órganos consultivos correspondientes: Consejo de Estado (abril de 2022), Consejo Fiscal (marzo de 2022), Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, en diciembre de 2021) o las secretarías generales técnicas del Ministerio de Interior y del de Justicia.
La iniciativa no fue más allá, paralizada durante más de un año por sucesivas prórrogas del plazo para registrar enmiendas, hasta que llegó el final de la legislatura, el 31 de mayo de 2023, por la decisión del presidente de disolver anticipadamente las Cámaras y convocar elecciones.
Segundo acto: una PLO solo para antecedentes penales
Marzo de 2024. El texto decaído el año pasado sirvió como base para la propuesta que ahora se pone en cuestión. El Gobierno de coalición de PSOE y Sumar manda al Congreso un PLO para reformar la Ley Orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales, para adecuarla a la normativa de la UE, todavía pendiente de incorporar al ordenamiento jurídico español. Al igual que la iniciativa de 2022, la registrada este año no incluía la modificación sobre cuyos efectos alertaba ayer El Confidencial y que ha originado la polémica. En el anexo documental de la PLO iban los mismos informes oficiales encargados dos años antes.
La iniciativa fue calificada por la Mesa del Congreso a mediados de marzo y los grupos dispusieron de tres meses para registrar sus enmiendas ante la Comisión de Justicia. Al órgano, encargado de los trabajos posteriores, pertenecen por parte del Grupo Popular el magistrado, exconsejero de Justicia de la Generalitat Valenciana y exvicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa; la secretaria general del PP, Cuca Gamarra; o la portavoz en la comisión, María Jesús Moro, entre otros. En representación de Vox, Javier Ortega-Smith (portavoz); el catedrático en Derecho Constitucional Carlos Flores o el exconsejero de Presidencia en Cantabria Emilio Jesús del Valle.
Las enmiendas desapercibidas de Sumar
Junio de 2024. Concluido el plazo de enmiendas, los diferentes grupos apenas registran 13 propuestas para cambiar el texto del Gobierno: cinco de Sumar, tres del PP, dos del PSOE, otras dos de Podemos y una de Junts. Ni Vox, ERC, EH Bildu, PNV, Coalición Canaria, UPN, BNG o el diputado no adscrito, José Luis Ábalos, presentaron alguna.
Un par de enmiendas de Sumar, las número 4 y 5, son las que ahora centran del debate. La primera reescribe el artículo 14 de la Ley Orgánica 7/2014 para eliminar alguna de las limitaciones para la aplicación de dicha ley y la segunda anula la disposición adicional única, por la que esta norma no ha sido aplicable hasta ahora para condenas dictadas en países de la UE antes del 15 de agosto de 2010. De esta manera, condenados en fechas anteriores no podían beneficiarse de las reducciones.
El texto ya tiene «bicho»
Julio-septiembre 2024. Una vez registradas las enmiendas, los representantes designados por cada grupo (ponentes) fueron los encargados de trabajar en la elaboración de un informe con el fin de alcanzar el consenso más amplio posible. Por parte del PP, los elegidos fueron el exconcejal del Ayuntamiento de Sevilla Rafael Benigno Belmonte, el exedil en Toledo José Manuel Velasco Retamosa y la portavoz parlamentaria de Interior, Ana Belén Vázquez Blanco (ninguno de ellos era miembro de la comisión), mientras que Vox designó a Del Valle y a Pedro Fernández Hernández.
En el informe propuesto por mayoría se aceptan todas las enmiendas a excepción de una de Sumar (la número dos), las de Podemos y la de Junts. Ese documento ya incorpora las enmiendas 4 y 5 de Sumar, las que mejorarán la situación de, entre otros, presos de ETA condenados por terrorismo, una reivindicación que venía haciendo desde hace tiempo EH Bildu.
El Congreso lo aprueba sin votos en contra
10 de septiembre de 2024. Sesión de la Comisión de Justicia del Congreso para ratificar la ponencia y para emitir dictamen (votar si se aprueba o no el informe propuesto). Durante el turno de intervenciones para fijar la posición de cada grupo, todos manifiestan su adhesión a la propuesta. La excepción fue Vox, que se descuelga para «no dar ni una gota de oxígeno a este Gobierno», en rechazo, aseguran, a las palabras del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de gobernar «con o sin apoyo» del Parlamento pronunciadas por aquellas fechas.
Por el PP, José Manuel Velasco reclamaba que las trasposiciones comunitarias se hicieran en tiempo y forma (la que era objeto de esta ley acumula más de dos años de retraso), más en una norma como la que trataban, que calificó de «sencilla».
A la hora de votar el informe, todos los grupos votaron a favor, a excepción de los tres representantes de Vox, que se abstuvieron.
17 de septiembre de 2024. Pleno del Congreso. Una semana más tarde, el dictamen del informe llega al Pleno, donde se debate sobre el mismo. Ahí sí, el portavoz de Vox, Del Valle Rodríguez, manifiesta su apoyo a «un proyecto de ley de carácter técnico que no hace más que adaptar nuestra legislación a la normativa europea, creando unos instrumentos de información de gran utilidad». ¿El resultado de la votación? 346 síes, los de todos los parlamentarios presentes (faltaron Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijóo y el secretario por Sumar en la Mesa, Gerardo Pisarello).
La iniciativa quedaba así aprobada en el Congreso, sin ningún voto en contra pese a incluir los cambios que permitían las rebajas en el cómputo de penas.
Los senadores no tienen nada que añadir
23 de septiembre de 2024. Concluida la tramitación en el Congreso, llega el turno de la otra Cámara. El texto aprobado por la Cámara Baja llega al Senado, donde se remite a su Comisión de Justicia. Dado que el Gobierno fijó para su tramitación la vía de urgencia, la Cámara Alta tiene de plazo veinte días (hasta el 14 de octubre), en lugar de los dos meses por el procedimiento ordinario. Así, se dieron siete días «plazo improrrogable», para presentar enmiendas o propuestas de veto.
Lo ajustado de los tiempos obliga a programar la sesión de ponencia en comisión para la semana siguiente, como constaba en las previsiones oficiales de la institución. El miércoles, 2 de octubre, había que proponer un informe y emitir dictamen sobre el mismo (decidir si se aprobaba o no).
1 de octubre de 2024. El Senado, vía Boletín Oficial de las Cortes Generales, publica las enmiendas registradas o propuestas de veto de los diferentes grupos: ninguna. De esta forma, al «no haberse presentado» modificaciones para el PLO enviado desde el Congreso, esta «pasa directamente a la deliberación del Pleno de la Cámara». Si en el Congreso la versión enmendada del PLO había recabado un apoyo unánime de los grupos, en el Senado no se registró objeción alguna y la Cámara desconvocó las reuniones previstas de la Comisión.
Sin enmiendas, no había informe y sin informe no hay dictamen que emitir en la Comisión de Justicia, presidida por la exconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid Yolanda Ibarrola y donde el Grupo Popular cuenta entre sus integrantes con la portavoz parlamentaria de la bancada, Alicia Rodríguez; el portavoz adjunto y exministro Javier Arenas; el exconsejero de Hacienda de la Generalitat Valenciana Gerardo Camps o el expresidente de la Diputación de Zamora Fernando Martínez-Maíllo. Por el Grupo Mixto, integrado por UPN y Vox, la representante es la senadora Paloma Gómez (Vox).
Conocimiento directo en el orden del día
Al no haber dictamen ni vetos, no hay texto nuevo que votar en el Pleno del Senado. Antes de que se formara el revuelo, la previsión era que hoy, el Pleno del Senado tomara conocimiento directo del PLO. ¿Qué significa eso? Que sin trabajo alguno en comisiones, es el Pleno de la Cámara el que directamente se pronuncia sobre la iniciativa. En este caso, se abren los turnos a favor y en contra, para fijar la posición de los grupos; en otras, se pasa directamente al turno de portavoces.
¿Y a la hora de votar? Dado que el escenario en el que no se hace ningún tipo de aportación es propio de situaciones de gran consenso, el conocimiento directo de una iniciativa legislativa suele concluir con un pronunciamiento del Pleno, en forma de votación, con un carácter que podría calificarse de simbólico. Eso era lo esperado hasta ayer, que el Senado ratificara con sus votos unánimes el texto del Congreso. Cuando el Senado no altera el texto remitido por la otra Cámara, este queda listo para su aprobación y posterior publicación en el BOE.
¿Y ahora qué?
Tras conocerse ayer el alcance de las enmiendas de Sumar apoyadas por el resto de los grupos, desde el PP han tratado de encontrar vías para rechazar el PLO. Entre los posibles escenarios:
- Rechazo del Pleno en votación. El Grupo Popular, con mayoría absoluta en la Cámara, tiene garantizada la victoria en una eventual votación final sobre la iniciativa. El problema aquí es que al no existir dictamen, el Pleno estaría manifestando una oposición que no tendría consecuencias prácticas. Sin enmiendas o vetos, el Congreso no tiene modificaciones del Senado sobre las que pronunciarse o vetos que levantar, por lo que el texto remitido quedaría aprobado definitivamente.
- Retirarlo del orden del día. Otra opción es la de no llevar al iniciativa al Pleno. En ese caso, el PP, con mayoría en la Mesa y previo debate en la Junta de Portavoces, podría alterar las previsiones y evitar el debate. Esto serviría para ganar tiempo, una semana, dado que el plazo de tramitación del Senado concluye el próximo lunes, 14 de octubre. A partir de ese momento, si no hay noticias de la Cámara Alta, el Congreso puede entender que no hay oposición al texto que enviaron y darlo por aprobado definitivamente.
La falta de manifestación expresa por parte del Senado (bien mediante enmiendas o con un veto) de una proposición o proyecto de ley remitido desde la Cámara Baja no puede paralizar la tramitación. Así lo manifestó la sentencia 97/2002 del Tribunal Constitucional, en su resolución de varios recursos contra una ley de 1995, por la que se declaraba la reserva natural de las salinas de Ibiza («Ses Salines»), que concluye que la Cámara Alta tiene capacidad legislativa, sí, pero sus opciones son las de aprobar, vetar o enmendar un texto, y en los dos últimos casos, es el Congreso el que tiene la potestad de pronunciarse definitivamente (por la posibilidad de rechazar las enmiendas o levantar el veto).
La solución del PP: retirada del orden del día
Ayer, a última hora de la tarde, desde el Grupo Popular en el Senado se comunicaba que la decisión final será la de retirar del orden del día del pleno el punto sobre la PLO de modificación de la Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la UE. Conscientes de su incapacidad para paralizar la tramitación, también han pedido al Gobierno, como autor de la iniciativa, que retire la reforma legal por la que, según estimaciones de la Asociación de Víctima del Terrorismo (AVT), podrían beneficiarse de rebajas en las penas 44 condenados de ETA.
