La tramitación de la Proposición de Ley Orgánica (PLO) de Amnistía encara su recta final en el Senado. Esta semana, se aprobará el dictamen de comisión y la que viene, en un pleno convocado a tales efectos para el 14 de mayo, se debatirán las propuestas de veto registradas por el Grupo Popular y las señorías de Vox (Grupo Mixto). Antes, ha visto la luz un informe jurídico más, el del letrado de la Cámara Alta adscrito a la Comisión Conjunta de las Comisiones Constitucional y de Justicia, Eugenio de Santos Canalejo, al que ha accedido Demócrata.
A lo largo de 60 páginas, el documento hace un análisis jurídico minucioso de la PLO aprobada por el Congreso de los Diputados, hace casi dos meses. De Santos Canalejo cuestiona la constitucionalidad ya desde la Exposición de motivos de la iniciativa legislativa registrada por el PSOE y que contó con el apoyo de su socio en el Gobierno, el Grupo Plurinacional de Sumar, así como de Junts, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y el BNG.
El análisis jurídico del letrado dedica casi un tercio de su extensión en sostener que la ausencia de una mención expresa a la figura de la amnistía en la Constitución Española (CE) «debe interpretarse en el sentido de haber quedado (…) vedada«.En su exposición, alude a jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en ocasiones para reforzarsu propia exposición y en otras para rechazar las citas doctrinales que se incluyen en el texto de amnistía a la hora de defender la cabida legal de la medida de gracia.
En consecuencia, el letrado de la Comisión conjunta que dictaminará sobre la PLO en el Senado estima que, «de las fundadas razones que permiten sostener la inconstitucionalidad general de la proposición de ley resultaría como correlato lógico la necesidad (…) de una previa reforma constitucional», única vía, siempre según su criterio, «a través del cual las fuerzas políticas podrían incorporar a la CE la amnistía como una modalidad del poder de gracia».
El integrante de los servicios jurídicos de la Cámara Alta se pronuncia de esta forma en el mismo sentido en el que lo hicieron los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso y la secretaría general del Senado, que en sendos informes abogaban por la necesidad de una modificación de la Carta Magna para introducir y delimitar la amnistía dentro del ordenamiento jurídico español.
