QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño negocia con la oposición una vía intermedia para el seguro obligatorio de los asesores financieros al Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain).
La propuesta del Gobierno, según han informado a Demócrata fuentes parlamentarias, pasa por mantener la adscripción obligatoria de los asesores, pero adaptar su cuota a los servicios de inversión y riesgos que desarrollen. Su pago se asemejaría al de un seguro por responsabilidad civil.
En la práctica, la cuota para un pequeño asesor no alcanzaría los 1.000 euros. Muy lejos de los 20.000 euros que, como mínimo, deben abonar las compañías adheridas a este fondo, que garantiza cobertura a las entidades adheridas en caso de insolvencia.
Se trata de gestoras de carteras o de instituciones de inversión colectiva y de capital privado, con un volumen de negocio en las antípodas al de las pequeñas empresas de asesoramiento, para los cuales la cuota vigente supondría una cantidad inasumible.
Razón por la que el sector se movilizó desde un primer momento para tratar de frenar o, al menos, modular esta medida. Su reivindicación ha sido atendida por la oposición en sus enmiendas. Los grupos esgrimen que esta cantidad haría inviable el negocio de pequeñas empresas de asesoramiento o de asesores dados de alta como autónomos con menor generación de ingresos.
Desde el PP y Cs apuntan a que el propio presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, abogó en su comparecencia en el Congreso por una vía intermedia. Semanas atrás veían al Gobierno obligado a ceder.
Las nuevas cuotas no se consignarían en el proyecto de ley que tramita el Congreso, sino que vendrían de mano de una modificación posterior del decreto que regula el Fogain, y que quedaría prevista en el articulado de la ley.
El propio secretario de Estado de Economía y Empresa, Gonzalo García Andrés, tiene previsto reunirse con los grupos de la oposición para explicar su propuesta. De Andrés tenía en un principio en reunirse con el PP, pero la reunión se ha abierto a otros grupos con interés en este asunto.
Este es el principal fleco que falta por cerrar de la nueva Ley de Mercado de Valores, que esta semana perfila sus cambios en el Congreso tras seis meses desde su entrada en la Cámara.
El martes cerró la ponencia encargada de su tramitación y este jueves afronta su examen ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El objetivo del Gobierno es que la norma sea aprobada y enviada al Senado el próximo jueves, y hacerlo con amplio respaldo, o por lo menos sin casi oposición.
La norma ya incorpora cambios a propuesta de PP, Ciudadanos y Junts, poco habituales en las alianzas parlamentarias del Gobierno. Los ecos del trabajo en esta norma distan mucho al de otros frentes parlamentarios.
