QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PNV se ha apoyado en el Partido Popular, Junts, EH Bildu, UPN, Coalición Canaria y en la abstención de Vox para sacar adelante una enmienda que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incluir el allanamiento de morada y la usurpación de bien inmueble en la lista de delitos de enjuiciamiento rápido.
Este jueves, el Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia con 180 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y CC) frente a 167 noes (PP y Vox). Cuatro enmiendas del BNG también han superado la votación tras pactarlas con el PSOE, pero el PNV ha logrado aprobar una enmienda con los partidos del Gobierno en contra.
El texto, que dibuja un nuevo modelo organizativo en la Justicia, continuará su tramitación en el Senado, donde se esperan no pocas modificaciones dado el rechazo del Partido Popular, con mayoría absoluta en la Cámara Alta.
Tras la publicación de esta información, EH Bildu ha emitido un comunicado en el que explica que el sentido de su voto se ha debido a un error: “Lo asumimos, lo lamentamos, nos disculpamos por ello e intentaremos revertirlo y enmendarlo lo antes posible en coherencia con la postura contraria que hemos mantenido siempre que se ha planteado esta medida por parte de diferentes grupos en el Congreso”.
La izquierda abertzale ha insistido en que “no pretendemos ni justificar ni excusar nuestro error, sino reafirmarnos en el compromiso con lo defendido en materia de vivienda todos estos años”.
La nueva ley tiene como propósito final subsanar las disfunciones en el ámbito de la Administración de Justicia de una organización que, según los grupos que la han apoyado, ha quedado obsoleta. Se aspira a corregir la falta de especialización de los juzgados, la proliferación de órganos con competencias idénticas o la dispersión de medios y esfuerzos, entre otras cosas.
Uno de los puntos calientes del proyecto de ley es el mantenimiento de los Juzgados de Paz. El Gobierno apostaba por suprimirlos, sustituyéndolos por las nuevas Oficinas de Justicia, adaptando y ampliando sus funciones. Sin embargo, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts impusieron como condición sine qua non su continuidad.
De hecho, no solo se conservarán los Juzgados de Paz, sino que verán ampliadas sus funciones al elevar de 90 a 150 euros el umbral de los asuntos civiles de los que puedan conocer.
También serán competentes para conocer en el orden penal actos de conciliación de procesos por injurias o calumnias cuando hayan sucedido en su municipio y la persona requerida tenga allí su domicilio, así como expedientes de conciliación civil de menos de 10.000 euros.
De igual forma, la ley amplía las funciones de los procuradores en procesos como ejecuciones de embargo, bajo la supervisión del letrado o letrada de la Administración de Justicia.
La reestructuración de la planta judicial que conlleva la ley da cumplimiento con lo previsto en disposiciones de las leyes de libertad sexual y de protección a la infancia y a la adolescencia. Por un lado, para atribuir a las secciones de violencia sobre la mujer delitos de trata o contra los menores; y por otro, la creación de secciones específicas en materia de violencia contra la infancia y la adolescencia. Asimismo, se regulan las secciones de Familia, Infancia y Capacidad.
El proyecto de ley incorpora otras reformas como la eliminación de las Golden Visa, la obligatoriedad de celebrar una votación en las comunidades de vecinos para abrir un piso turístico, o permitir la presencia de ministros extranjeros en el Consejo de Ministros cuando así se contemple en acuerdos internacionales –así se prevé en el último tratado bilateral firmado con Francia–.
Se corrige el error de la Ley de Paridad, que había rebajado la protección a trabajadores que se acogieran a un nuevo permiso de cinco días por cuidado de un familiar tras accidente, enfermedad grave u hospitalización, o a una adaptación de jornada.
Novedades
Para blindar el respaldo del BNG, el grupo parlamentario liderado por Néstor Rego cerró a última hora de este miércoles un acuerdo para aceptar cuatro enmiendas relativas a cuestiones como el uso del gallego y el resto de las lenguas cooficiales en los procedimientos judiciales (este punto ya figura en la Ley de Derecho de Defensa), el protagonismo de las organizaciones sindicales en la jurisdicción social, mejoras laborales para las personas funcionarias de la Administración de Justicia y la aplicación de la asistencia justicia gratuita en los mecanismos alternativos de resolución de controversias.
Además, el Ministerio de Justicia se compromete a agilizar la creación de juzgados de violencia de género en Santiago, Ourense y Lugo, recogidos en el Acuerdo de Investidura firmado con el BNG.
Deberes pendientes
El Gobierno había aprovechado este proyecto de ley para trasponer la Directiva 2020/1828, que exige a los Estados miembro a articular un procedimiento que permita acciones colectivas, bien por cesación o por resarcimiento. En este sentido, el Ejecutivo optó por el llamado sistema opt-out, en el que la reclamación representa a todos los consumidores, que tienen opción de desvincularse. De esta forma, una sentencia afectaría a todo consumidor y usuario, salvo que hubieran solicitado expresamente su exclusión.
Finalmente, el PSOE retiró la reforma de las acciones colectivas por falta de acuerdo; pero los socios no olvidan. Tanto la diputada de ERC Pilar Vallugera, como el diputado de Sumar Enrique Santiago, han insistido en que es un asunto urgente y se ha de retomar a la mayor celeridad posible.
