Teresa Ribera apura sus últimas semanas como vicepresidenta para la Transición Ecológica antes de marchar a Bruselas. La vicepresidenta tiene previsto elevar este martes al Consejo de Ministros la nueva Comisión Nacional de la Energía (CNE), la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 y podría aprobar también la nueva regulación de la energía eólica marina.
En el caso de la CNE, se trata de un proyecto de ley que enviará al Congreso y que segregará la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para crear un nuevo supervisor específico para los sectores energéticos.
El proyecto, un compromiso de legislatura pactado entre el PSOE y Sumar, fue sacado a audiencia pública el pasado febrero y, entonces, replicaba las funciones de supervisión y regulación de los mercados energéticos de la actual CNMC.
También incorporaba nuevas funciones relacionadas con la supervisión y regulación de la futura red de hidrógeno e incluía el reconocimiento a figuras como los agregadores independientes y las comunidades energéticas.
Como principal novedad, se preveía la posibilidad de que la CNE pudiera complementar con incentivos o penalizaciones la retribución a las energéticas por la calidad de la atención a los usuarios, la reducción de plazos de tramitación o el cumplimiento de objetivos de descarbonización.
También se espera un Real Decreto para aprobar la actualización del PNIEC 2023-2030, con una revisión de los objetivos para el despliegue de renovables, almacenamiento e hidrógeno verde.España, al igual que el resto de Estados miembros, debían haber enviado a la Comisión Europea la versión final de sus planes nacionales antes de julio, por lo que hará lo propio con casi tres meses de retraso.
Transición Ecológica también trabajaba para elevar al Consejo de Ministros la nueva regulación de la producción de energía eléctrica en instalaciones marítimas, en la que se esperan las normas sobre autorizaciones administrativas, el régimen económico y los mecanismos y procedimientos necesarios para su otorgamiento.
En todo caso, está por ver el grado de profundidad de la norma, ya que el borrador que presentó el Ministerio el pasado marzo condicionaba a una futura orden ministerial muchas de las cuestiones a definir.