QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
No es el de Óscar Puente un Ministerio de amplio rango normativo. Y más después de las regulaciones impulsadas en los últimos años, con varias reformas en la regulación ferroviaria, el sector de taxi o el transporte de mercancías por carretera.
Emerge, no obstante, una ley que la legislatura anterior no pudo ser completada, y que afecta o puede afectar a todos los nudos que abarca el Ministerio, la Ley de Movilidad Sostenible. El Gobierno la llevará al Congreso, en idénticos términos, en febrero.
También un debate derivado precisamente de algunos aspectos de la Ley de Movilidad Sostenible y de la última reforma ferroviaria: la liberalización del transporte y la entrada de nuevos operadores.
¿Pacto de Estado?
El ministro de Transportes ha iniciado su comparecencia con una invitación a todos los grupos de la Comisión para alcanzar un “acuerdo de país por las infraestructuras”, en el que fijar criterios estables, con vocación de permanencia independientemente del color de los gobiernos, y un consenso mínimo en las infraestructuras.
Puente esgrime que el ciclo de las infraestructuras, desde su planteamiento hasta su ejecución, supera ampliamente los ciclos electorales. Y que pese a ser España “un país magníficamente conectado por tierra, mar y aire”, existe una “permanente insatisfacción” y frustración por falsas expectativas y agravios partidistas.
Leyes pendientes de aprobación
El Gobierno enviará en las próximas semanas al Congreso los dos proyectos que no pudieron culminarse en la pasada legislatura: la Ley de Movilidad Sostenible y la Autoridad independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación.
Lo hará en los mismos términos en los que los remitió entonces, evitándose así someter las iniciativas a los procesos de audiencia pública y examen de los órganos consultivos.
Puente ha recordado, además, que la Ley de Movilidad debe ser aprobada este año, atendiendo al plazo comprometido con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación. Ya debía haber sido aprobado en 2023, pero no fue posible por la convocatoria anticipada de elecciones.
Autobús
El ministro ha incidido en la necesidad de contar con un nuevo mapa concesional. De las 77 concesiones hay 40 caducadas. La propia Ley de Movilidad Sostenible, tal y como la plantea el Gobierno, supone una reordenación legal del sector.
Ha marcado como objetivos la mejora del servicio, aumento de frecuencias, reducción de tiempo de recorridos entre los principales destinos, la coordinación con el transporte autonómico, billetes más modernos, vehículos nuevos y mejores sistemas de información
Sobre la posible desaparición de trayectos, ha defendido que las comunidades autónomas son las que deben asumir las conexiones entre núcleos de población rural dentro de su propio territorio.
Ferrocarril
Cambios normativos
Puente ha aludido a la necesidad de simplificar la normativa, pero también la redacción del reglamento de la nueva Ley del Sector Ferroviario, la revisión de la estrategia indicativa y del reglamento de circulación ferroviaria.
Liberalización
El Ministerio trabaja en la definición del modelo de explotación en un futuro, con el fin de hacerlo compatible con una futura liberalización. En este punto ha incidido en la necesidad de coordinar con comunidades u operadores las conexiones cuando no existan servicios de ferrocarril o carretera, especialmente en zonas rurales.
También la adaptación de grandes terminales como las de Chamartín y Atocha en Madrid, Sants en Barcelona o Abando en Bilbao.
Puente ha asegurado que la liberalización es una cuestión al margen de la capacidad de decisión de su Ministerio, pues compete fijar los criterios a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una de las comisiones “más liberalizadoras” –”Ya nos gustaría tener las posibilidades operativas que la CNMC concede a compañías francesas o italianas aquí”, ha dicho–.
En este punto ha apostado por abrir el debate en Europa sobre cómo compañías estatales entran en los mercados liberalizados, como el español, y pueden fijar precios y condiciones que “revientan el mercado”, ya que gracias al respaldo público pueden operar con grandes pérdidas. “Esto beneficia a cualquier cosa menos a la libre competencia”, ha dicho.
Mercancías
El ministro ha comprometido medidas para aumentar la cuota modal, con ayudas a las empresas, la revisión de obstáculos y factores limitantes en la red, el desarrollo de nuevos servicios en función de la demanda de las empresas o la mejora de la funcionalidad en terminales de mercancías.
También la mejora de conexiones y la adaptación de la red para el estacionamiento y aparcamiento de trenes de 750 metros (en España no superan los 500 metros) y la electrificación de líneas.
Trenes nocturnos: El ministro justifica su supresión por las pérdidas generadas –40 millones el último año– y la necesidad de atender a criterios estrictamente comerciales de rentabilidad. También a la falta de trenes. Sin descartar la reapertura de las líneas, lo ha condicionado a contar con un estudio de rentabilidad.
Patrimonio en desuso: Puente ha anunciado un marco normativo para la adaptación de patrimonio ferroviario que permita otros usos, como los ferrocarriles turísticos.
Incidencias y puntualidad: Defendió la puntualidad de la red ferroviaria como de las más altas del mundo y atribuyó parte de las incidencias a la coexistencia con intervenciones, como es el caso de las estaciones de Chamartín y Atocha, y también a un material rodante pendiente de renovar, sin trenes nuevos desde 2008, y en alta velocidad desde 2010. Confía en recibir nuevos trenes de forma constante a finales de este año o principios del siguiente.
Intervenciones ‘blandas’: Ha apostado por racionar la planificación de actuaciones y acometer soterramientos únicamente cuando sea estrictamente necesario. Asegura que hay 28.000 millones en actuaciones de integración, por lo que ha pedido “soluciones realistas” y a corto plazo eliminar barreras y reducir efectos visuales y acústicos para los vecinos, con un reparto financiero atendiendo a las competencias y a las decisiones políticas adoptadas.
Ancho de red: Estudiará el modelo de convivencia de anchos de red y asegura que cumplirá con la obligación de contar con una estrategia antes de 2027.
Transporte aéreo
Las propuestas normativas en esta materia se basan en la aplicación del paquete europeo Fit for 55 (Objetivo 55), para lograr una reducción del 55% en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 respecto a 1990.
También la aplicación del Programa CORSIA (Plan de Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación Internacional) o la iniciativa Cielo único europeo.
¿Menos vuelos cortos? Puente también ha anunciado la apertura de un diálogo con el sector aeronáutico para explorar soluciones y un trabajo a nivel técnico para explorar la viabilidad de medidas para rebajar emisiones, entre ellas la restricción de vuelos cortos.
El estudio de la reducción de vuelos cortos es una de las medidas comprometidas en el acuerdo de Gobierno, aunque condicionada a que no afecte a escalas con vuelos internacionales.
Transporte marítimo
Puente ha anunciado una nueva Estrategia marítima nacional para establecer un marco normativo e institucional que impulse el crecimiento de la industria marítima, la adquisición de nuevos medios materiales (embarcaciones y equipamiento) y el refuerzo de la inspección en el control de las emisiones en los buques.
También hay prevista una inversión de 400 millones de euros para proyectos de electrificación en los muelles, con el fin de suministrar en 2030 energía de origen renovable a todo buque, portacontenedores o crucero que demande este suministro.
Puerto de Valencia: Ante el reto de Compromís, socio de Gobierno, de tratar de frenar la ampliación del Puerto de Valencia, el ministro ha defendido que esta operación es la mejor solución medioambiental, al facilitar el transporte ferroviario de mercancías.
Reordenación del Ministerio
Puente ha explicado la unificación de Transportes e Infraestructuras en una única secretaría, por lo que el organigrama en el Ministerio quedaría con esa unidad de Transporte terrestre y otra secretaría de Transporte marítimo y aéreo.
