QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Reformas, y varias de ellas, cuanto antes. La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), Cani Fernández, dejó en el Congreso tarea pendiente a los diputados y diputadas de la Comisión de Economía, Comercio y Empresa del Congreso.
Acudió a comparecer para presentar las líneas de actuación durante este ejercicio y les emplazó a completar tareas pendientes de la pasada legislatura pero, sobre todo, dar competencias al organismo para poder ejercer la supervisión de los servicios digitales, tal y como le reconoce el papel de coordinadora de los mercados que le confirió el Gobierno para hacer cumplir el último reglamento europeo.
No sólo funciones. También recursos. Prácticamente cada norma económica aprobada ha aumentado las funciones del organismo que, por ejemplo, debe comprobar que ni bancos ni energéticas repercuten a los consumidores los gravámenes temporales por los beneficios extraordinarios obtenidos en la crisis de precios.
«Vamos con la lengua fuera», reconoció la presidenta, que urgió al Congreso a cumplir con su función legislativa.
Desde el PSOE, su diputado Gonzalo Redondo planteó que las medidas que planteaba Fernández podrían incluirse en las normas para desarrollar el recién presentado Plan de Regeneración Democrática –que, precisamente, le encomienda nuevas funciones supervisoras– o en la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, proyecto de ley ya en tramitación que espera en la Comisión de Economía.
La presidenta de la CNMC, preguntada por la ‘popular’ Tristana Moraleja sobre cuál sería la mejor manera de vehicular las reformas, dio buena prueba de la urgencia que hay en la institución: «¿En qué ley? En la primera que se tramite, por favor. Me da igual. Pero cuanto antes».
Reglamento de Servicios Digitales
La CNMC ha sido designada por el Gobierno coordinadora de servicios digitales (DSC) para el cumplimiento del último Reglamento de Servicios Digitales (DSA) pero aún no puede ejercer todas las competencias derivadas de ello.
Y las reglas y facultades necesarias para la supervisión de estos mercados debían haberse incorporado a la normativa española antes del pasado febrero. El riesgo de sanción es real: la Comisión Europea abrió un expediente sancionador en julio.
En juego están derechos como la libertad de expresión o información, de empresa, de no discriminación y protección del consumidor, o la protección de los menores frente a abusos, acosos, contenido inadecuado o de estrategias que buscan generar en ellos adicción.
La CNMC será la encargada de supervisar a grandes plataformas, motores de búsqueda e intermediarios de servicios digitales; certificar a expertos para colaborar en esta supervisión –por ejemplo, para analizar posibles discriminaciones por parte de los algoritmos– y la colaboración con el resto de autoridades españolas y europeas.
Se trata, a juicio de Cani Fernández, del «mayor reto regulatorio y supervisor en la Unión Europea«. Y su diagnóstico de la situación es dramático: «Nos falta la habilitación legal, nos faltan los medios, nos faltan el personal»
Fernández apuntó que, para poder ejercer funciones de investigación, iniciar procedimientos de infracción y establecer sanciones, debería llevarse a cabo una modificación en la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
En estos momentos, la CNMC cuenta con un grupo interno que traslada denuncias internamente contra plataformas fuera de la Unión Europea. «En España no tenemos poderes para actuar», señaló.
Actualización de su estructura orgánica
Fernández incidió que una de las ‘joyas de la corona’, la Unidad de Inteligencia Económica, no figura siquiera en el organigrama de la CNMC.
«No existe como tal, es un grupo que hemos creado pero no podemos dotarla de recursos», lamentó en su comparecencia.
No sólo para ello, ya que el citado Reglamento de Servicios Digitales y su papel de coordinadora nacional le exige la creación de una nueva dirección.
Esto exige una modificación en la Ley de creación de la CNMC y también una actualización del Estatuto del organismo, competencia esta última del Consejo de Ministros.
Transacción y sanciones a los directivos
El Congreso aparcó la pasada legislatura el proyecto de ley derivado del decreto-ley que, entre otras cuestiones, trasponía la directiva ECN+.
La reforma de la Ley de Defensa de la Competencia no pudo completarse, pero parte se recuperó como enmiendas a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. El Congreso aprobó el proyecto pero murió en el Senado al convocarse anticipadamente elecciones.
El Gobierno aprovechó un decreto-ley días antes de los comicios para acometer medidas —dar más margen a sus investigaciones y habilitar procesos de concentración exprés— pero se dejó dos medidas mollares: el endurecimiento de las sanciones a los directivos –hasta 400.000 euros llegó a plantear el Gobierno– y el conocido como procedimiento de transacción.
Este posibilitaría a las empresas rebajar la cuantía de una sanción tras admitir su responsabilidad, un mecanismo que incentiva el cierre de investigaciones y la interposición de sanciones en firme.
«Nos permitiría ahorrar muchísimo tiempo y liberar recursos para investigar otros casos. Se nos quedó en el tintero la pasada legislatura y pediría por favor que no caiga en saco roto», urgió Fernández.
Más recursos… y renovación de la cúpula
La primera mención de la presidenta de la CNMC en la comparecencia fue agradecer el aumento de la plantilla registrada desde su llegada al organismo supervisor –de 508 personas han pasado a 560–, pese a dejar claro en el Congreso de su insuficiencia.
«Vamos con la lengua fuera, y eso que no hemos empezado a cubrir todo lo que tenemos y queremos cumplir», reconoció.
También está pendiente la renovación de cuatro consejeros por mandato caducado o vacante –dos de ellas solicitaron su cese al Ejecutivo– y la vicepresidencia, por fallecimiento de su último responsable.
Fernández destacó la importancia de que los nombramientos se cubran «en tiempo y forma»: «La situación no debería prorrogarse en el tiempo».
