QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En las últimas semanas han aflorado críticas del sector de la medicina veterinaria a la nueva regulación del uso de antibióticos en animales. Desde principios de enero, los vídeos de veterinarios y veterinarias lamentando que existe el riesgo de no poder atender adecuadamente a animales de compañía se han convertido en la tónica habitual de las redes sociales; e incluso, se han impulsado dos recogidas de firmas, una de veterinarios colegiados y otra abierta a la sociedad civil. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha agitado el sector? Y, sobre todo, ¿es cierto que la salud de los animales está en juego?
Una nueva normativa
Todo surge a raíz del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Se trata de una iniciativa destinada a adaptar la normativa nacional al nuevo Reglamento europeo, cuya aplicación es directa, además de pretender regular las condiciones y requisitos para la distribución, dispensación y venta a distancia, prescripción y uso de medicamentos veterinarios.
Su objetivo, en términos generales, es garantizar un uso prudente y responsable de los mismos a lo largo de la cadena de distribución, teniendo como propósitos principales la lucha contra las resistencias antimicrobianas y la reducción de la necesidad de uso de los medicamentos antimicrobianos; en sintonía con la estrategia “De la granja a la mesa” para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente.
El objetivo es garantizar un uso prudente y responsable y luchar contra las resistencias antimicrobianas. Se aspira a reducir las ventas antimicrobianas en un 50% en 2030.
Con la vista puesta en el horizonte, se aspira a reducir las ventas antimicrobianas en un 50% en 2030.
El Real Decreto sustituye a varios reales decretos: al Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, por el que se regulan los medicamentos veterinarios, al Real Decreto 544/2016 de 25 de noviembre, por el que se regula la venta a distancia al público de medicamentos veterinarios no sujetos a prescripción veterinaria, y al Real Decreto 191/2018, de 6 de abril, por el que se establece la transmisión electrónica de datos de las prescripciones veterinarias de antibióticos destinados a animales productores de alimentos para consumo humano, y se modifican diversos reales decretos en materia de ganadería, que, en consecuencia, se derogan.
¿Qué dice la normativa?
El RD regula la distribución, dispensación, elaboración de autovacunas, fórmulas magistrales y preparados oficinales; prescripción y uso por los profesionales veterinarios; uso y gestión por los titulares responsables de animales; uso racional de los medicamentos veterinarios; venta de medicamentos veterinarios no sujetos a prescripción; y transmisión electrónica a la autoridad competente de los datos de las recetas de medicamentos veterinarios antibióticos, para lo que se crea la base de datos PRESVET (Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos).
La normativa restringe la prescripción, dispensación y el uso de microbianos en función del riesgo que supone para la salud pública en relación con la aparición resistencias antimicrobianas relacionadas con su uso en animales y, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la autorización de comercialización de estos.
¿Qué critican los veterinarios?
Veterinarios colegiados de toda España, organizados en torno al colectivo Veterinarios Unidos, han impulsado una recogida de firmas a través de un portal web en el que explican su posicionamiento y reivindicaciones.
Aseguran que son los primeros interesados en garantizar el buen uso de los medicamentos veterinarios y, especialmente, de los antibióticos; y dicen estar comprometidos con la regulación, el control y el uso responsable de los mismos.
Sin embargo, lamentan, la nueva normativa y el nuevo sistema “no solo no nos ayudan en el ejercicio de esta tremenda responsabilidad, sino que entorpecen la misma”, llegando incluso a “anular nuestro criterio clínico”.
El RD obliga a que cada veterinario realice las pruebas pertinentes para poder dispensar el fármaco adecuado a cada caso y en la dosis necesaria. En este sentido, aquejan que “en situaciones críticas, cuando el procedimiento para obtener una muestra compromete la vida del paciente, o bien el tiempo necesario para realizar pruebas laboratoriales es excesivo debido a la gravedad del proceso, el sistema Presvet nos imposibilita a la hora de tomar decisiones rápidas y de forma justificada en situaciones críticas”.
Esto repercutiría en “costes inasumibles para propietarios” por la condición sine qua non de realizar las pruebas. “Deberíamos poder priorizar siempre la vida y el bienestar del paciente”, sentencian.
Veterinarios Unidos considera también que las sanciones son desproporcionadas y que los animales sin chip quedarán desatendidos. Para sostener esto último, argumentan que la normativa exige cumplir con los protocolos de trazabilidad, surgiendo dificultades en los casos de animales no identificados.
Por otro lado, afirman que el sistema Presvet no contempla la gestión de excedentes de medicamentos, porque no se pueden justificar. Errores humanos en los cálculos del porcentaje del envase, inyecciones desechadas por problemas de manejo del paciente, etc.
“El sistema Presvet nos obliga a recetar siempre presentaciones comerciales, que no se ajustan a la duración exacta del tratamiento. Esto genera sobrantes que quedan en manos de los tutores del paciente pudiendo generar un mal uso por su parte, favoreciendo las resistencias que precisamente queremos evitar”, abundan, reiterando que se aumenta el riesgo de automedicación ya que “los sobrantes de antibióticos pueden ser usados sin supervisión veterinaria”.
Todo ello supone, además, una carga administrativa excesiva para las clínicas veterinarias.
El Gobierno responde
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha trasladado a Demócrata que el sistema no solo no es nuevo para los veterinarios, sino que debería de resultarles familiar y “funciona correctamente”.
Recuerdan que la transmisión electrónica de las prescripciones de antibióticos y la creación de la base de datos Presvet quedó establecida en el Real Decreto 191/2018, aunque limitada a los animales de granja (productores de alimento). Posteriormente, en el año 2023, el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, amplió esta obligación a los animales de compañía, desde enero del año 2025. En consecuencia, “los veterinarios de mascotas conocen la obligación de transmitir la información requerida desde junio de 2023, por lo que han tenido un año y medio para prepararse”.
“Los veterinarios de mascotas conocen la obligación de transmitir la información requerida desde junio de 2023, por lo que han tenido un año y medio para prepararse”.
Además, “ha estado a disposición de todos los que quisieran utilizarlo un módulo de pruebas para comprobar su funcionamiento y adaptar sus propios sistemas informáticos”.
“Los veterinarios españoles llevan transmitiendo desde enero del año 2019 las prescripciones de antibióticos de animales de granja, y en estos momentos la base de datos y todo el sistema de transmisión de información funciona con total normalidad. Es un sistema conocido y rodado, que funciona correctamente”, concluyen.
Con respecto a las críticas sobre el sistema Presvet y a las presuntas limitaciones al criterio de los veterinarios, el Ministerio explica a Demócrata que se trata de “un sistema de recogida de información” y, como tal, “no establece limitaciones a las prescripciones, por lo que no condiciona en absoluto el juicio clínico del veterinario”.
Lo que sí, es que el veterinario debe “comunicar lo que prescribe”; de manera que Presvet únicamente introduce transparencia en el sistema, ayudando a atajar el uso excesivo y no prudente de antibióticos. De hecho, desde el Gobierno valoran muy positivamente su aplicación: “Los resultados son positivos y esperanzadores. Presvet ha tenido un impacto muy positivo en el uso prudente de antibióticos, con una reducción del 52,8 % desde el año desde el año 2020”.
Sobre el aumento de volumen de trabajo para los veterinarios, Agricultura, Pesca y Alimentación asegura que no es tal. “La información de los tratamientos aplicados y posibles prescripciones ya la graban en sus sistemas. El único paso adicional necesario es transmitir la información desde su ordenador al sistema Presvet. Solo se requiere una adaptación del sistema informático de envío de información. Hay muchas posibilidades para hacerlo y muchos programas comerciales que ya usan los profesionales veterinarios que están preparados”.
El único paso adicional necesario es transmitir la información desde su ordenador al sistema Presvet.
Con respecto al supuesto riesgo de no poder atender a animales sin chip, es decir, no identificados, el Ministerio recuerda que la legislación europea ya establece la identificación individual obligatoria para perros, gatos y hurones desde hace mucho tiempo. Además, el Real Decreto de medicamentos no prohíbe expresamente tratar animales sin identificar. “No es un requisito indispensable para poder tratar a un animal, pero si establece que en los animales en los que la identificación individual sea obligatoria, ésta debe consignarse en la receta. Es un requisito básico de trazabilidad, saber quién es el destinatario de la prescripción”, esgrimen desde la cartera de Luis Planas a preguntas de Demócrata.
Con todo, la dirección general de Derecho de los Animales ha establecido unos protocolos sobre el tratamiento a los animales no identificados.
En relación a la crítica de los veterinarios sobre lo desproporcionado de las sanciones, el Ministerio dice que son las recogidas en la Ley de Sanidad Animal y, al observar la necesidad de graduarlas, se ha iniciado la modificación en el marco de la ley contra el desperdicio alimentario, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria: “Esta modificación tiene su origen en la experiencia adquirida y no tiene nada que ver con la aplicación de esta obligación a las prescripciones a mascotas”.
