QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La tramitación del proyecto de ley para modificar las leyes de navegación y seguridad aérea tiene visos de terminar en el Tribunal Constitucional (TC). El Pleno del Congreso vota este miércoles si mantiene o no las modificaciones del Senado al texto aprobado en la Cámara Baja y, como pasara hace unos meses con el proyecto de ley contra el desperdicio alimentario, no lo hará sobre la integridad de las enmiendas aprobadas por el Pleno de la Cámara Alta.
La Mesa del Congreso reunida hoy martes ha decidido suprimir una de las enmiendas del Senado, algo que no había sucedido hasta esta legislatura, lo que avoca a un nuevo conflicto institucional que con toda seguridad dirimirá la corte de garantías.
La enmienda en cuestión es un crédito extraordinario de 1.200 millones en el presupuesto del Ministerio de Transportes, en el programa de «Subvenciones y apoyo al transporte aéreo», en concreto para el tráfico aéreo regular, que fue introducida por el PP en la Cámara Alta para ampliar los fondos con los que se financia el descuento del 75% en vuelos a residentes en Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla. La medida no se debatirá ni votará en el pleno del Congreso por decisión de los miembros de PSOE y Sumar en la Mesa.
Un veto a petición del Gobierno
Fuentes de la Presidencia del Congreso explican a Demócrata que el borrado de la nueva disposición adicional añadida por el Senado al proyecto de ley se ha acordado tras la presentación por parte del Gobierno de «un veto fundamentado en la jurisprudencia del TC». Aprobados los cambios por el Senado el pasado miércoles, el Ejecutivo ha manifestado de nuevo en los últimos días su disconformidad con la enmienda del PP por aumentar el gasto presupuestario (ya lo había hecho previamente ante el Senado). Desde la Mesa se justifica el acuerdo adoptado sobre un «veto fundamentado en la jurisprudencia del TC».
En el órgano de la Cámara Baja se concluye que el veto «debe ser admitido a trámite y aceptado en sus términos» porque de ser aprobada la enmienda «entraría en vigor este mismo año», afectando a las cuentas en vigor. Para fundamentar la decisión alegan que existe «obligación de cumplir la Constitución en su literalidad», en alusión a la potestad que concede la Carta Magna al Ejecutivo para manifestarse sobre políticas que impacten sobre los presupuestos.
El Constitucional decidirá si es legal
Se repite así la situación que se dio en marzo, cuando el Senado aprobó dos enmiendas de PP, Junts y ERC en la Ley contra el desperdicio alimentario sobre las que el Congreso no pudo pronunciarse al retirarlas del debate la Mesa de la Cámara por petición del Gobierno. En aquella ocasión, los senadores del PP optaron por plantear un conflicto de atribuciones entre el Senado y el Congreso sobre el que se pronunciará el TC. El pleno del alto tribunal, en su reunión de la semana pasada (9 de septiembre), ha acordado admitir a trámite el conflicto entre órganos constitucionales promovido por la Cámara Alta contra el acuerdo de la Mesa del Congreso de no tramitar dichas enmiendas.
Tramitada contra el criterio del Gobierno
Tras la aprobación del proyecto del ley en el Congreso, la iniciativa se remitió al Senado en mayo, donde los grupos que así lo quisieron presentaron nuevas enmiendas. Concluido el plazo para registrar modificaciones, el Gobierno manifestó su disconformidad con que se tramitaran dos de ellas, ambas del Partido Popular. Una, sobre la adopción de incentivos fiscales mediante deducciones en el Impuesto de Sociedades para inversiones en I+D+i destinadas a producción de «combustibles sostenibles de aviación». La otra, los fondos para subvencionar billetes de aerolíneas.
El Ejecutivo hacía así uso de su potestad constitucional para decidir sobre la tramitación de aquellas propuestas que supongan un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios. Así, el día 6 de junio se hacía llegar a la Cámara Alta el rechazo a ambas enmiendas, postura que fue desoída en la institución por acuerdo de la mayoría absoluta del PP en la Mesa de la institución. Los populares, con el respaldo de una informe de la Secretaría General del Senado, rechazaron la disconformidad del Gobierno sobre ambas enmiendas en la reunión del órgano rector del pasado 10 de junio.
LA POTESTAD DEL GOBIERNO SOBRE LA TRAMITACIÓN DE ENMIENDAS
La CE, en su artículo 134, reserva al Ejecutivo la capacidad y obligación de presentar anualmente ante el Congreso los Presupuestos Generales del Estado. Dentro de esa reserva, el art. 134.6 deja claro que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". El desarrollo de este derecho se lleva a cabo en el Reglamento de cada Cámara, donde se articula el procedimiento adecuado.
En el caso de la deducción fiscal, al considerar que «el Gobierno no justifica cómo se ha estimado el importe que se indica de impacto presupuestario (672,38 millones de euros)» y porque la medida no tendría impacto sobre el presupuesto en vigor.
En lo que a la subvención de 1.200 millones respecta, porque la medida «implicar traspaso de la cuantía», pero en «ningún caso un aumento que modificara los estados presupuestarios». Se esgrime que se trata de «un crédito incorporable al presupuesto de 2025» y que como tal no supone un aumento de gasto, «sino una distribución distinta del mismo»: «lo que se hace es trasladar a un presupuesto remanentes de créditos no gastados de ejercicios anteriores», se argumenta en la notad e la Secretaría.
Aprobada con la abstención de Junts y PNV
Rechazado el veto gubernamental, la Comisión de Transportes del Senado incorporó las seis enmiendas registradas por el PP, entre ellas las dos con impacto económico directo. Aunque algunas de ellas fueron apoyadas por otras fuerzas, proyecto de Ley de modificación de las leyes de seguridad y navegación aérea, la referida al descuento para residentes insulares o en las ciudades autónomas contó con la oposición de PSOE y ERC en los trabajos de ponencia. Por su parte, los representantes de Junts y PNV se abstuvieron.
Ya en el pleno celebrado la semana pasada, el PSOE pidió una votación para rechazar ambas enmiendas y volver al texto enviado por el Congreso en la que además de los socialistas votaron ‘Sí’ el PNV, EH BIldu, ERC, Coalición Canaria, BNG y los partidos del Grupo de Izquierda Confederal, al que pertenecen las formaciones que fueron a las elecciones bajo la marca Sumar y que tienen representación en la Cámara: Más Madrid y Compromís.
De haberse mantenido el sentido del voto en el pleno del Congreso de este miércoles sumarían 172 votos. Sobre esa aritmética, un eventual apoyo de Junts y Vox (votaron ‘No’ a volver al texto del Congreso) a la enmienda habría recabado 177 votos, con lo que el crédito extraordinario podría haber ido finalmente al Boletín Oficial del Estado (BOE). Preguntados por Demócrata sobre qué habrían hecho en el pleno de mañana, desde el Grupo de Junts en el Congreso se remiten al hecho de que la enmienda ha sido suprimida y por lo tanto no habrá votación.
En juego, entre 320 y 1.520 millones de subvención
Desde el Gobierno insisten en que el rechazo a esa enmienda del Senado no iba contra la política de descuentos, sino contra la estimación presupuestaria del PP. De hecho, el texto salido del Congreso, ya incorporaba otra disposición adicional (la octava), con la concesión de un crédito extraordinario para atender pagos pendientes a las aerolíneas, por 319,2 millones de euros, y que se no se ha suprimido en el Senado. Dicha cuantía se introdujo a petición de Coalición Canaria (CC), que pactó una enmienda y que se materializó mediante una enmienda en la Cámara Baja. Por lo tanto, la controversia entre el PSOE y los populares es de cifras.
Mientras que el PP argumenta que los números se basan en las reclamaciones de la patronal de vuelos ALA (Asociación de Líneas Aéreas), que denunciaba impagos de 810 millones de euros a comienzos de año a las aerolíneas que operan las rutas, los socialistas consideran que lo acordado con CC es suficiente y se refieren en términos de «disparate económico» lo añadido por el Senado, un «ejemplo claro de irresponsabilidad política».
