QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El 2025 será el año en el que el Congreso de los Diputados materialice su compromiso de disponer por primera vez de un Plan de Parlamento Abierto. La institución lo daba a conocer en el día de ayer, mediante la publicación de la propuesta de contenidos del I Plan, previsto para el periodo 2024-2027, un documento que se somete ahora a exposición pública y al que se pueden hacer aportaciones, hasta el próximo 30 de enero. Si deseas participar con tus propuestas, debes dirigirlas a la dirección de correo parlamentoabierto@congreso.es Finalizado el periodo, el Congreso publicará un informe, a modo de resumen, con las sugerencias recibidas y las acciones derivadas de ellas.
¿Y qué cabe de esperar del Plan de Parlamento Abierto (PPA)? Un avance en materia de transparencia y acceso a información, una mejora de los canales de comunicación y difusión de la Cámara y un aumento de la trazabilidad de las iniciativas legislativas, ejes en torno a los que se articula el documento puesto a disposición pública.
Para ello, la propuesta del I PPA del Congreso establece una serie de medidas con más o menos concreción que pueden sintetizarse en una mejora de la web de la Cámara Baja, la apertura de nuevos documentos o datos públicos, la implantación de nuevas obligaciones para legisladores, grupos parlamentarios y personal de las Cortes, así como acciones de divulgación y sensibilización.
A continuación, una reseña de las medidas propuestas y su contexto. Unas son novedosas y algunas otras ya se vienen implementado desde hace años por el Senado o diferentes parlamentos autonómicos.
1. Trazabilidad del proceso legislativo
Aunque el I PPA habla de huella legislativa e incluye obligaciones de publicitar reuniones entre parlamentarios y los denominados grupos de interés, no se concreta si la implantación de esta medida pasa por el desarrollo normativo en el Congreso de un Registro de Grupos de Interés o si la difusión de estas reuniones se limitará a lo que quieran incluir legisladores y grupos parlamentarios en sus agendas públicas de actividades. Ya en la legislatura pasada, tanto PP como PSOE presentaron sendas propuestas de reforma del Reglamento para la regulación de los lobbies, textos que decayeron con la convocatoria de elecciones, sin ningún avance significativo de acuerdo en la materia.
En este sentido, España sigue sin una regulación específica que aborde las relaciones entre el Legislativo y los grupos de presión, a pesar de las sucesivas llamadas de atención, desde hace más de una década, del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa. La Comisión Europea, en su último informe sobre el Estado de Derecho (julio 2024), también reclama al país una «ley sobre la actividad de los grupos de interés, incluido el establecimiento de un registro público obligatorio de grupos de interés», compromiso incumplido sistemáticamente por los últimos presidentes.
- Huella legislativa: rastro documental de iniciativas. La propuesta establece que se «regulará y publicará» la huella legislativa de todas las iniciativas con carácter de ley que se tramiten en el Congreso. Se menciona la creación de una ficha pública para cada proyecto o proposición de ley. En ella se incluirá la siguiente información: relación de las organizaciones, personas, instituciones o grupos de presión que hayan enviado aportaciones en relación con la iniciativa; toda la documentación remitida por los anteriores sujetos; indicación de las enmiendas registradas como resultado de dichas aportaciones y las reuniones mantenidas al respecto. Su cumplimiento correría a cargo de los grupos parlamentarios.
- Huella legislativa: control de cambios. La huella legislativa se completará con el seguimiento explícito de los cambios sufridos por cada iniciativa en cada fase del procedimiento legislativo, de forma que quedaría un registro público de las modificaciones experimentadas por una iniciativa a lo largo de toda su tramitación: desde que se registra hasta su aprobación definitiva.
- Publicación de enmiendas transaccionales. Compromiso de difundir en la web todas las enmiendas registradas durante la tramitación de leyes: tantos las ordinarias, ya disponibles vía Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), como aquellas transaccionales que no sean retiradas. Estas últimas, son un tipo de enmiendas que en muchas ocasiones se negocian y acuerdan de viva voz entre los representantes de los grupos.
- Valorar la posibilidad de publicar los votos en detalle en las comisiones. Se encarga a la Secretaría General un estudio para decidir si es viable publicar en la web el sentido del voto, diputado por diputado, en las sesiones de comisión. Hasta ahora, solo se difunden los resultados de las votaciones en el Pleno, no así las de sesiones de Diputación Permanente ni las de las comisiones. Para suplir esta carencia informativa, Demócrata lanzó hace unas semanas el proyecto A Mano Alzada, una aplicación web con la que conocer los resultados en detalle de las votaciones sobre dictámenes de iniciativas legislativas en comisión.
- Publicación del orden del día ampliado de las sesiones del Pleno y de los documentos de iniciativas de control, como interpelaciones y mociones. Se trata de una información ya disponible en la intranet de la Cámara, y que de forma paulatina se quiere abrir en la página web.
2. Transparencia y acceso a información
La apertura de nuevos datos, la puesta a disposición del público de documentación ya existente en la intranet o la posibilidad de trámites telemáticos son las principales novedades al respecto.
- Puesta en marcha de la sede electrónica del Congreso. En estos momentos la Cámara Baja no dispone de registro electrónico público, por lo que la inmensa mayoría de trámites por parte de la ciudadanía con la institución deben realizarse de forma presencial en las dependencias del Congreso.
- Creación del Portal de Transparencia de la Junta Electoral Central. Se pretende crear el portal de la JEC como espacio integrado dentro de la web del Congreso para la difusión pública de «información relevante sobre actividades del órgano de control electoral». En estos momentos, el organismo dispone de una web propia a través de la cual se distribuye información sobre diferentes procesos electorales ya celebrados o en curso, así como resoluciones adoptadas durante las reuniones de la JEC.
- Publicación sistemática de todas las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública dirigidas al Congreso. Ahora solo se publican las resoluciones de algunos recursos interpuestos por usuarios contra respuestas a solicitudes previas. Se establece un compromiso de hacerlo de forma sistemática y en formatos reutilizables.
- Reducción en los tiempos de publicación de los Diarios de Sesiones. Compromiso de intentar optimizar el proceso de generación de los Diarios de Sesiones de los órganos del Congreso. Ahora, para las sesiones de Comisión, el decalaje suele oscilar entre 5-7 días, un proceso que se ha hecho algo más complejo tras la reforma del Reglamento al comienzo de la legislatura para extender el uso de lenguas cooficiales en la Cámara.
Rediseño de la web del Congreso para mejorar su accesibilidad y usabilidad. Entre las acciones concretas:
- Mejorar la visibilidad de los dosieres de documentación complementaria que se elaboran para iniciativas legislativas. Para ello se propone colocarlos en un lugar más destacado de la web. Ahora mismo son accesibles desde la ficha de algunas iniciativas, sobre todo Proyectos de ley, donde se pueden encontrar desde los textos previos sometidos a exposición pública hasta informes emitidos por los órganos consultivos correspondientes.
- Ampliación del catálogo de datos abiertos. Se ampliará la colección de datasets disponibles y se renovará la interfaz del Portal de Datos Abiertos que los aloja.
- Acceso desde la portada al Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) y al Diario de Sesiones del Congreso.
- Mejora de la sección de consultas frecuentes. Actualización de esta sección de la web, con «respuestas claras y comprensibles» a las dudas que más se plantean a la Cámara.
3. Rendición de cuentas
Pese a la intención manifestada por algunos grupos, a través de las propuestas remitidas el año pasado a la Secretaría General del Congreso durante el proceso de elaboración del I PPA, la propuesta hecha pública no contempla ninguna modificación del régimen sancionador por incumplimiento del Código de Conducta de las Cortes Generales. Así, no hay novedades al respecto sobre aquellos diputados que no cumplimentan las declaraciones de actividades, bienes y rentas y la de intereses económicos, o para los casos en los que los datos indicados no sean ciertos. Sí se incluyen las siguientes medidas:
- Actas de acuerdos de la Mesa. El I PPA recoge la intención de publicar las actas con la relación de acuerdos adoptados por la Mesa durante sus reuniones. Se pretende además que se haga en formato estructurado y que estos documentos sean fáciles de buscar y consultar, con una interfaz que permita su búsqueda por fechas o sesiones. Esto es algo que el Senado ya viene haciendo desde el año 2017. En el caso del Congreso, ahora se difunde una suerte de índice de acuerdos, con el encabezado de los mismos, y su difusión es confusa: como enlaces dentro de cada página de agenda de aquellos días en los que se celebra una reunión de la Mesa, sin opción a cribar filtrando por sesión o fechas.
- Conservación y reutilización de declaraciones de bienes y actividades. El Congreso quiere garantizar el acceso permanente a las declaraciones de actividades y a las de bienes y rentas que sus señorías están obligadas a cumplimentar y actualizar durante todo su mandato. Además, su difusión pasará a ser en formatos reutilizables y se podrá acceder a ellas desde el Portal de Datos Abiertos. Hasta ahora, para su consulta hay que visitar la página con la ficha de cada uno de los diputados, una información que se publica en formato PDF, como imagen escaneada, y que se eliminar de la web una vez que el parlamentario causa baja.
- Guía para publicar la información de las agendas parlamentarias. Se encarga a la Secretaría General de la Cámara la elaboración de un documento que oriente a los parlamentarios en el procedimiento para la publicación de las agendas de reuniones con representantes de grupos de interés, una obligación contemplada en el Código de Conducta, en su artículo 6.2., aprobado en otoño de 2020. Pese a la obligación, es una minoría la proporción de señorías que publican en sus agendas actividades o reuniones más allá de las propias de su actividad como parlamentarios, tal y como viene denunciando en todos sus informes anuales la Ofician de Conflictos de Intereses de las Cortes Generales.
- Protocolo para la gestión de obsequios recibidos por parlamentarios. Desarrollo de un protocolo informativo, «con indicaciones claras», para ayudar a gestionar la recepción de obsequios que deben declararse o gestionarse en virtud del artículo 7 del Código de Conducta.
- Implantación del sistema interno de denuncia. Para adaptar dentro de la institución la Ley 2/2023, que regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción.
4. Participación y pedagogía
- Elaboración de una guía para informar sobre el proceso legislativo. Dirigida a la ciudadanía, para trasladar de forma clara y detallada las fases que componen la tramitación de iniciativas legislativas.
- Creación de marcos de participación ciudadana. Encargo a la Comisión para la auditoría de la calidad democrática de un informe que estudie herramientas que faciliten la implicación de la sociedad civil en la Cámara. Se apoyarán en comparecencias de expertos, a celebrar en el primer semestre de 2025, de cada a la entrega a la Mesa del informe final, antes de que finalice este año.
- Oficina de la Ciencia. Apertura de consultas ciudadanas, para elegir los temas sobre los que la Oficina C elaborará sus informes anuales.
- Aplicación de lengua claro. Posibilidad de que grupos y autores de iniciativas legislativas acompañen sus propuestas de un «resumen breve y formulado en lenguaje claro» que sintetice el contenido de los textos legales.
Por último, el I PPA contempla un programa de formación dirigido a los diferentes colectivos destinatarios de dicho Plan. Se trata de una serie de seminarios, de carácter voluntario, y desarrollados por los servicios jurídicos de la Cámara:
- Seminario de técnica legislativa. Para funcionarios y personal al servicio de los grupos parlamentarios.
- Seminario de procedimiento legislativo. Dirigido a periodistas de medios acreditados en la Cámara.
- Seminario de introducción para nuevos miembros. A impartir al comienzo de cada legislatura, para nuevos diputados y personal de las Cortes.
- Campañas de sensibilización interna. Dirigidas a todo el personal del Congreso.
