El 2025 será el año en el que el Congreso de los Diputados materialice su compromiso de disponer por primera vez de un Plan de Parlamento Abierto. La institución lo daba a conocer en el día de ayer, mediante la publicación de la propuesta de contenidos del I Plan, previsto para el periodo 2024-2027, un documento que se somete ahora a exposición pública y al que se pueden hacer aportaciones, hasta el próximo 30 de enero. Si deseas participar con tus propuestas, debes dirigirlas a la dirección de correo parlamentoabierto@congreso.es Finalizado el periodo, el Congreso publicará un informe, a modo de resumen, con las sugerencias recibidas y las acciones derivadas de ellas.
¿Y qué cabe de esperar del Plan de Parlamento Abierto (PPA)? Un avance en materia de transparencia y acceso a información, una mejora de los canales de comunicación y difusión de la Cámara y un aumento de la trazabilidad de las iniciativas legislativas, ejes en torno a los que se articula el documento puesto a disposición pública.
Para ello, la propuesta del I PPA del Congreso establece una serie de medidas con más o menos concreción que pueden sintetizarse en una mejora de la web de la Cámara Baja, la apertura de nuevos documentos o datos públicos, la implantación de nuevas obligaciones para legisladores, grupos parlamentarios y personal de las Cortes, así como acciones de divulgación y sensibilización.
A continuación, una reseña de las medidas propuestas y su contexto. Unas son novedosas y algunas otras ya se vienen implementado desde hace años por el Senado o diferentes parlamentos autonómicos.
1. Trazabilidad del proceso legislativo
Aunque el I PPA habla de huella legislativa e incluye obligaciones de publicitar reuniones entre parlamentarios y los denominados grupos de interés, no se concreta si la implantación de esta medida pasa por el desarrollo normativo en el Congreso de un Registro de Grupos de Interés o si la difusión de estas reuniones se limitará a lo que quieran incluir legisladores y grupos parlamentarios en sus agendas públicas de actividades. Ya en la legislatura pasada, tanto PP como PSOE presentaron sendas propuestas de reforma del Reglamento para la regulación de los lobbies, textos que decayeron con la convocatoria de elecciones, sin ningún avance significativo de acuerdo en la materia.
En este sentido, España sigue sin una regulación específica que aborde las relaciones entre el Legislativo y los grupos de presión, a pesar de las sucesivas llamadas de atención, desde hace más de una década, del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa. La Comisión Europea, en su último informe sobre el Estado de Derecho (julio 2024), también reclama al país una «ley sobre la actividad de los grupos de interés, incluido el establecimiento de un registro público obligatorio de grupos de interés», compromiso incumplido sistemáticamente por los últimos presidentes.
- Huella legislativa: rastro documental de iniciativas. La propuesta establece que se «regulará y publicará» la huella legislativa de todas las iniciativas con carácter de ley que se tramiten en el Congreso. Se menciona la creación de una ficha pública para cada proyecto o proposición de ley. En ella se incluirá la siguiente información: relación de las organizaciones, personas, instituciones o grupos de presión que hayan enviado aportaciones en relación con la iniciativa; toda la documentación remitida por los anteriores sujetos; indicación de las enmiendas registradas como resultado de dichas aportaciones y las reuniones mantenidas al respecto. Su cumplimiento correría a cargo de los grupos parlamentarios.
- Huella legislativa: control de cambios. La huella legislativa se completará con el seguimiento explícito de los cambios sufridos por cada iniciativa en cada fase del procedimiento legislativo, de forma que quedaría un registro público de las modificaciones experimentadas por una iniciativa a lo largo de toda su tramitación: desde que se registra hasta su aprobación definitiva.
