Desde el pasado martes 15 de octubre, el Gobierno de Asturias ha puesto en consulta pública un decreto que establece y regula el registro de profesionales de la salud que se declaran objetores de conciencia frente a la interrupción voluntaria del embarazo. Este proceso permitirá recibir aportaciones hasta el 29 de octubre.
La consejera de Salud, Concepción Saavedra, confirmó esta información en una sesión de la Junta General del Principado de Asturias, respondiendo a las preguntas de la diputada Covadonga Tomé del Grupo Mixto, quien inquirió sobre la razón por la cual Asturias forma parte de las pocas comunidades que aún no cuentan con dicho registro, a pesar de las directrices legales existentes.
Concepción Saavedra aseguró que el derecho al aborto se mantiene protegido en Asturias y que el decreto ya estaba planeado para este año. Relató que a principios de septiembre se enviaron directrices a los distintos servicios de salud para asegurar que se cumpla con la normativa referente al registro de objetores.
Además, el 6 de octubre de 2025, la Consejería de Salud emitió una resolución, publicada dos días después en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, que define cómo los sanitarios deben proceder para declarar su objeción de conciencia en casos de abortos programados.
La creación de este registro tiene como objetivo organizar mejor los recursos humanos, identificando a los profesionales que optan por la objeción. “Quiero subrayar que este registro es de carácter confidencial, es voluntario y no tiene efectos sancionadores”, subrayó Saavedra durante la sesión parlamentaria.














