QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La representante del Partido Popular en la Junta General del Principado, Cristina Vega, ha expresado su descontento este viernes, señalando que el Ejecutivo regional ha validado el decreto de zonificación geográfica ignorando completamente las alegaciones de su partido. «Ni siquiera han tenido la decencia de responderlas», expresó con frustración.
«Estamos hablando del mayor problema que tiene Asturias, y el Gobierno lo gestiona a golpe de decreto, sin diálogo, sin explicaciones, y saltándose su propia ley», declaró Vega.
Vega indicó que el decreto, que debería haberse oficializado antes del 11 de noviembre de 2024, se ha anunciado con un retraso de más de siete meses, lo que demuestra una «falta de seriedad inaceptable en la aplicación de una ley que tardó cinco años en ver la luz».
Además, Vega señaló que «en menos de cinco años el Gobierno ha cambiado tres veces la forma de clasificar los concejos», dificultando la implementación de cualquier política demográfica efectiva. «¿Dónde está la estabilidad que necesita un plan a largo plazo si el criterio cambia cada dos años?».
Defendiendo las alegaciones del PP, Vega destacó que todas eran «de puro sentido común y, lo más grave, necesarias para que el decreto cumpla con la Ley de Impulso Demográfico».
«El decreto no dice qué concejos tendrán derecho a las ayudas, pero la consejera ha dicho en prensa que solo los dos últimos escalones», mencionó Vega, quien recordó que «eso va contra la ley, ya que en su artículo 24.2 establece claramente que deben ser los tres últimos niveles». Según Vega, esta situación podría resolverse si el Gobierno escuchara las alegaciones del PP porque «con nuestra propuesta se incluirían 63 concejos que corresponden a más del 44% de la población asturiana, y se evitarían casos injustos como los de Cabranes, Caravia, Muros de Nalón, Navia, Santo Adriano o Vegadeo, que con el modelo del PSOE quedarían fuera».
«Pedimos algo tan sencillo como que se cumpla la ley, para evitar arbitrariedades como ya pasó con la tarifa rural, que dejó fuera a 20 municipios en riesgo de despoblación», afirmó Vega.
Cristina Vega indicó que «otro de los grandes problemas del decreto es que permite que los municipios suban o bajen de categoría año tras año, perdiendo ayudas sin tiempo para consolidar políticas».
En este contexto, el PP propuso dos medidas de transición: la primera, para evitar esos saltos de un año para otro, sugiere que un municipio conserve sus ayudas si ha estado en esa categoría en al menos uno de los dos años anteriores. «Esto da estabilidad y sentido común a las políticas públicas», defendió la diputada.
Pero es la segunda propuesta del PP la que consideran «es aún más grave que no se haya recogido». «Pedíamos un periodo transitorio respecto a la clasificación anterior, como ya ocurre en otras comunidades autónomas. Con este criterio, por ejemplo, Coaña podría mantener sus ayudas. No inventamos nada, solo pedimos lo que ya se aplica en otras regiones», explicó Vega.
Para Vega, «ignorar este tipo de propuestas es no querer gobernar con visión territorial, ni con justicia, es aplicar medidas a base de titulares sin tener en cuenta los efectos reales en los concejos pequeños».
Adicionalmente, Cristina Vega denunció que el decreto aprobado no cumple con la normativa vigente, dado que no incorpora el informe de impacto demográfico exigido por el artículo 8.1, y tampoco se han establecido aún las directrices para elaborar dicho informe, aunque deberían haberse aprobado también en noviembre, agregó.
«Es decir, el decreto más importante de la ley de impulso demográfico, no cumple con la propia ley de impulso demográfico. Es un sinsentido», concluyó Vega.
