Crisis migratória em Ceuta, última hora: 9.000 pessoas permanecem na cidade e os centros ainda não estão prontos

En España, la “activación” de mecanismos de ayuda europea como el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) ante una crisis migratoria no se produce mediante un único acto parlamentario automático. Es una cadena de decisiones donde el Gobierno lidera la relación con la Unión Europea y la gestión de los fondos, mientras que las Cortes Generales intervienen sobre todo a través del presupuesto, de la legislación y del control político de la actuación del Ejecutivo.

1. Decisiones del Gobierno y papel de las Cortes Generales

Los fondos como el FAMI son instrumentos de gestión compartida entre la Comisión Europea y el Estado miembro. En la práctica:

• Corresponde al Gobierno elaborar y negociar con la Comisión el programa nacional (o programas) que fija prioridades, ejes de gasto y distribución territorial, así como proponer reprogramaciones, movilizar reservas de emergencia y decidir técnicamente qué proyectos se financian.
• Intervienen las Cortes Generales en tres planos principales:
  • A través de los Presupuestos Generales del Estado, que incorporan las partidas de cofinanciación nacional, los créditos para gestionar los programas y, en su caso, créditos extraordinarios.
  • Mediante la actividad legislativa cuando la gestión del fondo requiere cambios normativos (por ejemplo, en materia de acogida, asilo o régimen de subvenciones).
  • Mediante el control parlamentario de la acción del Gobierno, evaluando si está utilizando adecuadamente los mecanismos europeos disponibles.

2. Programas operativos, reprogramaciones y uso de reservas

La aprobación inicial del programa FAMI y sus posteriores modificaciones es formalmente una función del Ejecutivo en diálogo con la Comisión Europea. Sin embargo, existe una articulación parlamentaria indirecta pero relevante:

• El diseño del programa y de sus reprogramaciones se condiciona por los techos de gasto y las partidas aprobadas en los Presupuestos. Si, ante una crisis migratoria, el Gobierno desea ampliar recursos, puede:
  • Aprobar un crédito extraordinario o suplemento de crédito, normalmente mediante proyecto de ley o real decreto-ley, que se somete a convalidación y debate en el Congreso.
  • Reorientar partidas dentro del presupuesto, lo que también es susceptible de control y debate parlamentario.
• La utilización de reservas de emergencia o mecanismos especiales de la UE puede requerir:
  • Autorizaciones de gasto adicionales o adaptaciones normativas, que pasan por las Cortes.
  • Informes o comunicaciones formales del Gobierno a las comisiones competentes (Interior, Migraciones, Presupuestos, etc.), a petición de estas o por iniciativa del propio Ejecutivo.
• Si las medidas asociadas al uso del FAMI afectan a derechos, regímenes de acogida o procedimientos, pueden articularse mediante proyectos de ley tramitados en Congreso y Senado, en los que el fondo se convierte en uno de los instrumentos que hacen viable la política definida por la norma.

3. Instrumentos de impulso y control parlamentario

Para instar al Gobierno a solicitar o utilizar estos mecanismos de ayuda, las Cortes disponen de todo el repertorio de control parlamentario:

• Preguntas orales y escritas al Gobierno para aclarar si ha solicitado refuerzos europeos, qué importe pretende movilizar o cómo se va a distribuir territorialmente el FAMI.
• Interpelaciones a un ministro concreto (por ejemplo, Interior o Inclusión) que dan lugar a un debate en Pleno sobre la política migratoria y el uso de fondos europeos.
• Mociones derivadas de interpelaciones, en las que el Pleno puede instar al Gobierno a activar determinados mecanismos de ayuda, priorizar ciertas líneas de gasto o reforzar la coordinación con comunidades autónomas y entidades locales.
• Proposiciones no de ley (PNL), tanto en Pleno como en comisión, que fijan posiciones políticas sobre cómo debe actuarse ante la crisis y qué uso debe hacerse de los fondos europeos.
• Comparecencias del ministro competente o de altos cargos gestores de los fondos, para explicar la estrategia de movilización de recursos y responder a las críticas u observaciones de los grupos.
• Solicitudes de información, datos de ejecución, informes de evaluación y documentación remitida a la Comisión Europea, para hacer seguimiento detallado del uso del FAMI.

4. Coordinación con situaciones de emergencia o seguridad nacional

En escenarios de saturación de capacidades de acogida o presión sobre fronteras, el Gobierno puede declarar situaciones de emergencia o adoptar medidas en el marco de la seguridad nacional. Estas decisiones:

• No “activan” por sí solas los fondos europeos, pero sí justifican ante la UE la necesidad de movilizar reservas o flexibilizar reglas de programación.
• Se someten a control parlamentario específico: convalidación de reales decretos-ley, debates sobre la política de seguridad, comparecencias periódicas para informar de la evolución de la crisis y del apoyo europeo recibido.
• Pueden ir acompañadas de resoluciones o mociones del Congreso y del Senado en las que se pide expresamente al Gobierno la máxima utilización de los instrumentos de solidaridad financiera de la UE.

En síntesis, el FAMI y otros mecanismos europeos se activan técnicamente por el Gobierno ante la Comisión, pero la orientación política, la dotación presupuestaria y la rendición de cuentas se construyen en sede parlamentaria mediante leyes, presupuestos y un amplio abanico de instrumentos de control e impulso.

La legislación española no atribuye al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta competencias propias y directas sobre extranjería o control de fronteras, que siguen siendo materias estatales, pero sí le confiere un papel relevante en la organización de los servicios locales afectados por los flujos migratorios (asistencia social, sanidad, protección de menores, policía local) y en la coordinación con la Administración General del Estado.

a) Competencias propias de la Ciudad que el presidente dirige o coordina

El punto de partida es el Estatuto de Autonomía de Ceuta (Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo). Su artículo sobre órganos institucionales establece que «son órganos institucionales de la ciudad la Asamblea de Ceuta, el Presidente y el Consejo de Gobierno», y que:

• «El Presidente de la ciudad de Ceuta preside la Asamblea, el Consejo de Gobierno, cuya actividad dirige y coordina, y ostenta la suprema representación de la Ciudad» (LO 1/1995, fragmento entre posiciones 8639‑9963 del texto).

Es decir, cualquier competencia que el Estatuto atribuye a la Ciudad se ejerce, en la práctica, a través del Consejo de Gobierno, que es dirigido y coordinado por el presidente. Entre esas competencias, especialmente relevantes para la realidad migratoria, destacan (LO 1/1995, posiciones 14000‑21500):

• Asistencia social (competencia 18).
• Sanidad e higiene (competencia 19).
• Policía local y «vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones», en los términos que establezca la legislación básica estatal (competencias 24 y siguientes).
• Ejercicio de las competencias que la legislación del Estado atribuye a los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, incluidas las relativas a servicios sociales, servicios comunitarios, etc.

En materia migratoria esto se traduce, principalmente, en que el presidente:

• Dirige los servicios sociales y de acogida y atención de personas migrantes en la parte que son competencia de la Ciudad (alojamiento de emergencia, ayudas sociales, etc.).
• Asume la jefatura política del sistema de protección de menores y su acogida, incluidos menores extranjeros no acompañados, en la medida en que los servicios de infancia son competencia local y reciben financiación estatal específica (véanse, por ejemplo, los Reales Decretos 881/2021 y 767/2022, que regulan subvenciones para la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en Ceuta).
• Ejerce la dirección política de la policía local, que puede colaborar en dispositivos de seguridad y de orden público vinculados a situaciones migratorias dentro del término municipal, siempre subordinada al marco estatal.

b) Funciones de ejecución o colaboración con el Estado

El Estatuto prevé mecanismos formales de coordinación entre la Ciudad y el Estado. Un precepto relevante, dentro del bloque competencial, dispone que:

• «Por iniciativa del Presidente de la ciudad de Ceuta y del Delegado del Gobierno en la misma, podrán constituirse, de común acuerdo entre ambas Administraciones, órganos encargados de elaborar y, en su caso, controlar la ejecución de planes y programas conjuntos de obras y servicios […] todo ello sin menoscabo de las competencias que corresponden, en sus ámbitos respectivos, a cada una de las dos Administraciones» (LO 1/1995, posiciones 14000‑21500).

Aplicado al ámbito migratorio, esto significa que el presidente:

• Puede impulsar y codirigir órganos mixtos con la Delegación del Gobierno para coordinar la gestión de crisis migratorias, dispositivos de acogida y servicios sociales asociados.
• Participa en la ejecución de planes estatales de integración de extranjeros: la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros, prevé que la Administración General del Estado coopere con las «Ciudades de Ceuta y Melilla y los Ayuntamientos» en un plan estratégico plurianual de integración, incluyendo la atención a menores extranjeros no acompañados (LO 4/2000, posiciones 5793‑6808).
• Es el representante máximo para negociar y firmar convenios y acuerdos de financiación con el Estado en materia de acogida, protección de menores migrantes o refuerzo de servicios sociales.

c) Materias reservadas al Estado, con papel básicamente político del presidente

La política migratoria en sentido estricto (entrada y salida de extranjeros, visados, autorizaciones de residencia y trabajo, expulsiones, internamientos, reconocimiento del derecho de asilo, control de fronteras terrestres, marítimas y aéreas) corresponde a la Administración General del Estado, conforme a la Ley Orgánica 4/2000 y su normativa de desarrollo.

Un ejemplo claro es la regulación específica de los rechazos en frontera en la demarcación de Ceuta y Melilla, incorporada a la Ley Orgánica 4/2000 por la reforma de 2015 y hoy recogida en su articulado (posiciones 232504‑233519): se establece que los extranjeros detectados en la línea fronteriza de Ceuta o Melilla pueden ser rechazados para impedir su entrada ilegal, con respeto a la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional. La gestión de esos dispositivos corresponde a fuerzas y cuerpos de seguridad estatales, no a órganos de la Ciudad.

En estas materias, el presidente de Ceuta ejerce sobre todo una función de:

• Representación política de la Ciudad ante el Gobierno de España para reclamar medios, cambios normativos o actuaciones en frontera.
• Coordinación interna para adaptar los servicios de la Ciudad (sociales, sanitarios, educativos) a las decisiones estatales en materia de control fronterizo y asilo.

En suma, la legislación española configura al presidente de Ceuta como jefe del gobierno de una ciudad‑autónoma con competencias amplias en servicios públicos afectados por la inmigración y como interlocutor institucional clave con el Estado, pero no como autoridad decisora en política de extranjería o control de fronteras, que siguen siendo ámbitos estatales.

En las fuentes consultadas no aparece un desglose oficial y completo, con escaños y porcentajes de voto por partido, de las últimas elecciones a la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Sí se puede reconstruir parcialmente la composición resultante y los partidos representados, pero no los porcentajes de voto ni el reparto exacto de todos los escaños, por lo que esos datos no pueden darse con rigor a partir de la información disponible.

Lo que sí se sabe sobre la composición actual

Diversas noticias recientes sobre la crisis migratoria en Ceuta y la situación política local permiten identificar los partidos que tienen hoy representación en la Asamblea, así como el peso relativo de algunos de ellos.

Una información publicada en Demócrata sobre la ofensiva política de Vox en Ceuta recoge declaraciones del dirigente local del partido, Juan Sergio Redondo, que reclama un gobierno de coalición con el Partido Popular y alude explícitamente al número de escaños de ambas formaciones. En esa pieza se indica que en la Asamblea de Ceuta existe, según Vox, una:

«mayoría absoluta alternativa […] que agrupe a los nueve diputados del PP y a los cuatro de Vox» (noticia de Demócrata sobre Vox y el gobierno de Ceuta).

A partir de esa formulación, documentada en prensa, se puede afirmar que:

• El Partido Popular (PP) cuenta con 9 diputados en la Asamblea de Ceuta.
• Vox cuenta con 4 diputados.
• La suma de ambos, 13 escaños, es descrita en esa misma información como una “mayoría absoluta alternativa” dentro de la Cámara.

La misma noticia, así como otras crónicas sobre la política ceutí, permiten identificar al resto de fuerzas con representación:

• Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que actúa como uno de los apoyos parlamentarios del gobierno local del PP según Vox.
• Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), definido en esa cobertura como el “partido islamista” liderado por Fátima Hamed, con presencia en la Asamblea.
• Ceuta Ya!, otra formación local de la oposición que aparece de forma reiterada en las crónicas sobre el debate político y social en la ciudad.

En otra pieza de Demócrata sobre el debate digital en torno a la crisis migratoria en Ceuta se menciona expresamente que la oposición ceutí —incluyendo a PSOE, MDyC, Vox y Ceuta Ya!— dispone de representación parlamentaria pero apenas aparece en las cuentas de mayor impacto en redes sociales, lo que confirma que todas esas fuerzas tienen hoy escaños en la Asamblea (análisis sobre el debate digital en Ceuta).

Partidos presentes en la Asamblea de Ceuta

Con la información disponible, se puede resumir así qué partidos conforman actualmente la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta:

• Partido Popular (PP) – 9 diputados, según las referencias citadas. Es la fuerza que ostenta la Presidencia de la Ciudad (Juan Jesús Vivas).
• Vox – 4 diputados, también con cifra explicitada en las noticias consultadas.
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE) – número de escaños no especificado en las fuentes a las que se ha tenido acceso, pero con presencia clara en la Asamblea y acuerdos puntuales con el PP según Vox.
• Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) – partido local, con representación confirmada en la Cámara; el número exacto de diputados no figura en las noticias indexadas.
• Ceuta Ya! – otra formación local con escaños en la Asamblea; las noticias la tratan como parte de la oposición con representación parlamentaria, sin detallar cuántos asientos tiene.

Limitaciones sobre resultados y porcentajes de voto

Las fuentes utilizadas (fundamentalmente el archivo de noticias de Demócrata y otras crónicas políticas recientes) no incluyen el acta oficial de resultados de las últimas elecciones a la Asamblea de Ceuta ni tablas con:

• El porcentaje de voto exacto de cada candidatura.
• El reparto completo de escaños entre todos los partidos, más allá de los 9 del PP y los 4 de Vox mencionados expresamente.

Esos datos suelen estar disponibles en el portal electoral del Ministerio del Interior o en la web institucional de la Ciudad Autónoma de Ceuta, donde se publican los resultados oficiales por mesa, distrito y circunscripción. Sin embargo, esa información concreta no aparece en el conjunto de documentos consultados y, para mantener el rigor, no es posible reconstruirla con precisión solo a partir de referencias indirectas en prensa.

En síntesis, se puede asegurar que la Asamblea de Ceuta está integrada actualmente por PP, PSOE, Vox, MDyC y Ceuta Ya!, y que el PP dispone de 9 diputados y Vox de 4, lo que suma una mayoría absoluta potencial de 13 escaños mencionada explícitamente en las noticias. Para conocer el cuadro detallado de escaños y porcentajes de voto sería necesario acudir directamente al resultado oficial de las últimas elecciones autonómicas ceutíes.