QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Tras recuperar como anteproyecto el texto aprobado por el Congreso la pasada legislatura, el Gobierno envió el pasado marzo a la Cámara Baja el proyecto de ley para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
Durante la fase de audiencia pública –su declaración de urgencia permitió al Gobierno prescindir de la fase de consulta pública previa–, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa recibió escritos de 34 actores –cuatro de ellos no realizaron observaciones– para un total de 490 observaciones.
En esta fase, el Banco de España no emitió informe formalmente, sino que realizó comentarios que no se han incorporado en detalle al expediente remitido al Congreso.
Tampoco se recibieron informes, pese a su requerimiento, por parte del Consejo General del Poder Judicial ni de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.
Quiénes realizaron observaciones
Autoridades supervisoras – 92 observaciones
- Banco de España
La opinión trasladada por el Banco de España en sus observaciones –no emitió informe formal– es crítica con el proyecto, principalmente por la complejidad del sistema planteado para la cooperación entre instituciones.
Su preocupación principal es la potencial pérdida de información de los supervisores en materia de conducta por perder sus servicios de reclamaciones y como alternativas, ve más efectivas un sistema ‘Twin Peaks’ o un sistema de resolución de litigios por adhesión voluntaria de las entidades, al estilo de los códigos de buenas prácticas.
También defiende que la inclusión financiera debe promoverse en un marco de coordinación entre el sector y las administraciones, sin que el principio de prestación personalizada que se incorpora en el proyecto deba ser materia de supervisión del Banco de España.
- Comisión Nacional del Mercado de Valores
La CNMV no realiza una valoración general del proyecto y, a diferencia de la anterior audiencia pública, no comenta su preocupación sobre la cooperación entre la autoridad y los supervisores de conducta.
Sí subraya la conveniencia de solicitar informe en el marco de los procedimientos de resolución de reclamaciones de la Autoridad, y critica el solapamiento que, a su juicio, se produce entre su comité consultivo y el propio comité de la CNMV.
Al igual que el Banco de España, este supervisor expresa su preocupación por la falta de concreción en el traspaso de funciones y los tiempos para ello.
Asociaciones representativas de sector financiero – 177 observaciones
- Asociación Española de Banca (AEB)
- Asociación Española de Micropréstamos (AEIMP)
- Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF)
- Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA)
- Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco)
- Consejo General de los Colegios de Mediadores
- Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC)
- Asociación Empresarial del Seguro (Unespa)
Defienden en sus alegaciones, por lo general, que el modelo actual es efectivo y suficiente, y pese a valorar los cambios realizados desde el proyecto de la pasada legislatura, siguen mostrándose «muy críticas» con el impulsado ahora, según señala el Gobierno.
Estas organizaciones critican que se trata de un cambio «muy radical sin precedentes respecto al sistema actual», cita el Ejecutivo, y la inseguridad jurídica que, a su juicio, generan las resoluciones sobre cumplimiento de instrumentos no normativos y el diseño del procedimiento de reclamación.
También exponen dudas sobre la constitucionalidad del proyecto, por el carácter obligatorio y vinculante de los procesos, la suspensión obligatoria de los procedimientos judiciales, las facultades de la autoridad en torno a las cláusulas abusivas y el carácter sancionador o de indemnización de daños y perjuicios de la compensación prevista para reclamaciones sin contenido económico (alegación, esta última, aceptada, ya que se eliminan).
Las asociaciones sectoriales plantean, por otro lado, restringir el alcance de actuación de la Autoridad y que no entre en casos de cláusulas declaradas como abusivas en base a un control de transparencia ni sentencias de instancias inferiores incluidas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación.
Organizaciones de defensa de consumidores y usuarios financieros – 71 observaciones
- Asufin
- Consejo de Consumidores y Usuarios
- Facua
- Plataforma Denaria
Las observaciones de las organizaciones de consumidores se centran en aspectos que, a su juicio, limitan la capacidad de actuación de la autoridad: la definición de cláusulas suelo, la existencia de resoluciones no vinculantes a partir de un determinado umbral o las multas a los reclamantes.
Otra crítica es la prejudicialidad exigida en cláusulas abusivas. Piden que la Autoridad pueda abordar en las reclamaciones que tramite no sólo la aplicación de la abusividad declarada por tribunales, sino el reconocimiento expreso de la capacidad para valorar por sí misma la posible abusividad de cláusulas que formen parte de las condiciones generales de un contrato, al igual que ya hacen las autoridades de consumo.
Entidades del tercer sector – 66 observaciones
- Caritas
- Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
- Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI)
- Confederación estatal de Personas Sordas
- Plataforma de Mayores y Pensionistas
- Red Acoge
Asociaciones del tercer sector, como CERMI, abogan por profundizar las obligaciones de prestación personalizada contempladas en la norma.
Esta organización fue la que impulsó una enmienda en la pasada legislatura para obligar a las entidades financieras a garantizar atención presencial al menos dos días a la semana en los municipios más pequeños.
Pese a ser inicialmente aceptada y recogida como enmienda, el PSOE dio marcha atrás y retiró la enmienda.
Entidades financieras – 20 observaciones
- American Express
- BME (Bolsas y Mercados Españoles)
Otros organismos públicos y privados – 7 observaciones
- Agencia Tributaria
- Autocontrol
- Gabeiras y Asociados
Comunidades autónomas – 57 observaciones
- Comunidad de Madrid
- Generalitat de Catalunya
- Instituto Galego de Consumo e de la Competencia
- Junta de Castilla y León
Según expone el Gobierno, la valoración general de las comunidades que han realizado alegaciones es positiva. El Ejecutivo destaca que ninguna cuestiona su existencia, con la única excepción de Cataluña, que plantea una posible invasión competencial.
Otras alegaciones son las que reclaman más protagonismo en la gobernanza de la autoridad y cooperación con ella y las que piden incluir en el ámbito de aplicación de la autoridad aquellas entidades financieras de ámbito autonómico.
También critican, al igual que las asociaciones de consumidores y usuarios, la prejudicialidad exigida en materia de cláusulas abusivas, reclamando el reconocimiento expreso de la capacidad ya reconocida a las administraciones de consumo para valorar por la posible abusividad de las cláusulas.
Aportaciones desde 2017
En la memoria de análisis de impacto normativo que acompaña al proyecto de ley remitido al Congreso, el Gobierno recuerda también los actores que realizaron aportaciones en la primera tramitación de este proyecto.
No el de la pasada legislatura, sino uno iniciado en marzo de 2017, por el Ejecutivo presidido entonces por Mariano Rajoy, en un anteproyecto sobre la racionalización y ordenación de los organismos supervisores de los mercados en el que se hacía referencia a la futura creación de la Autoridad Independiente de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros y de los Inversores Financieros.
Los agentes que entonces realizaron aportaciones relacionadas con la autoridad fueron:
- Consejo General de Economistas
- Asociación Española de Banca (AEB)
- Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA)
- Asociación de Usuarios Financieros (Asufin)
- Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco)
- Asociación Empresarial del Seguro (Unespa)
- Global Economics Group
- Asociación Española de Corredurías de Seguros y Reaseguros (Adecose)
- Seguros Catalana Occidente
- GCO Reaseguros
- Plus Ultra Seguros Generales y Vida
- Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros
