QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Los ayuntamientos de la Región de Murcia continuarán siendo los responsables de regular las licencias de taxi y de vehículos de transporte con conductor (VTC), tras el rechazo por parte de la Asamblea Regional al proyecto de ley que pretendía modificar la Ley 10/2014 del Taxi. La propuesta no prosperó debido al apoyo de Vox y la oposición de PP, PSOE y Grupo Mixto, manteniéndose así el decreto ley vigente desde junio.
El debate giró en torno al Decreto Ley 2/2025, ratificado el verano pasado, que delega en los municipios la potestad de determinar el número y las condiciones de las licencias. Durante la sesión, la oposición criticó que la gestión del sector recaiga sobre los ayuntamientos, mientras que desde el PP se argumentó que el modelo vigente «garantiza el equilibrio, la estabilidad y la movilidad sostenible».
Antonio Landáburu, del Partido Popular, destacó que la normativa «surgió del consenso con el sector del taxi, las VTC, los ayuntamientos y los consumidores», asegurando que «protege la autonomía municipal y asegura una coexistencia equilibrada entre ambos servicios». Por otro lado, Miguel Ángel Ortega, del PSOE, criticó la descarga de responsabilidades del Gobierno regional en los ayuntamientos, mencionando que su grupo había propuesto otorgar las nuevas licencias bajo criterios medioambientales y de accesibilidad, propuestas que fueron rechazadas.
Ignacio Arcas, de Vox, describió el decreto como una «chapuza normativa» y expresó su preocupación por la creación de 45 regulaciones diferentes en la región. Finalmente, José Luis Álvarez-Castellanos, del Grupo Mixto, lamentó que la ley «no regula casi nada» y «comercializa un servicio público esencial como es el taxi», defendiendo que debería ser una competencia exclusiva de la Administración pública.
