QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En el reciente Pleno de la Asamblea, el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha confirmado que «ya se están realizando» las pruebas de determinación de edad a menores extranjeros no acompañados, como respuesta a las exigencias de José Ángel Antelo, portavoz de Vox, quien solicitó la realización inmediata de estas pruebas para verificar la edad real de los supuestos menores.
Antelo ha criticado duramente la gestión de la inmigración ilegal por parte del Gobierno autonómico, acusándolo de malgastar recursos en centros para inmigrantes mientras se descuidan otros servicios esenciales. Además, ha señalado que algunos de los menores en realidad son adultos que han cometido delitos graves, y ha cuestionado la demora en la aplicación de las pruebas judiciales necesarias para clarificar su edad.
Por su parte, López Miras ha refutado estas acusaciones, asegurando que el Gobierno regional actúa conforme a la ley, y ha destacado que las pruebas periciales se realizan bajo la supervisión del Instituto de Medicina Legal, único autorizado por la Fiscalía. Ha mencionado que, de un grupo revisado en el Hospital Naval de Cartagena, un 6% resultaron ser adultos, demostrando la efectividad y necesidad de estos exámenes.
En otro tema abordado durante el Pleno, el portavoz del Partido Popular, Joaquín Segado, ha criticado las políticas fiscales del Gobierno central, alegando que perjudican a los autónomos murcianos. López Miras ha respondido destacando las medidas de apoyo implementadas por su gobierno para proteger a este sector, incluyendo la extensión de la cuota cero y aumentos en las ayudas al comercio local.
Finalmente, María Marín del Grupo Mixto ha expresado su preocupación por los altos precios de la vivienda asequible en la región, acusando al gobierno de favorecer a promotores inmobiliarios en detrimento de las necesidades habitacionales de los jóvenes y trabajadores. López Miras ha defendido las políticas de vivienda de su administración, argumentando que han facilitado el acceso a la vivienda y reforzado la seguridad jurídica, contrastando con las acciones del Gobierno central.
