QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno de España, en colaboración con las comunidades autónomas, ha ratificado un nuevo Real Decreto-ley con una asignación de 500 millones de euros destinados a reforzar la Ley ELA y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Esta normativa prevé una ayuda económica que puede alcanzar los 10.000 euros por mes para cada paciente afectado por la ELA y otras patologías neurológicas graves en etapa avanzada, asegurando así una atención continua durante todo el día.
«Aquí se plasma un año de intenso trabajo, no solo por parte de este ministerio, sino de distintos ministerios dentro del Gobierno, también de las comunidades autónomas y de la sociedad civil, para cumplir con el plan de despliegue de la ley ELA, que hicimos hace casi un año, agilizar el acceso y mejorar el diseño de las prestaciones para atender estos casos especialmente complejos», explicó Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La reciente legislación introduce el Grado III+ de dependencia extrema, facilitando el acceso a servicios especializados a aquellos pacientes que requieren cuidados intensivos debido a la naturaleza progresiva y sin cura de sus enfermedades. Bustinduy destacó que esta es «la novedad que mayor impacto tendrá a largo plazo».
El importe de la ayuda mensual, fijado en 9.868,60 euros por beneficiario, busca cubrir necesidades críticas como el soporte respiratorio y la deglución. Este monto se ha calculado basándose en la necesidad de contar con aproximadamente cinco profesionales por cada paciente. La financiación de esta prestación se dividirá equitativamente entre el Gobierno central y el ejecutivo autonómico correspondiente, con un desembolso anual garantizado de 118.423 euros por paciente en 14 pagas.
El decreto será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y deberá ser ratificado por el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días. Desde el Ministerio de Derechos Sociales subrayan que esta medida asegura el cumplimiento de la Ley ELA «en tiempo y forma», tal como estipula la legislación vigente.
