La Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA), la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) y la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) han solicitado este lunes en el Congreso de los Diputados que el profesorado y el personal no docente reciban una formación obligatoria y reglada para identificar y actuar correctamente ante una reacción alérgica grave o anafilaxia.
Durante el acto, la AEPNAA ha dado a conocer el manifiesto “Cada minuto cuenta”, al que se han adherido la SEAIC y la SEICAP, con la intención de presionar a las administraciones para que impulsen un protocolo de alcance estatal que unifique la prevención y la respuesta ante estos episodios, garantizando la protección de los menores con riesgo de anafilaxia en los centros escolares.
“Las familias viven con la incertidumbre permanente de saber si su hijo estará protegido ante una emergencia. Los profesionales sanitarios, pediatría, Atención Primaria, alergología, Urgencias y enfermería conocen bien esta realidad. La anafilaxia no admite demoras, improvisaciones ni vacíos de responsabilidad”, ha subrayado la vocal de la junta directiva de AEPNAA, Gabriela Huelin.
El documento incide en la necesidad de asegurar una formación adecuada del personal de los colegios y de dotarle de respaldo legal para intervenir, así como de garantizar la presencia de autoinyectores de adrenalina en los centros educativos, con procedimientos claros sobre su custodia, acceso y administración.
Además, el manifiesto reclama la elaboración de planes individualizados para cada menor con riesgo conocido, consensuados entre la familia, el colegio y el equipo sanitario de referencia, y plantea la creación de una coordinación estable entre los sistemas sanitario y educativo que permita un seguimiento homogéneo y una respuesta eficaz y equitativa en todos los centros.
Incidencia creciente y falta de capacitación
El presidente de la SEAIC, Ignacio Dávila, ha respaldado el texto recordando que la anafilaxia “no admite demoras” ni en el abordaje ni en la prevención y requiere una actuación “inmediata y coordinada”. Entre 2016 y 2021 se han registrado más de 2.500 hospitalizaciones por anafilaxia pediátrica, con una incidencia estimada de entre 3,2 y 30 casos por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en alrededor de 14.000 episodios anuales en España.
“La tendencia es ascendente y nos preocupa”, ha señalado, para después advertir de un “déficit” en la preparación para administrar el tratamiento adecuado. Según ha expuesto, entre el 50 y el 75 por ciento de los trabajadores de los centros educativos nunca ha recibido formación específica en alergia alimentaria y “mucho menos” en anafilaxia, mientras que menos de un 15 por ciento identifica el autoinyector de adrenalina y las cifras son “menores” entre quienes saben utilizarlo correctamente.
En este contexto, Dávila ha reconocido que resulta “complicado” para el personal docente y no docente inyectar adrenalina sin una capacitación previa, ya que implica una “responsabilidad”. Al existir además un número reducido de enfermeras escolares, ha indicado que con frecuencia se recurre primero a otros medicamentos, como los antihistamínicos, que “no tienen el mismo efecto” y suponen “retrasar” una intervención realmente efectiva.
La representante de SEICAP Cristina Ortega ha puesto el acento en las consecuencias que la anafilaxia tiene en la vida cotidiana de los menores. “Aprende desde muy pequeño que debe ser responsable y tener cuidado con lo que come, aprende a preguntar por los ingredientes de la comida antes de llevársela a la boca. Esto genera ansiedad, miedo y, en muchos casos, sensación de diferencia respecto a sus compañeros”, ha indicado.
Ortega ha remarcado que la seguridad en los colegios “no puede ser opcional”, especialmente teniendo en cuenta que los menores pasan allí cerca de un tercio de su jornada diaria. No obstante, ha advertido de que “la realidad actual presenta limitaciones legales” y varía en función del territorio. En numerosos casos, la normativa no obliga al personal escolar a intervenir de forma directa y el deber de socorro se limita a avisar a los servicios de emergencias.
Modelos de referencia: Reino Unido y Baleares
La presidenta de la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica (EAACI), María José Torres, ha defendido que el sistema sanitario debe avanzar “de forma valiente” para salvaguardar la vida de quienes padecen alergias y ha propuesto mirar hacia Reino Unido como ejemplo.
Ha recordado que en 2021 entró en vigor en ese país la Ley Natasha, que obliga a detallar todos los ingredientes y alérgenos en los alimentos preenvasados para venta directa, como los sándwiches. Más recientemente, se ha aprobado otra norma destinada a reforzar la actuación de los centros escolares frente a las reacciones alérgicas.
“A partir de septiembre de 2026, será obligatorio para todas las escuelas de Inglaterra disponer de autoinyectores de adrenalina de repuesto en el centro, proporcionar formación anual obligatoria a todo el personal e implementar planes de salud individuales y políticas de alergias auditables”, ha precisado.
En el ámbito español, Baleares se ha posicionado como una de las comunidades pioneras en la redacción de una regulación específica para prevenir, detectar y atender reacciones anafilácticas en los centros educativos no universitarios. Así lo ha explicado la directora general de Salud Pública de la Consejería de Salud, Elena Esteban, quien ha destacado el trabajo conjunto que se está llevando a cabo con la Consejería de Educación.
“El objetivo es establecer protocolos claros de actuación, mecanismos de formación y protección del personal, dotación de medicación de emergencia, incluidos autoinyectores de adrenalina, y sistemas eficaces de coordinación interadministrativa necesarios para la prevención, detección y atención inmediata”, ha afirmado.
Según ha indicado, se está avanzando “activamente” en esta normativa, con la intención de que vea la luz “muy pronto” y proporcione “un marco jurídico completo, homogéneo y garantista” que refuerce la seguridad sanitaria en los colegios.
En la jornada también han participado Soledad Galé y Jennifer Oronoz, madres de menores con alergia, que han compartido sus vivencias y han reclamado “solidaridad”, “visibilidad” y “empatía” para que todos los niños puedan llevar una vida lo más normal posible y asistir con seguridad a cumpleaños, celebraciones o campamentos.
“Queremos participar en todo, queremos ser parte de la sociedad, y ahora mismo creo que no lo somos”, han concluido, pidiendo al Congreso de los Diputados un respaldo legislativo claro.