QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Emilio Sáez, portavoz de Discapacidad del PSOE, ha subrayado el “gran avance social” que representa el reciente decreto promulgado por el Gobierno para implementar la Ley ELA, con una asignación inmediata de 500 millones de euros adicionales destinados a la Ley de Dependencia.
Durante un evento en el Congreso con representantes de afectados por la ELA, organizado por la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) en el aniversario de la ley, Sáez expuso las últimas actualizaciones de la ley hechas por el Gobierno, que incluyen una expansión de medidas, financiación y derechos para pacientes con enfermedades irreversibles.
«El fortalecimiento del sistema para la autonomía y atención a la dependencia y servirá para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley ELA», afirmó Sáez, quien representaba al Grupo Parlamentario Socialista en la reunión. Además, destacó que las nuevas disposiciones representan una “ampliación de derechos que redundará en pacientes con este tipo de dolencias irreversibles y en sus familias”, e hizo un llamado a continuar colaborando en la mejora de la investigación, prevención y tratamiento de estas condiciones.
«Esta ampliación de la Ley ELA tiene un doble objetivo: fortalecer el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y, además, cumplir con el mandato y el plazo establecido en la Ley de 2024», explicó.
El portavoz celebró la considerable inversión de 500 millones de euros adicionales para la Ley de dependencia en 2025 y señaló que, con este aumento, la inversión total del Gobierno español en dependencia para ese año será de 3.729 millones de euros, la cifra más alta registrada hasta la fecha, a la que se añaden más de 800 millones de euros de fondos europeos transferidos a las comunidades autónomas en esta legislatura.
El Decreto también introduce nuevos criterios para extender las ayudas a enfermedades sin tratamiento conocido, que requieren cuidados complejos y de rápida progresión. «Permitirá acelerar los trámites de valoración de discapacidad y dependencia, dando cumplimiento al mandato legal de reducir los tiempos administrativos y evitar la desprotección en fases avanzadas de enfermedades o procesos irreversibles y de alta complejidad de cuidados», concluyó.
