QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo de Ministros, en su reunión del martes 1 de julio, ha dado el primer visto bueno al anteproyecto de ley de Consumo Sostenible, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esta normativa busca erradicar la publicidad de combustibles fósiles, controlar el incremento en los precios de reventa de entradas, y regular prácticas como la ‘publicidad del miedo’, la obsolescencia programada, el ‘greenwashing’ y la reduflación.
Pablo Bustinduy, titular del Ministerio, ha destacado en una conferencia de prensa que el anteproyecto incorpora la Directiva europea de empoderamiento para la transición ecológica y la de Derecho a reparar. «Es una ley ambiciosa que incluye muchísimas medidas», afirmó. Además, criticó el negacionismo climático asociado a sectores acomodados, subrayando que «en España, el 1% de la población contamina más que 12 millones de personas». Bustinduy argumentó que es crucial implementar una fiscalidad más alta para quienes más contaminan.
La nueva ley prohibirá específicamente la publicidad de productos energéticos que solo contengan derivados fósiles, como la gasolina, excluyendo al gas de esta restricción. También se vetarán los anuncios de vuelos cortos cuando haya alternativas más limpias disponibles y la publicidad de vehículos que operen únicamente con combustibles fósiles.
Respecto a la ‘publicidad del miedo’, la normativa exigirá que los anuncios incluyan datos cuantitativos o estadísticos para evaluar el riesgo de manera realista. «Hay ejemplos notorios en nuestro país de algunas industrias publicitarias que trabajan de manera sistemática estas sensaciones», señaló el ministro.
OBSOLESCENCIA PROGRAMADA Y ECOPOSTUREO
Asimismo, la ley abordará el ‘ecopostureo’, prohibiendo afirmaciones genéricas sobre la sostenibilidad de productos sin respaldo científico, y regulará el registro de nombres comerciales que puedan inducir a error sobre el desempeño medioambiental. En cuanto a la obsolescencia programada, la ley fomentará la reparación de productos, extendiendo la garantía legal doce meses adicionales si se opta por reparar en lugar de reemplazar.
La norma también establecerá un sistema de certificación objetiva para las valoraciones medioambientales de productos y un método para combatir la práctica de ocultar información sobre actualizaciones de software que perjudiquen la funcionalidad de dispositivos.
En relación con la reventa de entradas, la ley prohibirá esta actividad si implica un aumento de precio por encima del IPC, como medida contra la especulación. «Es una práctica abusiva, especulativa, que no aporta ningún valor a la industria cultural», explicó Bustinduy. Además, la ley exigirá a las empresas que notifiquen cualquier reducción en el contenido de un producto sin reducir su precio.
Tras la fase de audiencia e información pública, el anteproyecto será nuevamente debatido en el Consejo de Ministros y posteriormente enviado al Congreso para su aprobación final.
