QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La agrupación ‘Stop Macrogranja Llucmajor’ ha exigido al Juzgado de Instrucción número 11 de Palma que investigue por encubrimiento y fraude a las entidades que otorgaron el certificado de bienestar animal ‘Welfair’ a una granja de aves en Llucmajor, apenas una semana antes de que la Conselleria de Agricultura clausurara un espacio por graves deficiencias, tras revelarse imágenes de los animales en condiciones insalubres, rodeados de ratas y cadáveres.
En un anuncio oficial, la coalición vecinal ha mencionado que estas acciones también podrían constituir estafas hacia los consumidores de Baleares, quienes pagarían más por estos productos avalados por el sello.
La plataforma ‘Stop Macrogranja Llucmajor, sense olors ni mosques’ ha presentado una solicitud formal ante el mismo juzgado, que ya ha iniciado procedimientos por presuntas violaciones de leyes contra el maltrato animal y ambiental, tras las fotografías difundidas por ARDE y Satya Animal.
Reclaman que la firma certificadora del sello de bienestar animal entregue al tribunal toda la documentación de auditorías realizadas desde que se concedió el certificado. La revisión más reciente por parte de la certificadora privada fue el 20 de mayo, justo una semana antes de que se expusieran públicamente las condiciones de la granja por ARDE y Satya Animal, momento en que la Conselleria de Agricultura intervino, imponiendo 7 sanciones severas por un total de 200.100 euros y cerrando una de las instalaciones.
El documento detalla esta contradicción entre las acciones de la certificadora y la Conselleria y sugiere que los auditores privados «podrían haber estado actuando en complicidad con Avícola Son Perot respecto al presunto maltrato animal al no trasladar a las autoridades los hechos de sanidad animal y bioseguridad que hubieran podido observar».
La entidad denunciante ha sostenido que los encargados de la certificación ‘Welfair’ igualmente «podrían estar incurriendo en un presunto delito de estafa al añadir su sello a los envases de los huevos camperos y de suelo».
De acuerdo con la plataforma, el bienestar animal es un tema crucial para el consumidor español y un 91 por ciento considera que es esencial proteger el bienestar de los animales de granja, mientras que un 50 por ciento estaría dispuesto a pagar más por un producto que garantice un mejor trato animal.
El sello privado se fundamenta en la observación directa del animal y evalúa aspectos como la buena alimentación, el alojamiento adecuado, la salud y el comportamiento apropiado, además de un cumplimiento estricto de la legislación.
La asociación agregó que la granja de Llucmajor ha acumulado varios expedientes sancionadores por incumplimientos normativos. En particular, en 2023, una multa de 150.000 euros por falta de autorización ambiental integrada y por mantener un estercolero al aire libre. En 2024, la Conselleria de Agricultura suspendió la cría de gallinas camperas. Y en 2025, la multa de 200.100 euros por la presencia de cadáveres en descomposición y ratas, entre otros descubrimientos.
«El consumidor adquiere y consume estos productos confiando en la certificación en bienestar animal, al entender que los animales han sido tratados y criados en unas condiciones superiores de bienestar animal. Ello no se ha visto traducido en la realidad de la explotación avícola investigada y AENOR e IRTA han podido obtener un lucro significativo», han argumentado.
Según la plataforma, el hecho de que los huevos de la explotación investigada dispongan de certificación en bienestar animal ‘Welfair’ podría estar influyendo en que comprador pague más por un producto que, según las investigaciones, no dispone de un mejor bienestar animal que el estándar de la industria.
