El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decidido la reclusión provisional y sin fianza de José Luis Ábalos, exministro, y Koldo García, su anterior asesor, ante el inminente juicio por supuestas anomalías en la asignación de contratos de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes durante la crisis sanitaria. Esta situación es histórica, ya que es la primera vez que un diputado en activo debe ingresar en prisión.
Fuentes legales informaron a Europa Press que después de evaluar las medidas cautelares previas, que incluían la prohibición de salida del país y comparecencias periódicas, el magistrado accedió a las solicitudes del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y de las acusaciones populares encabezadas por el PP, quienes argumentaron que el riesgo de fuga ha aumentado significativamente al enfrentarse a condenas de hasta 30 años.
Ábalos llegó al tribunal a las 9:12, portando únicamente una mochila de cuero marrón, y aunque no hizo declaraciones inicialmente, aseguró al final de la audiencia que no tenía intenciones de fugarse, alegando que no poseía recursos económicos ni destino a dónde ir. Según fuentes, el exministro se mostró muy afectado durante la espera de la resolución. Su defensa, liderada por Carlos Bautista, insistió en que no existía peligro de fuga debido a su cargo como diputado, y que encarcelarlo antes de una condena infringiría su derecho a la representación política.
Por otro lado, Koldo, asistido por su abogada Leticia de la Hoz, llegó puntualmente y su defensa argumentó su arraigo familiar como razón suficiente para descartar un riesgo de fuga. Durante su intervención, Koldo reafirmó su compromiso de no huir y expresó que todos merecen una oportunidad de enmendar errores.
En cuanto a la fiscalía, se mostró firme especialmente en el caso de Ábalos, destacando que su posición en el Gobierno le facilitó cometer los delitos. El fiscal enfatizó que ningún estamento del Estado está exento de responder ante la justicia.
A UN PASO DE JUICIO
El 3 de noviembre, Puente propuso llevar a juicio a Ábalos, Koldo y al empresario Víctor de Aldama, por presuntas comisiones ilegales en contratos de material sanitario. La fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19,5 años para Koldo, mientras que las acusaciones populares demandan hasta 30 años. Además, se solicitan 7 años para Aldama, cuya confesión destapó la trama.











