El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha citado a declarar este jueves en calidad de investigado al empresario Víctor de Aldama, a partir del informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de suministro de material sanitario adjudicados por el Govern balear a la presunta trama de mascarillas.
Inicialmente, el empresario debía comparecer el 14 de mayo junto a Koldo García, exasesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ambos como investigados. No obstante, Moreno decidió posponer la declaración de Aldama a la semana siguiente, según consta en una providencia a la que tuvo acceso Europa Press, una vez “verificada la agenda de señalamientos” de la Audiencia Nacional.
Koldo optó por acogerse a su derecho a no declarar, tal y como indicó a los medios su abogada, Leticia de la Hoz. La letrada presentó un recurso ante el magistrado responsable del 'caso Koldo' solicitando el archivo de la causa y la suspensión del interrogatorio, al considerar que los hechos sobre los que iba a ser preguntado ya fueron enjuiciados por el Tribunal Supremo.
De la Hoz sostuvo que Koldo estaba citado para declarar sobre las mascarillas de Baleares y Canarias cuando “ya ha sido objeto de juicio en el Tribunal Supremo porque el fiscal y la acusación popular ya lo incorporaron en las conclusiones definitivas”. “Además, fue objeto de prueba, porque solicitamos la declaración de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres y, efectivamente, se llevó a cabo” en el juicio, recordó, en referencia a los expresidentes autonómicos de ambas islas.
La Fiscalía Anticorrupción interesó la comparecencia de Koldo y Aldama tras el informe de la UCO relativo a Baleares, con el fin de profundizar en los vínculos entre los integrantes de la supuesta organización criminal en la que figurarían, entre otros investigados, Aldama, Koldo y Ábalos.
Ese informe subrayaba que los contratos de material sanitario, firmados en el contexto de la pandemia de coronavirus, “constituirán parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo”, una dinámica que permitía al empresario “tener acceso” al exministro.
Además, apuntaba que esta “relación económica” se prolongó hasta ocho meses después de que Ábalos y Koldo fueran cesados del Ministerio de Transportes en julio de 2021, de modo que “este patrón” de pagos de Aldama no se “ceñirá a actuaciones concretas” sino “al aseguramiento de su capacidad de influencia” para lograr “un lucro económico”.
El magistrado Ismael Moreno mantiene abiertas varias líneas de investigación. La principal, que dio origen al procedimiento, se centra en las presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, parte de las cuales ya fue enjuiciada por el Tribunal Supremo con Ábalos, Koldo y Aldama en el banquillo, debido a la condición de diputado aforado que ostentaba el exministro cuando fue procesado.
En esta causa también se indagan supuestos amaños en contratos de obra pública y los pagos en efectivo del PSOE entre 2017 y 2024 para reembolsar gastos adelantados, una pieza que permanece bajo secreto de sumario.