QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda la declaración voluntaria que fijó para el miércoles 25 de junio y le cite a comparecer el próximo julio para que a su abogado le dé tiempo para estudiar toda la documentación de la causa.
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha presentado ante el magistrado Leopoldo Puente, que investiga al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al exasesor de éste Koldo García por formar parte de una trama de presunto cobro de comisiones a cambio de amaños de adjudicaciones de obra pública en la que — según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil– también estaría involucrado el propio Cerdán.
El abogado de Cerdán, el exdiputado de la CUP y abogado del ‘procés’ Benet Salellas, recuerda que cualquier investigado tiene derecho a «disponer del tiempo y facilidades adecuadas para la preparación de la defensa». Y solicita la suspensión de su citación al entender que «en este momento no dispone de tiempo suficiente para la obtención del expediente, el estudio de la causa y la preparación de la estrategia de defensa».
En este sentido, sostiene que su petición «se halla justificada ante el volumen y la complejidad de la causa, la diversidad de hechos que se imputan, la pluralidad de delitos y de intervinientes, así como la relevancia pública y social del asunto».
«Tan convencida se encuentra esta parte de esta petición que en el caso que fuera denegada, ya anticipamos que conllevaría la decisión de acogernos al derecho a no declarar en la cita del día 25 de junio y simultáneamente volver a solicitar una nueva declaración», avisa el letrado, aunque advierte de que el 3 de julio no podría acudir porque tiene señalada una vista en Barcelona.
Fue el pasado 12 de junio cuando el magistrado ofreció a Cerdán la posibilidad de declarar de forma voluntaria ante el Supremo tras recibir el informe de la UCO en el que se analizan varias grabaciones que realizó Koldo García entre 2019 y 2023, incautadas por los agentes en los registros de febrero de 2024, cuando estalló el caso.
Puente realizó aquel ofrecimiento a Cerdán cuando todavía era diputado del PSOE en el Congreso. Días después, el exdirigente socialista renunció a su escaño, confirmó al magistrado que acudiría el 25 de junio y cambió de abogado.
Está previsto que el 23 de junio, dos días antes de la fecha en la que está citado Cerdán, vuelvan al Supremo a declarar como investigados Ábalos y Koldo.
PIDE LA ESCRITURA QUE SITÚA A CERDÁN COMO DUEÑO DEL 45% DE SERVINABAR
La defensa también ha presentado otro escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que solicita al magistrado que reclame a la Policía Judicial que remita «de forma urgente» la «escritura privada de compraventa de participaciones sociales, firmada entre Joseba Antxón Alonso Egurrola (en condición de administrador único de Servinabar 2000) y Santos Cerdán».
Se trata del documento que la UCO encontró en el registro del domicilio de Alonso Egurrola que revela que Cerdán era dueño del 45% de Servinabar, una de las principales empresas vinculadas a la presunta trama de amaños de obra pública. Según los investigadores, dicha compañía se hizo con adjudicaciones del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.
El abogado de Cerdán quiere que la Policía envíe dicho documento al tribunal «con el fin de realizar las comprobaciones pertinentes sobre el mismo, de poder acudir a la notaría pertinente a cotejarlo y de poder declarar sobre el mismo en el momento que se practique la diligencia de declaración de investigado».
CERDÁN, EN EL ORIGEN DE PRESUNTAS ADJUDICACIONES IRREGULARES
La llegada de Cerdán al procedimiento tiene lugar a raíz del informe, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, en el que la UCO sitúa a Cerdán como origen de una presunta trama de cobro de comisiones por obra pública. Según los agentes, su protagonismo varió: menguando primero, para «gestionar pagos» a Ábalos y a Koldo –solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros–; para finalmente volver a ascender.
La Guardia Civil sostiene que la operativa habría comenzado en Navarra, área de influencia de Cerdán y Koldo, quienes tenían «una estrecha relación» a cuenta de la política local; y en el año 2015, desde cuando la UCO observa «una continuidad temporal» en las relaciones de García con Acciona.
El detonante sería «una explotación minera de potasa entre Navarra y Aragón vinculada a la mercantil Geoalcali», que «contrató los servicios de Acciona» en una Unión Temporal de Empresas (UTE) con «otra pequeña mercantil, Servinabar», una de las empresas registradas el pasado martes en el marco de estas pesquisas. La UCO explica que «el valor añadido» de esta última cobra «sentido» por «la relación existente entre Santos, Koldo y ambas empresas».
La Guardia Civil relata que la relación entre Cerdán y García trascendió a esa primera etapa en Navarra. Así, cuando en 2017 el primero fue nombrado secretario de Coordinación Territorial del PSOE, «se trasladó a Madrid junto con Koldo». Sobre esto la UCO recuerda que fue el propio Santos quien dijo haber presentado a García a Ábalos y promoverlo para que le contrataran como su chófer. «Menos de un año después», ya era el asesor del ministro.
«Esta etapa ministerial que se inició en ese momento dejaría entrever el hecho de que Santos promoviera la cercanía de Koldo a Ábalos, lo que le habría permitido poder ejercer cierta influencia en adjudicaciones concretas de obra pública en favor de Acciona, así como en posibles nombramientos de puestos orgánicos en el Ministerio de Transportes», expone la UCO.
La UCO presenta a Koldo como el «hilo conductor», en un entramado de relaciones donde inicialmente «estaba jerarquizada, quedando patente la subordinación» de García a Cerdán, pero que paulatinamente se invirtió con el salto ministerial. Y es que, indican los agentes, «los contratos presuntamente amañados permanecían bajo el dominio del Ministerio de Transportes: Adif y la Dirección General de Carreteras».
De hecho, detallan que «Koldo se valía, presuntamente, de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del director general de Carreteras, Javier Herrero». Los agentes destacan una conversación, de 2020, en la que García pidió a Pardo de Vera una adjudicación para LIC. «Le hemos dado una de 700.000, hace nada, eh. Hace nada, es que otra vez va a cantar, déjamelo mirarlo», contestó ella.
INFLUENCIA Y GESTIÓN DE PAGOS
La UCO llama la atención sobre «la discrecionalidad con la que se adjudicaban obras en el Ministerio de Transportes» y, en concreto, le «resulta de especial relevancia» que Ábalos ordenara a Koldo que «hablara con Santos antes de decidir nada», cuando «éste no ostentaba cargo alguno dentro del Gobierno».
En esa nueva tesitura, Cerdán habría quedado relegado a «gestionar pagos». La Guardia Civil da detalle en su informe de algunas de estas «contraprestaciones económicas». En concreto, las «dimanantes presuntamente de Acciona, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Cerdán, ascenderían a 620.000 euros, si bien a criterio de Koldo aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono».
En una conversación intervenida, Koldo explicó a Cerdán que Ábalos habría percibido 550.000 euros de dos adjudicaciones de Murcia, quedando por abonarle 450.000. Cerdán se comprometió con García a conseguir ese dinero: «Voy a ir a por todo, voy a ir a pedir todo».
Los agentes también detallan otra charla entre Koldo y Ábalos en la que el primero le conmina a conseguir que Cerdán le «reciba cinco minutos». «Y te consigo 450.000 euros. Necesitamos eso. Y él está capacitado, porque Óscar (Puente, según la UCO) le escucha. Conseguimos 2 putas obras y que le follen», indicó.
