Francisco de Jorge, magistrado de la Audiencia Nacional, ha iniciado un proceso de investigación contra José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, por supuestos delitos de contrabando y complicidad en un crimen de lesa humanidad o genocidio, tras la venta no autorizada de acero a la empresa Israel Military Industries (IMSI).
La investigación se extiende a otros dos altos cargos de la empresa, bajo la sospecha de que conocían el destino final del acero como material para armamento, según reveló la Audiencia Nacional. La operación se realizó sin las licencias gubernamentales requeridas, de acuerdo con un documento de la Comisaría General de Información del 10 de septiembre.
El juez ha destacado que los eventos relacionados con Gaza son ampliamente conocidos, respaldados por reportajes constantes en los medios y las evaluaciones preliminares de delito del Tribunal Penal Internacional, además de las denuncias de Francesca Albanese y de la UNRWA, entre otros.
La responsabilidad también recae en la empresa Clerbil SL, administradora única de Sidenor Holdings Europa, aunque Sidenor Aceros Especiales SLU no será investigada como entidad jurídica por el momento, debido a la cooperación de sus empleados en denunciar y prevenir más violaciones, conforme a la Directiva (UE) 2019/1937 y la ley 2/2023, de 20 de febrero.
El levantamiento del secreto del sumario permite revelar que los tres implicados han sido citados a declarar el 12 de noviembre, tras una querella presentada por la Asociatión Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, que podría llevar a acusaciones de contrabando y complicidad en crímenes de lesa humanidad o genocidio, según los artículos 29 y 607 bis, o el artículo 607 del Código Penal.














