La Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024, l'Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O y Damnificados por la DANA de l'Horta Sud de València han solicitado formalmente a la Conselleria de Justicia que conserve los puestos de refuerzo y el equipo que actualmente asiste a la jueza que instruye la gestión de la devastadora dana del 29 de octubre de 2024, que causó 230 fallecidos en la provincia de Valencia.
Según han explicado en un comunicado, las asociaciones han presentado un escrito ante la Conselleria por la situación de los refuerzos en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. En la carta expresan su “preocupación” por el impacto que puede tener la reducción de medios en una causa que consideran “clave para la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”.
Los colectivos censuran la decisión de recortar parte del personal de refuerzo adscrito al juzgado y recuerdan que, tal como advirtió la magistrada instructora de la dana, la supresión de cuatro de los cinco puestos de apoyo acarreará una demora muy significativa en la investigación.
Para las asociaciones, resulta “especialmente grave” que la medida afecte a un equipo que lleva meses dedicado en exclusiva a este procedimiento, “con personal que conoce perfectamente el procedimiento y que funciona ya como un equipo coordinado y especializado”.
Subrayan que “no se trata solo de mantener unos puestos de trabajo, sino de evitar la pérdida de un equipo humano que ya conoce a fondo la causa y que resulta esencial para su buen desarrollo”.
Recuerdan igualmente que las víctimas han defendido “desde el primer momento” que la administración de justicia debe contar con recursos “suficientes, estabilidad e independencia para poder actuar con rigor, celeridad y garantías. La tutela judicial efectiva no es una mera declaración simbólica, sino que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución”.
Por ello, consideran “preocupante” que, mientras la sociedad valenciana sigue exigiendo verdad, justicia y reparación, la Conselleria adopte decisiones que, a su juicio, “impulsen decisiones que pueden ralentizar la investigación”.
Compatibilidad con la estabilización del personal
Las entidades insisten en que sus demandas son “plenemente compatibles” con el derecho del personal funcionario a estabilizar sus plazas y con los procedimientos legales de provisión y consolidación del empleo público.
“Las víctimas --han añadido-- no cuestionamos los derechos laborales del personal de la Administración de Justicia. Precisamente por eso, consideramos que corresponde a la Conselleria organizar adecuadamente los recursos humanos y materiales para que los procesos de estabilización no impliquen el desmantelamiento de los equipos especializados ni una afectación negativa sobre una causa judicial de enorme trascendencia social y humana”.
En consecuencia, reclaman que se mantengan íntegros los puestos de refuerzo adscritos al juzgado y que se garantice la continuidad funcional y la estabilidad de los equipos vinculados a la instrucción, “preservando íntegramente el equipo que ya trabaja en ella”.
Además, exigen que los procesos de estabilización del personal se compatibilicen con un refuerzo efectivo de los recursos humanos del órgano judicial; que exista una garantía pública de que no habrá retrasos ni merma de medios personales y materiales; y que se adopte un compromiso real y verificable de refuerzo de la Administración de Justicia.
Advierten de que “las víctimas no podemos aceptar decisiones que ponen en riesgo la celeridad y la eficacia de una investigación judicial imprescindible para el derecho a la verdad y la reparación. Continuaremos defendiendo una justicia con recursos, independiente y respetuosa con las víctimas”.
Respuesta de la Conselleria de Justicia
Por su parte, la Conselleria de Justicia sostiene que la Generalitat es “especialmente sensible” ante una causa “tan delicada y con tantas personas afectadas” y asegura que “ha garantizado, garantiza y garantizará en todo momento los recursos necesarios para que la causa se instruya con las máximas garantías”.
En esta línea, remarca que el juzgado que lleva la causa de la riada dispondrá “con el mismo número de funcionarios” y que la magistrada instructora “dispondrá del mismo número de personas en todo momento durante el proceso de estabilización”.
El departamento que encabeza Nuria Martínez recuerda que hace dos semanas la consellera acudió al Tribunal de Instancia de Catarroja y se reunió con su presidente para trasladarle “personalmente” el “compromiso” de la Generalitat de “garantizar” que la jueza que instruye la causa de la riada “continuará contando con el mismo número de funcionarios tras el proceso de estabilización de las plantillas de los juzgados”.
La titular de Justicia afirma que, en el caso de Catarroja, “no va a producirse la situación de que se quede una silla vacía durante el proceso de estabilización” y que la magistrada contará “en todo momento con las personas necesarias para que le den cobertura y pueda seguir avanzando con la instrucción porque lo que queremos es que ella cuente con todos los medios precisos”.
Asimismo, durante su visita, Martínez se interesó por las posibles necesidades materiales del juzgado instructor y, por ello, sostiene que “no se puede hablar ni de supresión de recursos ni de una posible dilación en la instrucción”.