El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado la decisión de la Audiencia Provincial de Córdoba, que impuso una sanción de seis meses de inhabilitación a un guardia civil por no procesar adecuadamente una denuncia. El agente es considerado responsable de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, al retener una denuncia que implicaba a compañeros de la Benemérita en robos de ganado en el norte de Córdoba.
El fallo del tribunal andaluz desechó el recurso de apelación del acusado, manteniendo la sentencia inicial, aunque el guardia civil aún puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Se estableció que el acusado, en la primavera de 2016 y con el rango de sargento, contactó a un comerciante de ganado haciéndose pasar por ganadero para indagar sobre robos en la región. Posteriormente, citó al hombre para que declarase en el cuartel.
El 13 de mayo de 2016, este comerciante denunció los robos, señalando a varios guardias civiles entre los implicados. Sin embargo, el sargento no solo no procesó la denuncia, sino que la retiró de su despacho y la llevó a su casa, ignorando las recomendaciones de su compañero que había actuado como secretario al recibir la denuncia.
















