La defensa de Salomé Pradas extiende su reclamación al CGPJ por la gestión del caso de la dana en Valencia

La representación legal de Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior y actualmente bajo investigación por su papel en la gestión de la dana del 29 de octubre, que resultó en 228 muertes en Valencia, ha decidido ampliar la queja inicial presentada en mayo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta ampliación apunta a incluir la negativa a la transcripción completa y textual de la declaración que Pradas dio el 11 de abril.

Desde el despacho Kepler-Karst Law Firm, que defiende a Pradas, se ha impugnado la decisión de no transcribir de forma «íntegra y literal» su declaración, que duró cerca de tres horas y en la que se enfrentó a unas 140 preguntas. La defensa ha señalado que la transcripción oficial se redujo a un resumen de 10 páginas, omitiendo las preguntas, citas legales y matices que podrían ser cruciales para la defensa, según se informó en un comunicado.

Además, la defensa ha solicitado consolidar las aproximadamente 40 acusaciones en el caso, buscando «agilizar» el proceso. Sin embargo, la jueza ha establecido un plazo «inexistente» en la etapa de instrucción para que las acusaciones populares y particulares presenten los indicios de responsabilidad penal contra Pradas y Emilio Argueso, ex secretario autonómico y también investigado. Esta decisión podría llevar a un «juicio anticipado de culpabilidad impropio de la fase de instrucción», lo cual ya había sido discutido en un plazo previo de 15 días concedido para comentarios sobre la consolidación de las acusaciones.

Esta extensión de la queja se añade a preocupaciones anteriores comunicadas al CGPJ el 14 de mayo de 2025. En ese momento, la defensa argumentaba que la conducción de la instrucción por parte de la magistrada presentaba «irregularidades» que comprometían las garantías procesales y el derecho de defensa de Pradas, incluyendo resoluciones judiciales con afirmaciones sin evidencias suficientes, una predeterminación del objeto de la instrucción, la denegación repetida de diligencias requeridas y restricciones al derecho de defensa durante las declaraciones, además de la posible participación de personas no relacionadas con el proceso judicial.