La defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos sostuvo este miércoles ante el Tribunal Supremo que Jéssica Rodríguez, su expareja, actuó como “gancho” del empresario Víctor de Aldama y defendió que la adjudicación de contratos de mascarillas a una empresa vinculada al conseguidor del 'caso Koldo' “se produjo de forma absolutamente normalizada”.
El letrado Marino Turiel, en la presentación de su informe final, explicó que el piso del centro de Madrid en el que residía Jéssica —uno de los extremos que se analizan como posible favor al exministro— no constituía una dádiva dirigida a Ábalos.
Turiel justificó que preguntara a la mujer si se dedicaba a la prostitución cuando compareció como testigo porque, a su entender, “lo que subyace en toda esta historia es que se produce una captación”.
“No se trata de connotar negativamente a esta mujer, sino de establecer una relación estrictamente mercantil y de captación, que es lo que además sucede dentro de todas las redes de contubernio para obtención de determinadas cosas”, expuso el abogado ante la Sala.
El defensor subrayó asimismo que el exministro “no utilizó el inmueble, no tiene las llaves, no es para él, no duerme, no pernocta, no tiene ningún tipo de acceso”, sino que el piso funcionaba únicamente como “un sitio de contacto con ella”.
“No era su inmueble. Con lo cual, la dádiva no era para él. En todo caso, era una dádiva conformada por el señor Aldama en relación a su propio interés, es decir, a ella misma”, añadió Turiel, desligando a Ábalos de cualquier beneficio directo.
A juicio del abogado, “existe un interés por parte del nexo corruptor”, en alusión a Aldama, quien habría tenido la “intención” de “congratular al ministro” a través de esa relación.
Defensa de la contratación de mascarillas
En relación con la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Turiel citó un correo electrónico interno en el que se concluye que la propuesta de Soluciones de Gestión —la compañía vinculada a Aldama— “es la más viable”.
Según defendió, “ese criterio de viabilidad, ese criterio de oportunidad de la viabilidad, no supone una elección indicativa de ninguna actuación delictiva, sino que no había mascarillas en ninguna parte y que realmente esa era la más viable”.
Con ese mismo argumento, el abogado sostuvo que “se contrata con Soluciones de Gestión y, por cierto, se contrata con eficacia y con resultado cierto”. Además, señaló que “intentaron contratar con otras entidades, aspecto que se oculta, porque las otras entidades fueron absolutamente fallidas”.
Respecto a la modificación del pedido inicial de cuatro a ocho millones de mascarillas, Turiel remitió a la versión ofrecida por Aldama ante el magistrado instructor, atribuyéndola a un error de Correos, que habría transferido el importe de las mascarillas antes de que la empresa dispusiera de todas las unidades comprometidas.
“El instructor le preguntó por qué se cambia la orden de cuatro a ocho (millones de mascarillas) y Aldama le explica que es que se ha producido un problema con Correos en una devolución, porque no había soporte contractual, les ingresan una cantidad de dinero, la cual tienen que devolver y se han colgado con las mascarillas”, relató Turiel ante el tribunal.
Para el abogado, se trata de “una explicación profunda, determinante, causalizada, de forma evidente, que pone de manifiesto que efectivamente existió esa situación”.
En cuanto al papel de Ábalos, concluyó que “fue una decisión política, el cambio de cuatro a ocho de forma legítima, de forma evidente y, sobre todo, lo hace de forma normal”, insistiendo en que no hubo “actuación delictiva” en la operación.