Alberto Durán, abogado del PP y responsable de la acusación popular en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo (TS) por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, ha denunciado este miércoles que los procesados "se lucraban con la enfermedad mientras los ciudadanos morían por millares cada día".
"Su propósito era corromper", ha afirmado en referencia al empresario acusado Víctor de Aldama, "a quien estaba presto para ser corrompido", aludiendo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García, igualmente sentados en el banquillo.
Según Durán, Aldama "estaba absolutamente involucrado e incrustado" en la trama. Ha sostenido que "se movía como pez en el agua en el Ministerio, hasta el punto de que levantó ciertas alarmas" entre quienes conocían sus movimientos.
El letrado ha precisado que "hay unos pagos periódicos concedidos por Aldama o su entorno a Ábalos y Koldo" por un importe de 10.000 euros. A ello ha añadido "un pago también periódico" que sería "la retribución del piso de Jéssica Rodríguez". En sus palabras, "hay unos pagos periódicos y hay unos pagos que aparecen".
Durán ha explicado además que, en un determinado momento, "los pagos se hacen a través del hermano de Koldo", Joseba García, tras un desencuentro entre el exasesor y el empresario.
ALDAMA SE MOVÍA "COMO PEZ EN EL AGUA" EN EL MINISTERIO
En esta línea, el abogado ha expuesto que, a partir de septiembre de 2021, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "ha señalado hasta nueve encuentros entre Joseba García y Aldama o su entorno".
Ha subrayado que "queda en evidencia primero que la iniciativa para esas reuniones con Joseba no parte de Joseba, que teóricamente va a protestar sobre un coche, sino que parte de Aldama".
Respecto al alquiler con opción a compra de una vivienda en el Paseo de la Castellana de Madrid, adquirida por el empresario como presunta dádiva para Ábalos, Durán ha indicado que el exministro "no ha sabido dar una explicación plausible" sobre este punto.
El abogado ha añadido que "esto ocurría precisamente cuando se estaban discutiendo determinadas comisiones nada menos que de 500.000 euros al mes por la venta de petróleo".
"De modo que tiene lógica lo que dice el señor Aldama respecto de que esto constituía efectivamente una garantía para que Ábalos estuviera tranquilo", ha concluido el representante de la acusación.
La acusación popular reclama penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo, mientras que para Aldama solicita en torno a cinco años de cárcel, al aplicarle la atenuante muy cualificada de confesión.