La acusación popular ejercida por el PP ante el Tribunal Supremo (TS) en el juicio por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia ha denunciado este miércoles que los procesados "se lucraban con la enfermedad mientras los ciudadanos morían por millares cada día".
"Su propósito era corromper", ha afirmado el letrado Alberto Durán sobre el empresario acusado Víctor de Aldama, "a quien estaba presto para ser corrompido", en alusión al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, igualmente sentados en el banquillo.
El abogado ha subrayado que Aldama "estaba absolutamente involucrado e incrustado" en la organización. "Se movía como pez en el agua en el Ministerio, hasta el punto de que levantó ciertas alarmas", ha indicado ante el tribunal.
Según Durán, "hay unos pagos periódicos concedidos por Aldama o su entorno a Ábalos y Koldo" por un importe de 10.000 euros. A ello ha añadido "un pago también periódico" que sería "la retribución del piso de Jéssica Rodríguez" en la Plaza de España de Madrid, sufragado por la presunta red. El letrado lo ha sintetizado señalando que "hay unos pagos periódicos y hay unos pagos que aparecen".
Ha explicado además que, en un determinado momento, "los pagos se hacen a través del hermano de Koldo", Joseba García, después de un desencuentro entre el exasesor y el empresario. En esta línea, ha detallado que desde septiembre de 2021 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "ha señalado hasta nueve encuentros entre Joseba García y Aldama o su entorno".
"Queda en evidencia primero que la iniciativa para esas reuniones con Joseba no parte de Joseba, que teóricamente va a protestar sobre un coche, sino que parte de Aldama", ha remarcado el abogado durante su intervención.
Ábalos "abrió el camino" y el papel de cada acusado
Durán ha defendido que en la presunta trama existía un "reparto funcional de cometidos", de forma que el exministro asumía "lo más grande", tal y como declaró en la vista el teniente coronel de la UCO Antonio Balas.
Según el letrado, "Ábalos es el que se encarga de abrir el camino a todos los demás con su influencia, no sólo en el Ministerio, es el ministro más importante, sino también es el secretario de Organización del PSOE, de modo que cualquier persona que esté vinculada a esa organización, sabe que lo que diga Ábalos le importa obedecerlo, porque desarrolla una esfera de influencia absolutamente innegable".
El representante de la acusación ha explicado que Koldo realizaba "el trabajo de campo, las gestiones con el resto de las personas", mientras que Aldama "se encarga de detectar las oportunidades de negocio y planteársela al resto de los miembros de la organización".
Ha añadido que la supuesta organización criminal "tiene ramificaciones y otras personas que evidentemente colaboran", entre ellas empresarios vinculados a Aldama, familiares de Koldo y responsables o empleados públicos que "con mayor o menor dedicación hayan influido también en estas cuestiones".
La acusación popular reclama penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo y, en el caso del empresario, alrededor de cinco años de cárcel al aplicarle la atenuante muy cualificada de confesión.
Adjudicación de mascarillas y posible prevaricación
En relación con la compra de mascarillas, Durán ha sostenido que, a juicio de la acusación popular, la adjudicación a una sociedad vinculada a Aldama se realizó "a dedo" y "colma todos y cada uno de los elementos del delito de prevaricación administrativa".
Ha precisado que no se trataría de "una mera ilegalidad administrativa", sino de "una vulneración grosera del ordenamiento jurídico". Ha recordado que "la empresa adjudicataria nunca había sido contratada por la administración pública, su objeto social no tenía nada que ver con el suministro de material sanitario".
Sin embargo, Durán ha apuntado que la compañía "conocía que iban a publicarse las órdenes con anterioridad a su publicación", de forma que "predeterminó las cantidades que iban a suministrar", lo que habría motivado la "duplicación del volumen".
Con ello se ha referido a la modificación de la orden ministerial para la adquisición de mascarillas, que pasó de cuatro a ocho millones en cuestión de minutos, según han relatado varios testigos durante el juicio.
El piso de Castellana y las comisiones por petróleo
Sobre el alquiler con opción de compra de una vivienda en el Paseo de la Castellana de Madrid que el empresario habría puesto a disposición de Ábalos como presunta dádiva, Durán ha indicado que el exministro "no ha sabido dar una explicación plausible" sobre este punto.
El letrado ha recordado que "esto ocurría precisamente cuando se estaban discutiendo determinadas comisiones nada menos que de 500.000 euros al mes por la venta de petróleo". "De modo que tiene lógica lo que dice el señor Aldama respecto de que esto constituía efectivamente una garantía para que Ábalos estuviera tranquilo", ha concluido.
Contratación de Jéssica Rodríguez en empresas públicas
En otro bloque de su informe, Alberto Durán ha subrayado que la incorporación de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, a las empresas públicas Ineco y Tragsatec "proviene del ministro".
Según su versión, "insiste Koldo de forma ansiosa" a Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, "para que llamen de una vez a esta chica". A juicio del letrado, "esto no pasa en una contratación normal. No es normal que la presidenta de Adif tenga que recibir un currículum del entorno de un ministro".
Al mismo tiempo, ha criticado que Koldo acompañara a la mujer a la entrevista de trabajo con Ineco y que "al día siguiente" ya figurara contratada.
Además, ha señalado que Jéssica "estaba estudiando y por tanto no podía ir a trabajar", pese a que "fichaba todos los días e hizo lo posible para aparentar" que cumplía con sus funciones.
Salvoconductos de Transportes durante el confinamiento
En cuanto a los salvoconductos que supuestamente emitía el Ministerio de Transportes y que permitían eludir las restricciones de movilidad durante el confinamiento, Durán ha recalcado que "son documentos oficiales" sin los cuales "no se podría hacer algo que los demás teníamos prohibido, que era circular y entrar y salir del territorio español".
Estos permisos "tenían una utilidad evidente", ha dicho el abogado: "Permitir la movilidad a personas que de otra forma no lo hubieran podido tener".
Ha añadido que los acusados "eran conscientes de la ilegalidad" de estas prácticas, aludiendo a que "el propio Koldo le dice a los usuarios de esos permisos que no los fotografíen, que no los entreguen, que no se los difundan a nadie".