Testigos propuestos por las defensas en el juicio del conocido como 'caso ataúdes', entre ellos empleados en activo y antiguos trabajadores del grupo funerario El Salvador, han negado que la empresa implantara un sistema ilícito y organizado para la reutilización o 'reciclado' de féretros y adornos florales con el fin de obtener beneficios extraordinarios. Al mismo tiempo, han coincidido en señalar que la persona que realmente mandaba y tomaba las decisiones en la compañía era Ignacio Morchón Alonso, el empresario ya fallecido.
Tras las sesiones anteriores, en las que los clientes perjudicados comparecieron ante la Audiencia de Valladolid para relatar sus experiencias al contratar los servicios de El Salvador —algunos por el trato recibido y otros al comprobar que el féretro pactado no coincidía con el utilizado finalmente—, este lunes el tribunal ha comenzado a escuchar las declaraciones de los testigos llamados por las defensas de los veintitrés acusados, dinámica que continuará la próxima semana.
Todos los citados, tanto antiguos empleados como operarios que aún siguen en plantilla, han asegurado de forma unánime que la prestación del servicio apenas generó quejas, salvo alguna aislada, y que nunca vieron ni sospecharon el supuesto 'cambiazo' de ataúdes.
"Yo fui el primer sorprendido cuando saltó este caso", ha manifestado Roberto Carlos B.G, operario del grupo entre 2004 y 2008 y de nuevo entre 2011 y 2015, quien ha insistido en que durante esos periodos no presenció ningún tipo de 'reciclado' de cajas ni de ornamentos florales ni escuchó a compañeros comentar que se estuviera llevando a cabo esa supuesta práctica ilegal.
Este testigo, al igual que otros después, ha recalcado en declaraciones recogidas por Europa Press que quien llevaba las riendas del negocio era Ignacio Morchón Alonso, ya fallecido, mientras que su esposa y sus tres hijos procesados "pintaban muy poco". Ha relatado además que el conocido como magnate del féretro decidió jubilarse en 2010 "por sorpresa, sin comunicarlo previamente", lo que provocó el bloqueo de las cuentas del grupo y originó problemas de pago con los proveedores.
Perfil de Justo M. y despidos polémicos
El exempleado, que manejaba maquinaria pesada, también ha sido preguntado por sus antiguos compañeros Sara M.P. y Justo M.G. La primera fue despedida, junto con su pareja, tras ser sorprendidos bebiendo en horario laboral, y el segundo fue señalado como la persona que trató de extorsionar a Ignacio Morchón Alonso para asegurarse una jubilación ventajosa a cambio de no difundir un informe con fotografías y anotaciones que constituye la base de la presunta trama fraudulenta.
Sobre Justo, ya fallecido, Roberto Carlos y otros ex operarios han coincidido en describirle como "un personaje muy raro, peculiar", con una relación tensa con el resto de la plantilla.
"Era un trabajador más pero casi siempre te acababa echando de recepción", ha reprochado el testigo, que también ha aprovechado para cuestionar la credibilidad de Sara M.P, la antigua empleada que en las primeras jornadas del juicio aseguró conocer el "reciclado" de féretros y afirmó que el asunto generaba cierta guasa entre los compañeros cuando salía el tema.
El testigo ha recordado que Sara y su entonces novio fueron despedidos por montar un "pitote muy gordo" una noche en la que ambos fueron descubiertos tomando copas y porros en horario de trabajo en la cafetería del tanatorio. "Hicieron también trompos con el coche a las puertas de tanatorio", ha añadido Roberto, antes de precisar que al día siguiente Ignacio Morchón Alonso decidió prescindir de los dos.
El aludido, Patricio F.M, ha intervenido por videoconferencia y se ha mostrado mucho menos concreto, respondiendo con un "no me acuerdo" a la mayoría de las cuestiones planteadas por las partes, escudándose en el tiempo transcurrido, más de dos décadas.
En todo caso, ha admitido que, si fue despedido, el motivo sería "razonable" y, pese a la forma en que terminó su relación laboral, ha asegurado no tener constancia de ningún cambiazo de féretros. Ha precisado que, de haberse producido, lo habría visto, ya que trabajaba como conductor y trasladaba a los fallecidos hasta el cementerio de Santovenia para su incineración.
En la misma línea de defensa del funcionamiento de la empresa se han pronunciado otros exempleados, como Rodrigo A.G, Jesús P.B, Rachid El B —quien ha negado además su implicación en la "sustracción" de dos féretros que le atribuyó en su día Justo M.G— y Montserrat B.V, que ha destacado la mala relación entre este último y el propietario de la funeraria.
Amenazas y conflictos internos en la funeraria
"¡Este hijo de puta lo va a pagar caro, lo van a ver sus hijos o sus nietos!", es la frase que, según Montserrat, pronunció Justo en referencia al empresario por negarse a contratar a su hijo, lo que, a juicio de la testigo, evidenciaría la animadversión de aquél hacia el dueño del grupo.
Otro testigo, Julián Enrique V, administrativo de Parque El Salvador desde hace más de treinta años, ha reforzado el relato sobre la complicada relación entre Ignacio Morchón Alonso y Justo Martín. Le ha descrito como una persona "uraña" cuyos desencuentros con el "jefe" se intensificaron no solo por la negativa a incorporar a su hijo a la plantilla, sino también por las sospechas de que Justo estuviera llevándose material para reformar su vivienda y sustrayendo gasóleo de la empresa para su vehículo particular.
Durante su declaración, el administrativo, que ha reconocido a preguntas del fiscal estar emparentado tanto con la familia Morchón como con otros acusados, ha insistido en que era Ignacio Morchón Alonso "el que dirigía y organizaba todo", incluso tras su jubilación, y que él fijaba el precio de venta al público de los féretros, cuyo coste de adquisición rondaba entre 90 y 100 euros.
El negocio de los féretros y la Operación Ignis
"Hoy en día, el precio básico de una caja es de unos 150 euros y se puede luego vender por unos 1.200 euros", ha puntualizado Julián Enrique, quien ha negado que el grupo funerario fingiera compras de féretros para encubrir la presunta actividad delictiva. Ha señalado que la propia Inspección de Hacienda verificó que la principal suministradora, la empresa Senovilla, había realizado efectivamente esas ventas y que lo que pudo darse es un "sobredimensionamiento en los precios que constaba en las facturas".
"Teníamos distintos proveedores, no sólo Senovilla, y entonces la compra la realizaba Ignacio padre mediante talones y más tarde por transferencia", ha recordado el testigo. También ha explicado que el casi millón de euros intervenido por la policía durante la 'Operación Ignis' en el domicilio de su jefe, hallado en el cuarto de la plancha, fue considerado por la Agencia Tributaria como "dividendos" de la empresa.
El juicio se interrumpe ahora hasta la próxima semana, cuando se retomará con el mismo esquema de sesiones los lunes, martes y miércoles, en las que está previsto que continúen desfilando por la sala más testigos propuestos por las defensas.