El fiscal general del Estado enfrentará un juicio exprés en noviembre y podría recibir sentencia antes de terminar el año

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, será llevado a juicio por el Tribunal Supremo (TS) acusado de una presunta filtración de información contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se espera que la audiencia se realice en noviembre y que sea de corta duración, pudiendo concluir con una sentencia antes de finalizar el año, de acuerdo con fuentes jurídicas citadas por Europa Press.

El proceso contra García Ortiz se inició el 9 de junio, cuando el magistrado Ángel Hurtado decidió procesarle. Aunque tanto él como la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, apelaron, solo Rodríguez fue exonerada de comparecer en juicio. Ahora, García Ortiz debe preparar su defensa tras el último paso dado por Hurtado, que ha abierto la puerta al juicio oral.

Se ha establecido una fianza de 150.000 euros para García Ortiz, que cubriría posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de la sentencia, incluyendo una indemnización solicitada por González Amador de 300.000 euros.

El tribunal que juzgará al fiscal general estará compuesto por siete magistrados, incluyendo a Manuel Marchena y Juan Ramón Berdugo, entre otros. La presencia de Ana Ferrer, considerada progresista, es notable frente a la mayoría conservadora del panel.

UN JUICIO COMPLEJO

Fuentes jurídicas anticipan un juicio complicado, no solo por la prominencia del acusado sino también por las complejidades probatorias del delito de revelación de secretos. Además, podrían añadirse cargos de prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos públicos, lo que podría incrementar las penas potenciales.

En el juicio se reclamarán numerosos testimonios, incluyendo el de González Amador, altos funcionarios y varios periodistas, centrando el caso en las evidencias recopiladas durante la investigación de ocho meses, incluyendo las comunicaciones interceptadas y los testimonios recogidos.

LOS HECHOS FIJADOS POR EL INSTRUCTOR

Según Hurtado, la filtración investigada involucra un correo electrónico enviado por Neira a la Fiscalía, que fue compartido indebidamente, poniendo en riesgo la reputación de la institución y cuestionando sus principios de legalidad e imparcialidad, fundamentales en su función constitucional.