El fiscal general tiene la opción de apelar en el Supremo antes de recurrir al Constitucional

Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, enfrenta la posibilidad de impugnar la sentencia que le impuso el Tribunal Supremo, que incluye dos años de inhabilitación y una sanción económica de aproximadamente 20.000 euros. Esta impugnación se haría a través de un incidente de nulidad ante el mismo Tribunal Supremo, un procedimiento que, aunque rara vez es exitoso, es necesario para poder solicitar amparo ante el Tribunal Constitucional.

Si decide seguir esta ruta, el máximo representante del Ministerio Público podría pedir que la ejecución de la condena se suspenda de manera cautelar mientras se resuelve el recurso contra la decisión.

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia contra García Ortiz por un delito de revelación de secretos, condenándolo a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros, además de ordenarle pagar 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña.

La decisión no ha sido unánime, contando con el apoyo de cinco magistrados y el voto en contra de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo. De hecho, Polo, que era la magistrada ponente, se ha visto en desacuerdo con la decisión, lo que ha llevado a que Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal, redacte la sentencia.

Este tribunal, de tendencia conservadora, ha emitido su veredicto solo una semana después de finalizar un juicio histórico, marcado por ser la primera vez que un fiscal general del Estado ha sido juzgado. Aunque el fallo se ha comunicado ya a las partes interesadas, no tendrá efecto hasta que la sentencia sea formalmente notificada, la cual aún no ha sido redactada.