QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que examine su actual método para recusar a los magistrados, tras la recusación en septiembre del magistrado conservador José María Macías durante las deliberaciones sobre la ley de amnistía, debido a que previamente había emitido opiniones sobre la ley como miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En la Memoria Anual del año 2024, presentada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la inauguración del año judicial presidida por el Rey Felipe VI, se plantea esta propuesta. El documento revela que la recusación de Macías fue un tema ‘no menos conflictiva’ que las objeciones a la ley de amnistía, siendo ‘la primera vez en la historia del Tribunal Constitucional en que el Ministerio Fiscal formuló directamente recusación respecto de uno de sus magistrados’.
Se argumenta que Macías, ‘en el ejercicio de su cargo anterior como vocal del Consejo General del Poder Judicial, había participado en la elaboración y aprobación de dos informes de dicho órgano constitucional que contenían pronunciamientos explícitos acerca de la práctica totalidad de las cuestiones suscitadas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su auto de planteamiento’ de la cuestión de inconstitucionalidad sobre la amnistía. A pesar de haber ‘motivos fundados para subsumir los hechos en los supuestos legales de recusación que se invocaban’, la Fiscalía aprovecha para ‘insistir en la probable conveniencia de que el TC –si no el legislador– revise en profundidad el tratamiento de la recusación aplicada a sus miembros’.
La Fiscalía también menciona en la Memoria el ‘plan de choque’ iniciado por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, para actualizar el proceso de admisión de los recursos de amparo, describiendo esta situación como de ‘incertidumbre evolutiva’ y destacando el impacto en las proyecciones futuras.
Finalmente, se subraya la necesidad de mejorar la coordinación interna y la importancia de que la ciudadanía acceda a información transparente e imparcial sobre las decisiones de la Fiscalía en áreas cruciales como la protección de los derechos fundamentales y la preservación de principios fundamentales de convivencia. Además, se enfatiza la importancia de mantener una relación adecuada con los medios de comunicación, principales enlaces con la opinión pública.
