QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La mayoría de las agrupaciones de jueces y fiscales, exceptuando a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), han iniciado una huelga de tres días –1, 2 y 3 de julio– en oposición a las reformas propuestas por el Gobierno en relación al acceso a sus profesiones y cambios en la Fiscalía. Argumentan que estos cambios constituyen un ataque a la independencia judicial y, por lo tanto, al Estado de Derecho, pese a que Félix Bolaños, ministro de Justicia, ha reafirmado que no se retractará por considerar las reformas ‘imprescindibles’ para actualizar la justicia.
Entidades como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) habían inicialmente organizado un paro de 10 minutos el 11 de junio, seguido de una concentración frente al Tribunal Supremo el sábado anterior. Estas mismas asociaciones decidieron convocar la huelga el 17 de junio, ofreciendo cancelarla si el Gobierno retiraba las reformas, propuesta que fue rechazada por el Ministerio de Justicia en una reunión previa el 4 de junio con el secretario de Estado Manuel Olmedo.
En una carta, Bolaños expresó que las reformas son ‘imprescindibles para abordar los retos de la Justicia del siglo XXI’, y sugirió que las asociaciones ‘participen y colaboren en este proceso activamente’. Además, se encontraron con representantes del grupo socialista en el parlamento, pero las asociaciones consideraron la oferta de ‘mejorar’ el texto durante el trámite parlamentario como insuficiente.
LAS ASOCIACIONES ALERTAN DEL ‘RIESGO DE SELECCIÓN IDEOLÓGICA’
Las asociaciones han expresado preocupación por lo que consideran un ‘riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales’ y una reducción en la calidad del proceso de selección, introduciendo pruebas más subjetivas. Además, critican la intención de ampliar las competencias del fiscal general del Estado sin contrapesos adecuados, manteniendo su nombramiento directo por el Gobierno.
Bolaños, por otra parte, ha descrito las preocupaciones de las asociaciones como ‘infundadas’, y defendió las reformas indicando que cambios significativos anteriores también fueron inicialmente resistidos pero eventualmente aceptados y valorados positivamente.
EL CGPJ AVISA DE QUE LA HUELGA NO TIENE SOPORTE LEGAL
La huelga también ha generado división interna. JJpD y UPF decidieron no participar, y el sector progresista del CGPJ, salvo el vocal Carlos Hugo Preciado, sostiene que los jueces, como parte de uno de los poderes del Estado, no tienen derecho a la huelga. El CGPJ, tras un Pleno extraordinario, concluyó que la huelga carece de base normativa legal.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha indicado que no se establecerán servicios mínimos por parte del Ministerio Público, pero se garantizarán las actuaciones esenciales. Las asociaciones han reafirmado su derecho a la huelga y han establecido servicios mínimos a través del Comité de Huelga para asegurar servicios esenciales.
Las asociaciones evaluarán la situación tras la huelga para decidir los próximos pasos a seguir, dependiendo del apoyo recibido y del progreso de las reformas en el parlamento.
