QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En 2024, 59 sentencias confirmaron que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (Dgaia), ahora conocida como Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infancia i l’Adolescència (Dgppia), concluyó indebidamente expedientes de desamparo de niños migrantes, a quienes se les habían vulnerado sus derechos usando pruebas biométricas para verificar su edad.
Durante una conferencia de prensa en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, Clara Calderó, coautora del informe ‘Abandonament i violència institucional ver les persones migrants: Una anàlisi territorial de vulneració de drets’ y encargada de los proyectos de inmigración de Novact, expuso los hallazgos del estudio, que critica cómo las políticas migratorias fomentan la desprotección sistemática de niños y jóvenes.
El documento analiza tres áreas críticas en las fronteras de Cataluña: las llegadas marítimas a las Islas Baleares, la acogida de menores sin adultos de referencia en Barcelona y el tráfico migratorio en la frontera con Francia.
Calderó reveló que en Cataluña se está expulsando a menores de centros de la Generalitat, dejándolos en la calle a pesar de poseer documentos que prueban su minoría de edad. Los datos del portal de transparencia indican que la cifra de jóvenes clasificados como adultos tras pruebas biométricas se multiplicó por ocho, aumentando de 50 en 2021 a más de 400 en 2024.
La jurista Laia Costa señaló que, según el Tribunal Supremo, un pasaporte sin signos de manipulación es suficiente para certificar la minoría de edad, y criticó que en España se utilicen predominantemente pruebas óseas imprecisas. Costa también destacó las prácticas discriminatorias y el incumplimiento de la ley por parte de la Dgppia y la Fiscalía, que frecuentemente ordenan estas pruebas incluso cuando los menores presentan documentos válidos.
Marta Llonch, abogada del turno de oficio de Barcelona, lamentó que estos menores sean dejados en la calle con sus pertenencias en bolsas de basura y sin alternativas habitacionales, iniciándose un proceso civil prolongado que puede no resolverse antes de que alcancen la mayoría de edad o abandonen el país.
