Irídia ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional con el objetivo de depurar responsabilidades por la lesión craneal sufrida por un manifestante tras el impacto de un proyectil policial el 16 de octubre de 2019 frente a la Conselleria de Interior, en Barcelona, según ha comunicado la propia organización.
Los hechos tuvieron lugar durante las protestas que estallaron después de hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a 12 dirigentes por impulsar el 'procés' independentista en Cataluña el 1 de octubre de 2017.
Según Irídia, la víctima se hallaba junto a un grupo de amigos en una concentración de carácter pacífico en la confluencia del paseo Sant Joan con la calle Diputació de Barcelona.
En torno a las 20 horas, parte de los asistentes comenzó a mover vallas y a lanzar objetos contra el cordón policial situado ante el Institut Sagrat Cor y, como respuesta, agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Nacional efectuaron disparos de proyectiles de foam y balas de goma, de acuerdo con el relato de Irídia.
Uno de estos proyectiles impactó en la cabeza del manifestante, causándole una fractura craneal que requirió una intervención quirúrgica de urgencia y le ha dejado secuelas físicas permanentes, además de posibles consecuencias psicológicas asociadas al episodio.
“NEXO CAUSAL”
En un informe Médico Pericial elaborado por un doctor especialista en traumatología y en valoración del daño se acredita “un nexo causal cierto y directo entre las lesiones sufridas por el paciente y el impacto de una bala de foam” y añade que las heridas son totalmente compatibles con este hecho.
No obstante, Irídia denuncia que tanto la Generalitat de Cataluña como la Administración General del Estado han rehusado aceptar su responsabilidad en lo sucedido y, tras la presentación de dos reclamaciones de responsabilidad patrimonial, cada administración “ha atribuido la culpa a la otra, generando una situación de impunidad inaceptable” y dejando al afectado sin reparación.
En la resolución desestimatoria del Ministerio del Interior, consultada por Europa Press, se sostiene que “en ese momento y lugar no había efectivos de la Policía Nacional” y que los agentes que acudieron en apoyo llegaron cuando ya se habían producido graves alteraciones del orden público y una intervención previa de los Mossos, por lo que rechaza la reclamación de responsabilidad patrimonial.
En términos similares, la Generalitat también eludió asumir responsabilidad, según la resolución consultada por Europa Press, alegando que los Mossos que participaron en esa actuación “No efectuaron ni un solo tiro con lanzadora y el uso de esta herramienta fue estrictamente disuasorio” y que se desconoce si la Policía Nacional, presente en la zona, hizo uso de estos dispositivos.