La defensa de Koldo García ha reclamado este miércoles ante el Tribunal Supremo la absolución del exasesor ministerial, sosteniendo que no intervino en la toma de decisiones ni siquiera en la compra de mascarillas, que “no hay ninguna prueba” de que percibiera supuestas mordidas de 10.000 euros de Víctor de Aldama y que no participó en ninguna organización criminal, una estructura que, según ha recalcado, “sí que tiene” el empresario acusado y señalado como presunto conseguidor.
En su informe final del juicio, la abogada Leticia de la Hoz ha defendido que “Koldo no decidía absolutamente nada, no solo en los contratos de mascarillas. Su papel era llevar la agenda del ministro y hacerle favores, ser su asesor personal”, insistiendo en que su cometido se limitaba a tareas de apoyo y gestión para el entonces titular de Transportes.
La letrada ha subrayado que Koldo era “la persona de confianza” de Ábalos tanto en el Ministerio de Transportes como dentro del PSOE, puesto que “mientras era ministro, era el secretario de Organización” de los socialistas, lo que, a su juicio, explica la cercanía pero no implica participación en delitos.
Según De la Hoz, “y en ese rol de hombre para todo”, el exasesor, “como mucho sería un cooperador no necesario, perfectamente sustituible”, remarcando que “no está integrado en ninguna organización criminal” y que no se dan los elementos exigidos para atribuirle ese delito.
La defensa ha recalcado igualmente que “no hay ninguna prueba objetiva acreditada, ningún seguimiento, ninguna foto” que demuestre que Koldo recibiera pagos periódicos del empresario, rechazando que la anotación intervenida “K10.000” haga referencia al exasesor o a supuestos cobros mensuales.
Para su abogada, de los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil “se puede ver que Aldama sí que tiene una organización criminal, consigo mismo o con una serie de actores”, socios suyos que han comparecido ante el tribunal como testigos pero que “no han abierto la boca, se han acogido a su derecho a no declarar”, lo que, según la defensa, refuerza la tesis de que el núcleo de la trama se sitúa en torno al empresario.
“La propia UCO considera como el jefe de la organización criminal, en la cabeza”, ha señalado De la Hoz, antes de rememorar que, cuando los agentes investigadores declararon en la vista oral, “hicieron incluso un gesto así, una pirámide, donde colocaron a Aldama”, situándole en la cúspide del entramado presuntamente delictivo.
En cuanto a las peticiones de pena, la Fiscalía Anticorrupción mantiene su solicitud de 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama, al aplicarle a este último la atenuante de confesión. Por su lado, las acusaciones populares encabezadas por el PP reclaman 30 años de cárcel tanto para el exministro como para su antiguo asesor, mientras que para el empresario piden en torno a cinco años de privación de libertad.