La Generalitat Valenciana ha reclamado a la magistrada que instruye las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, en la Playa de San Juan de Alicante, que admita su personación como acusación particular en el proceso penal. El ejecutivo autonómico, gobernado por el PP, pretende “no ser un mero testigo del proceso penal” y “poder intervenir activamente como parte procesal afectada”.
Esa solicitud consta en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, remitido al Juzgado de Instrucción de la plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante. El documento, fechado el 27 de abril de 2026, está suscrito por el abogado coordinador de la Generalitat.
En el texto, el letrado plantea “la personación en las diligencias previas” con el objetivo de “defender los intereses de la Generalitat en el procedimiento judicial que se está tramitando”, una vez que la Abogacía General de la Generalitat ha obtenido “autorización para el ejercicio de acciones”.
Esa autorización, a la que igualmente ha tenido acceso Europa Press y que firma el 24 de abril de 2026 la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, recoge una relación cronológica de las gestiones realizadas por la administración autonómica en los últimos meses.
En primer término, se detalla que “el pasado día 30 de enero de 2026” el secretario territorial adjunto de Vivienda de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad remitió “informe dirigido a la Dirección General de Planificación y Políticas de Vivienda referido al expediente de calificación definitiva” de estas VPP “de promoción privada”, “con fecha de calificación definitiva 14 de julio de 2025, acogida al Decreto 68/2023, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el reglamento de vivienda de protección pública y régimen jurídico de patrimonio público de vivienda y suelo de la Generalitat”.
En ese documento se hace constar que “en el mencionado informe se hace constar que todas las personas que han accedido a las viviendas integrantes de la citada promoción, y respecto de las cuales el Servicio Territorial de Vivienda de Alicante ha expedido el correspondiente visado del contrato de compraventa, cumplen con la totalidad de los requisitos de acceso establecidos en la normativa de aplicación, y en particular los previstos en el citado Decreto 68/2023 y en el Decreto 180/2024, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunidad Valenciana”.
Además, se recoge que “el mismo día 30 de enero de 2026” se envió al secretario territorial adjunto de Vivienda de Alicante un “escrito de la Secretaría Autonómica de Vivienda” en el que se reclamó “informe detallado del expediente” de la promoción de Les Naus. En ese informe debía figurar el “número de viviendas que conforman la promoción calificada”, la “acreditación documental del cumplimiento de los requisitos legales por los beneficiarios para el acceso” a los inmuebles, la “acreditación del correcto cumplimiento del procedimiento preceptivo para el otorgamiento de los visados de contrato realizado por el servicio territorial, es decir, si por el técnico asignado se han realizado las comprobaciones preceptivas y emitido los informes necesarios”, así como la “identificación de las personas intervinientes en el expediente de referencia” y “cualquier otro extremo que desde ese servicio territorial” se estimara “necesario para determinar el inicio del expediente administrativo correspondiente”.
Funcionario investigado y expediente disciplinario
En relación con estas actuaciones, se indica que “el 2 de febrero de 2026” llegó a la Conselleria “un primer informe” del secretario territorial adjunto de Vivienda de Alicante, en el que se ponía de relieve “un informe sobre el visado” de una de las VPP.
La vivienda citada es la correspondiente a la mujer que trabaja como arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante y que es pareja del funcionario de la Conselleria expedientado —suspendido de empleo y sueldo— por los visados de la promoción.
Ese técnico de la administración autonómica y su pareja se encuentran entre las 15 personas investigadas en el juzgado: él está llamado a declarar el 20 de mayo como “jefe de la Sección de Vivienda Protegida” y ella el 5 de junio como beneficiaria. Un responsable de Vivienda declaró como testigo ante la jueza que el funcionario le manifestó “lo siento, la he cagado y asumiré todas las responsabilidades”, según fuentes conocedoras de la comparecencia.
En el escrito ahora conocido se explica que se elevó al subsecretario de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad una “propuesta de incoación de expediente disciplinario sobre el meritado expediente”. Finalmente, se abrió expediente disciplinario al funcionario “por la presunta comisión de faltas muy graves”.
Igualmente, se subraya que “el 3 de febrero de 2026” el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, trasladó a la Fiscalía “la posible comisión de diversos delitos”.
Posteriormente, se señala que “el 31 de marzo de 2026”, y “habiendo tenido conocimiento” de que el juzgado “tiene abiertas diligencias previas”, se acordó “la suspensión de la tramitación del expediente disciplinario” a ese empleado público “hasta que se produzca un pronunciamiento por el órgano judicial correspondiente respecto de los hechos que motivaron la apertura de las diligencias previas”, además de “levantar la medida cautelar de suspensión de funciones acordada en el expediente disciplinario”.
Sobre este punto, desde la Generalitat se ha explicado recientemente que el funcionario ha regresado a su puesto, dado que, al existir una “investigación penal se tiene que interrumpir esa causa administrativa”, aunque no retomará funciones vinculadas al visado de viviendas, tal y como precisó el ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
Personación “en calidad de acusación y perjudicado”
En la autorización remitida a la Abogacía de la Generalitat se expone: “En el marco del procedimiento de diligencias previas, se han practicado actuaciones de declaración de testigos y está prevista la declaración de nuevos testigos, así como de varias personas en calidad de investigados, tal como hemos podido conocer a través de los medios de comunicación”.
Asimismo, se añade que, “tras todo lo expuesto, y entendiendo que, habiéndose iniciado el procedimiento de diligencias previas a partir de la denuncia de hechos remitida al ministerio fiscal, y con la finalidad de no ser un mero testigo del proceso penal, y poder intervenir activamente como parte procesal afectada, se ha llegado a la conclusión de la necesidad de que la Generalitat se persone en el citado procedimiento judicial en calidad de acusación y perjudicado”.
Próximas declaraciones en el juzgado
En esta causa hay citadas como investigadas 15 personas. Entre ellas figuran la exconcejal de Urbanismo del PP Rocío Gómez y la exdirectora general municipal y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman.
También están imputados varios funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y de la Conselleria de Vivienda, además de diez adjudicatarios de las VPP y, por parte de Fraorgi, empresa gestora de la cooperativa promotora del complejo, su administrador único.
Para este viernes, 8 de mayo, están convocadas a declarar como testigos siete personas. Por parte del consistorio, acudirán la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial, un técnico de ese departamento y el arquitecto jefe del Departamento Técnico de Control de Obras.
En representación de la Conselleria, están citados el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez, la jefa de Sección de Emergencia Habitacional, una técnica en Arquitectura y otra de gestión de Administración General.