QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La asociación Manos Limpias ha instado al magistrado Rubén Rus, responsable del ‘caso Montoro’ en Tarragona, a mover la investigación hacia los tribunales madrileños, una solicitud que coincide con la previamente realizada por el despacho Equipo Económico, implicado en la supuesta red de favores políticos durante la gestión de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda.
En un documento al que ha tenido acceso Europa Press, Manos Limpias argumenta que “todos los hechos objeto de la presente instrucción”, que estuvieron bajo secreto durante siete años, “tuvieron lugar en la villa de Madrid”. Por esta razón, sostienen que la instrucción del caso debería recaer en los juzgados de la capital española.
“Así las cosas, debe el juzgado acordar la inhibición en favor de los juzgados de instrucción de Madrid”, enfatizan, utilizando una formulación parecida a la de Equipo Económico, quienes alegaron que las actividades investigadas “tuvieron lugar en Madrid”, ya sea en su sede, en la de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) o en las instalaciones de Hacienda.
Equipo Económico, en un escrito de septiembre al que también tuvo acceso esta agencia, mencionó que las reuniones y encuentros con la asociación de empresas gasísticas “se producían en Madrid, donde se ubican las sedes de ambas entidades”.
“Y también era en Madrid donde en alguna ocasión se reunieron representantes de AFGIM con funcionarios del Ministerio de Hacienda para presentar sus propuestas legislativas en defensa de las empresas asociadas”, añadieron, para recalcar que, “en el hipotético caso de que tales actos fueran constitutivos de delito”, que en su opinión “en absoluto lo son”, se habrían planeado y ejecutado en la capital, por lo que la competencia de la causa “le corresponde a los Juzgados de Instrucción del partido judicial de Madrid”, solicitando al juez de Tarragona que “se declare incompetente”.
Subrayaron que “parece obvio que se habrían cometido en Madrid, donde estaban los funcionarios supuestamente corrompidos y las entidades presuntamente corruptoras. Además, es en Madrid donde se llevan a cabo las reuniones, los contactos, los informes, los trabajos y las propuestas legislativas que finalmente se aprueban por las Cortes Generales, también ubicadas en Madrid”, argumentaron, señalando que “la única conexión con Tarragona es el irregular inicio de la presente causa –a partir de un hallazgo ‘casual’ investigado fuera de toda legalidad–”, refiriéndose a una serie de correos electrónicos incautados en otra causa, en la sede de una de las gasísticas investigadas, uno de los cuales mencionaba que, para obtener favores, “la vía más directa, como siempre, es pagar a Equipo Económico, que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”.
