El Sindicato Manos Limpias ha remitido un escrito al Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, encargado de la investigación del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que el domingo 18 de enero murieron 46 personas y resultaron heridas más de 120, para notificar que renuncia a continuar como acusación popular ante “el inmenso” número de personaciones existentes en la causa, además de la del Ministerio Fiscal.
En dicho documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el sindicato señala que “el proceso tiene las suficientes garantías” con las acusaciones populares ya personadas y pide al juzgado que acepte su desistimiento y ordene la devolución de la fianza de 3.000 euros.
La jueza dictó hace menos de un mes varias providencias en las que instaba tanto a las acusaciones particulares, que ascienden a 142, como a las acusaciones populares, un total de seis, a que, en el plazo de 15 días, procedieran a “unificarse bajo una sola representación y dirección letrada, designando al efecto procurador y letrado comunes, con indicación expresa de quien asumirá la representación unificada”.
Asimismo, advertía expresamente a dichas acusaciones particulares de que, si transcurría el plazo fijado sin acuerdo, “este órgano judicial procederá a su unificación de oficio”, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En una providencia posterior, fechada el 23 de abril, el juzgado precisaba que “a fin de salvaguardar el principio de contradicción, la igualdad de las partes personadas y la adecuada ordenación del procedimiento”, se acordaba ofrecer a las partes personadas la posibilidad de formular las alegaciones que “estimen pertinentes en relación a la procedencia y alcance de la unificación interesada” en un plazo de diez días.
Igualmente, se suspendió el cómputo del plazo de 15 días, que “quedará en suspenso hasta en tanto en cuanto recaiga resolución resolviendo sobre la cuestión de la unificación una vez formuladas las alegaciones, reanudándose el cómputo una vez se dicte la oportuna resolución, y sin perjuicio de que a la vista de lo resuelto se pueda dejar sin efecto o modificar la providencia del día 22 de abril”.
Alegaciones contra la unificación de las acusaciones
En este contexto, varias partes personadas en el procedimiento han registrado escritos de oposición, entre ellas la representación procesal de la familia Morillo, afectada por el fallecimiento de Mario Jara Morillo en el accidente, que presentó ante el Tribunal de Instancia de Montoro un recurso de reforma en defensa de “la libre elección de abogado frente a la unificación impuesta”.
Según expuso la dirección letrada, encabezada por Luis Romero Santos, abogado penalista y Doctor en Derecho, se produce “vulneración de derechos fundamentales”, al entender que “la medida judicial vulnera el artículo 24 de la Constitución Española, en su vertiente de tutela judicial efectiva y derecho de defensa, al restringir la facultad de las víctimas de elegir libremente a su abogado”.
En la misma línea, subrayaron que “la imposición de una dirección letrada única supone una restricción directa de este derecho fundamental, al obligar a las perjudicadas a someter su estrategia procesal a un letrado no elegido por ellas”.