La Audiencia Provincial de Madrid ha emitido una orden de búsqueda y detención contra Ana María O., considerada la principal responsable de una supuesta macroestafa relacionada con viajes y paquetes VIP para asistir a pruebas del campeonato del mundo de MotoGP.
La incomparecencia de la principal procesada en el inicio del juicio oral esta semana llevó al tribunal a acordar su localización y arresto, con el fin de asegurar que esté presente durante todo el procedimiento penal. Su pareja, igualmente acusado en la causa, está citado para declarar el próximo miércoles.
Durante años, Ana María O. habría cultivado una imagen de empresaria triunfadora, rodeada de contactos influyentes, reuniones selectas y elevados volúmenes de negocio. Aseguraban tener relación directa con la familia Hidalgo, propietaria de Globalia, y con Dorna Sports, organizadora del Mundial de MotoGP. También afirmaban mover cifras millonarias y operar a gran escala desde su agencia Aupa Travel S.L.
En la vista oral han declarado esta semana varios afectados, entre ellos representantes de compañías y clientes particulares que sostienen haber entregado importantes sumas de dinero a Aupa Travel S.L., convencidos de que contrataban paquetes exclusivos para acudir a circuitos internacionales como Silverstone, en Inglaterra, o Misano, en Italia.
La Fiscalía de Madrid pide nueve años de cárcel para Ana María O. y siete para su pareja, Eduardo, al entender que ambos diseñaron “un entramado para captar clientes utilizando una falsa imagen de solvencia empresarial y supuestos vínculos con grandes compañías del sector turístico y del motociclismo”.
En la primera sesión del juicio declaró el administrador único de dos de las mercantiles perjudicadas, quien relató ante el tribunal que llegó a desembolsar más de 500.000 euros por distintos viajes destinados a su cartera de clientes.
Según explicó, conoció a Ana María y a su marido en 2019 gracias a un sobrino y empezó a coincidir con ellos en reuniones familiares. En esos encuentros, la pareja presumía de mantener una relación directa con la familia Hidalgo, propietaria de Globalia, y con Dorna Sports, organizadora del campeonato de MotoGP.
Los paquetes ofertados incluían entradas para grandes premios internacionales, vuelos, estancias en hoteles y seguros de cancelación que se presentaban como respaldados por AXA Seguros. Incluso, según su testimonio, recibieron documentación con sellos de Globalia que reforzaban la apariencia de legalidad del negocio.
No obstante, los viajes nunca llegaron a materializarse y las cantidades abonadas tampoco fueron reintegradas. Los afectados obtuvieron después certificados de deuda, pero en ningún caso recuperaron el dinero entregado.
Una supuesta trama aprovechando la cancelación de eventos
La investigación apunta a que la pareja habría sacado partido de las cancelaciones ocasionadas por la pandemia en 2020 para seguir captando fondos de las víctimas.
Según el escrito de acusación, tras suspenderse los campeonatos, Ana María O. trasladó a los clientes que iniciaría gestiones con las compañías aseguradoras para recuperar el dinero pagado. Pero, antes de hacerlo, les reclamó nuevos ingresos bajo conceptos como “gastos de cancelación”, “timbres” o incluso pagos vinculados con el “Banco de España”. Algunos damnificados llegaron a abonar además supuestos importes de IRPF para poder desbloquear las indemnizaciones.
El Ministerio Público entiende que todo respondía a una estrategia dirigida a seguir obteniendo fondos, aun cuando los acusados eran conscientes de que no iban a reintegrar las cantidades cobradas.
Más de 730.000 euros reclamados
La Fiscalía sostiene que la sociedad Aupa Travel S.L., administrada formalmente por Eduardo y propiedad de Ana María O., aparentó disponer de una estructura empresarial sólida y de acuerdos inexistentes con grandes compañías del sector. Entre los perjudicados se encuentran dos sociedades mercantiles y cuatro particulares, que habrían entregado en conjunto más de 730.000 euros.
Además de las penas de prisión, la acusación pública reclama para la mercantil una multa cercana a 2,9 millones de euros y solicita que los procesados indemnicen a todos los afectados por las cantidades que habrían sido supuestamente defraudadas.