El perito del caso Plus Ultra insiste en el Senado: la aerolínea “no cumplía los requisitos” del rescate de 53 millones

El experto judicial afirma que las cuentas “se maquillaron” y cuestiona la viabilidad del préstamo concedido durante la pandemia

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El presidente de Martín Molina Abogados y Economistas, Pedro Martín Molina, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la gestión de la SEPI, en el Senado. Gustavo Valiente - Europa Press

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El perito judicial independiente Pedro Martín Molina, autor del informe clave en 2021 sobre la aerolínea Plus Ultra, reafirmó este jueves en el Senado que la compañía “no cumplía con los requisitos” para recibir el rescate público de 53 millones de euros aprobado durante la pandemia.

En su comparecencia ante la comisión que investiga la gestión de la SEPI, el experto insistió en que la empresa se encontraba en situación de insolvencia y no reunía las condiciones exigidas ni por el Gobierno ni por la normativa europea para acceder al Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas.

“Se maquillaron” las cuentas de la aerolínea

Uno de los puntos más contundentes de su intervención fue la afirmación de que las cuentas de la compañía fueron alteradas.

El perito señaló que “se maquillaron” los estados financieros, mediante cambios de criterios contables que, según defendió, no serían admisibles según el plan general de contabilidad.

Además, indicó que se detectaron movimientos de fondos hacia una sociedad ajena a la actividad aérea y ubicada en un paraíso fiscal, aunque matizó que el rastreo completo del dinero no formaba parte de su encargo.

Dudas sobre la viabilidad del rescate

Martín Molina cuestionó también la viabilidad del plan de pagos de la aerolínea, calificando de “inviable” la capacidad de la empresa para devolver el préstamo concedido.

Según su análisis, el rescate solo podría justificarse si existieran motivos no estrictamente económicos, una afirmación que añade presión al debate político y judicial sobre la operación.

Un procedimiento bajo escrutinio

Durante su comparecencia, el perito expresó su sorpresa por el desarrollo del procedimiento judicial que permitió desbloquear parte del rescate.

Recordó que, mientras la jueza instructora se encontraba de vacaciones, el magistrado sustituto autorizó la liberación de los 34 millones de euros restantes, que habían sido inicialmente bloqueados de forma cautelar.

El pago se efectuó finalmente el 30 de julio de 2021, lo que ha generado controversia en torno a la tramitación del expediente.