El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Manuel Morocho, principal investigador del caso Caso Gürtel, ha declarado ante la Audiencia Nacional que detectó la existencia de una “operación policial sin autorización judicial” relacionada con el extesorero del PP Luis Bárcenas.
Según su testimonio, aquella actuación no solo se habría realizado al margen del juez instructor, sino que además formaba parte de un contexto más amplio de interferencias internas en la investigación.
Uno de los puntos más relevantes de su declaración ha sido la afirmación de que recibió presiones directas para excluir al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy de los informes policiales sobre los llamados “Papeles de Bárcenas”.
Morocho ha sostenido que esas indicaciones fueron transmitidas en reuniones internas, donde se le habría insistido en que ciertos nombres no debían figurar en los documentos elaborados por la UDEF.
El inspector ha señalado que estas interferencias afectaron a la elaboración de informes clave sobre la presunta contabilidad paralela del partido.
Una “cesión de información” irregular desde la cúpula policial
Durante su comparecencia, el investigador ha relatado que en 2015 recibió una comunicación interna en la que la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional le trasladó información sobre Bárcenas.
Esa documentación incluía datos sobre teléfonos, sociedades, vehículos y personas vinculadas al extesorero, algo que, según Morocho, no tenía relación directa con la investigación de Gürtel y cuya transferencia no habría seguido los cauces habituales.
El inspector ha subrayado que la investigación de su unidad era secreta y que este tipo de intercambio de datos no respetaba la metodología establecida.
“Maniobras para torpedear la investigación”
Morocho ha descrito un entorno de trabajo marcado por lo que ha calificado como “maniobras para torpedear la investigación”, lo que obligó a extremar la prudencia en la elaboración de informes.
Ha explicado que muchos documentos se retrasaban, se cuestionaban sus conclusiones y se ponía en duda la existencia misma de una posible contabilidad irregular.
En sus palabras, existía la necesidad de trabajar con “bases sólidas para evitar la nulidad de pruebas”, lo que ralentizaba el avance del procedimiento.
Presiones internas
El inspector también ha denunciado un clima interno de hostilidad, señalando que llegó a ser descrito en la comisaría como la “bestia negra del Partido Popular”, lo que generó un entorno profesional incómodo.
Además, ha relatado intentos de apartarlo de la investigación mediante escritos que cuestionaban su imparcialidad, así como críticas a su trabajo por la inclusión de determinados nombres en los informes policiales.
En uno de los episodios más llamativos, ha afirmado que se le llegó a advertir de que había cometido un “grave error” por incluir referencias a familiares de dirigentes políticos en documentos internos.