PSOE y Más Madrid han solicitado cinco años de prisión para Alberto González Amador, quien es pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en relación a un presunto fraude fiscal durante los años 2020 y 2021, incluyendo en la acusación dos delitos adicionales a los que ya estaban siendo investigados por la jueza Inmaculada Iglesias.
Según las conclusiones provisionales a las que tuvo acceso Europa Press, se acusa a González Amador de dos delitos contra la Hacienda Pública, un delito contable, otro de falsificación y un quinto delito por pertenencia a grupo criminal.
Esta petición ocurre en la etapa intermedia del juicio tras la decisión de la jueza de proseguir con el proceso por los trámites del procedimiento abreviado. Esta solicitud se añade a las ya existentes de la Abogacía del Estado y la Fiscalía de Madrid que juntas suman tres años y medio de prisión.
El acusado presuntamente se benefició económicamente de la pandemia del Covid-19, incrementando significativamente los ingresos de la empresa Maxwell gracias a las facturas emitidas a FCS, lo que resultó en un aumento del 551,28% en un solo año, de 357.773,87 euros en 2019 a 2.330.111,85 euros en 2023.
FRAUDE FISCAL
Después de haber lucrado en la compraventa de material sanitario durante la pandemia, se alega que González Amador diseñó un sistema para eludir el pago de impuestos sobre los considerables beneficios obtenidos. Si bien en 2019 el acusado pagó a Hacienda el 1,92% del importe neto de su cifra de negocio, en 2020 solo ingresó el 0,12% de dicho importe a la Hacienda Pública.
En 2021, aunque Maxwell no tuvo ingresos por intermediación en material sanitario, su facturación ordinaria aumentó significativamente, especialmente por las operaciones con su principal cliente, Quirón Prevención.
DELITOS POR LOS QUE DEBE SER CONDENADO
La acusación destaca que se deben considerar dos delitos contra la Hacienda Pública por los ejercicios 2020 y 2021 de Maxwell, además de un delito continuado contable por anotaciones ficticias en los libros y un delito continuado de falsedad en documento mercantil por el uso de facturas totalmente falsas. También se le imputa un delito de pertenencia a grupo criminal al demostrarse la existencia de un entramado de sociedades dirigido por González Amador.
DENUNCIA DE LA FISCALÍA
Las investigaciones iniciaron a partir de una denuncia del Ministerio Fiscal sobre los indicios delictivos relacionados con el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021. Aunque González Amador se negó a declarar inicialmente, posteriormente documentó sus ingresos de Quirón Prevención ante la jueza, negando cualquier ocultación.
La denuncia de la Fiscalía se basó en un informe de la Agencia Tributaria que reveló «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades» con el objetivo de reducir la cantidad a ingresar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021.