La Fiscalía Anticorrupción ha propuesto al magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, encarcelar al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos de manera provisional, al estimar que ahora existe un claro riesgo de fuga, dado que podría enfrentarse a una pena de hasta 30 años por presuntas irregularidades en la asignación de contratos públicos para la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
De acuerdo con fuentes judiciales referidas por Europa Press, tanto el responsable de Anticorrupción, Alejandro Luzón, como las acusaciones populares encabezadas por el PP, han instado al juez a que ordene el ingreso en prisión de Ábalos sin opción a fianza. Esto marcaría un precedente al ser el primer diputado en activo que entraría en prisión provisional.
Durante una revisión de las medidas cautelares contra Ábalos y su antiguo asesor ministerial, Koldo García, que incluían la prohibición de salir del país y la entrega del pasaporte, además de presentarse cada quince días ante la autoridad judicial, se planteó esta solicitud. La Fiscalía, que hasta ahora había evitado pedir el encarcelamiento, cambió su postura recientemente, mientras que las acusaciones ya lo habían solicitado en una vistilla previa.
El pasado 3 de noviembre, Puente propuso llevar a juicio a Ábalos, Koldo y a Víctor de Aldama, supuesto intermediario de la trama, por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicar contratos a Soluciones de Gestión, relacionada con el empresario, para el suministro de material sanitario en el contexto de la crisis del Covid-19.
La Fiscalía solicita para Ábalos una pena de 24 años de prisión y para Koldo, 19 años y medio, por delitos como pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada, además de una multa de aproximadamente 3,9 millones de euros. Las acusaciones populares piden hasta 30 años de cárcel para ambos, añadiendo los delitos de prevaricación y falsedad documental.
Asimismo, tanto la Fiscalía como las acusaciones han pedido 7 años de prisión para Aldama, reduciendo la pena por su ‘confesión’, que ayudó a revelar la supuesta red de adjudicación irregular liderada por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.











