La Fiscalía pide al Supremo absolver a García Ortiz del cargo de revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso

Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo y segunda autoridad del Ministerio Público, ha solicitado al máximo órgano judicial que exonere al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelar secretos de Alberto González Amador, compañero sentimental de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

‘Al no ser los hechos constitutivos de delito, procede la libre absolución con todos los pronunciamientos a ella inherentes’, ha declarado Sánchez Conde en su petición formal.

Además, la fiscal pide que González Amador, junto con el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y el abogado Carlos Neira, testifiquen en el próximo juicio contra García Ortiz. Se ha solicitado también la comparecencia de Almudena Lastra, Julián Salto, Pilar Rodríguez y varios periodistas como testigos.

La Fiscalía alega que el 13 de marzo de 2024, el jefe de gabinete informó a ‘múltiples periodistas’ de un supuesto acuerdo ofrecido a González Amador por delitos fiscales, que fue bloqueado por órdenes superiores antes de su aceptación. Este hecho fue seguido por publicaciones que atribuían a la Fiscalía un proceder irregular y sin fundamento legal, generando un daño en su imagen.

Tras estos eventos, la fiscal superior de Madrid, tras consultar con García Ortiz, confirmó que no existió tal oferta de acuerdo. ‘Fue a instancias del fiscal general del Estado’, se afirma, que el 14 de marzo de 2024, la Fiscalía de Madrid emitió un comunicado desmintiendo las acusaciones y reafirmando la correcta actuación del fiscal a cargo del caso.

Se concluye que ‘ninguna intervención puede atribuirse al fiscal general del Estado en la divulgación de los correos electrónicos‘ intercambiados entre Salto y Neira, y que la información en ellos ya era conocida por terceros antes de ser oficialmente reconocida por García Ortiz.

García Ortiz enfrenta una posible condena de hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación, según la acusación popular representada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que le imputa un delito de prevaricación junto con uno continuado de revelación de secretos.